La pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel escaló hasta el Congreso en la previa de una sesión clave por la reforma de la Ley de Tierras. Mientras el oficialismo intenta reunir los votos para avanzar con un proyecto que profundiza la extranjerización del territorio, sectores cercanos a la Casa Rosada analizan mecanismos para impedir que la vicepresidenta presida la sesión y pueda definir una eventual votación empatada. La disputa vuelve a exponer una feroz crisis dentro del Gobierno, atravesada por intereses políticos, pero también por el avance de una agenda de entrega de la soberanía nacional.
Una pelea por el poder… y por la tierra
La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel atraviesa su momento más crítico. Después de semanas de acusaciones públicas, denuncias y cuestionamientos cruzados, la disputa llegó al Senado, donde el oficialismo busca aprobar la reforma de la Ley de Tierras impulsada por Patricia Bullrich.
Según trascendió, en la Casa Rosada existe preocupación por el rol que podría desempeñar Villarruel durante la sesión. La vicepresidenta mantiene diferencias con el Presidente y ya tomó decisiones que incomodaron al Ejecutivo, como habilitar la participación virtual de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo avanzado. En ese contexto, dirigentes oficialistas analizan alternativas reglamentarias para evitar que Villarruel pueda intervenir en una definición ajustada.
Aunque la disputa aparece presentada como un nuevo capítulo de la interna libertaria, el trasfondo es mucho más profundo. Lo que está en juego es una reforma que flexibiliza los límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros y que, pese a las modificaciones anunciadas por el Gobierno para captar aliados, mantiene el objetivo de ampliar la extranjerización del territorio argentino. El debate excede ampliamente la pelea entre Milei y Villarruel. Ambos integran un mismo proyecto político que impulsa privatizaciones, apertura irrestricta al capital extranjero y la cesión de recursos estratégicos. Las diferencias que hoy exhiben no modifican ese rumbo de fondo.
La discusión sobre la Ley de Tierras involucra recursos naturales, agua, minerales, producción de alimentos y soberanía territorial. Sin embargo, el oficialismo la reduce a una negociación parlamentaria atravesada por disputas personales y maniobras reglamentarias para garantizar los votos necesarios.
Mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en resolver su propia crisis interna, millones de trabajadores siguen enfrentando salarios deteriorados, despidos y una creciente precarización laboral.
La prioridad no debería ser cuál de las dos figuras del oficialismo impone su posición en el Senado, sino impedir que avance una reforma que profundiza la entrega del territorio nacional al gran capital. La defensa de la tierra, de los bienes comunes y de la soberanía no puede quedar subordinada a las disputas de una coalición que, más allá de sus fracturas, comparte un mismo programa económico al servicio de los grandes grupos empresarios y financieros.
