Después de casi dos meses de juicio, llegó la sentencia a quienes violaron en grupo a Paula Martínez en 2016: Diego Domínguez, Gonzalo Sandoval, Guillermo Chávez, Mauro Nair Goncalves (prófugo durante cinco años) y Gustavo Carbonel.
Veinte años de cárcel efectiva para sus violadores
El fiscal Claudio Pelayo pidió 25 años para los tres primeros y 24 para Carbonel por privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Mauro Goncalves tendrá un juicio aparte.
Los jueces a cargo de ese dictamen fueron Andrea Calaza, Alberto Ojeda y Pablo Pérez Marcote del Tribunal Oral 4 de Quilmes.
El mediodía frío del martes se fue templando en las puertas del tribunal bajo el cancionero que con las compañeras y compañeros de Juntas y a la Izquierda y el MST hacíamos resonar en toda la cuadra. “…vos no nos callas, vamos a luchar, si no hay condena…es impunidad…” mientras del otro lado de una valla de la policía local, sobre la avenida Irigoyen, las parientes de los acusados pedían por su libertad. Asesoradas por el abogado derechista Roberto Damboriana, insistían con el único argumento de la defensa: el estilo de vida de Paula, y el “hembrismo” que por cuestiones “políticas” tiñeron el proceso por el cual los “chicos inocentes” podían ir presos.
El propio Damboriana, por otro lado, ridículamente, se vende como defensor acérrimo de la pelea de género en el espacio político del partido Republicano Federal, que lidera Guillermo Moreno.
Cerca de las cuatro de la tarde, la mamá de Paula, Sandra Zapata, junto con la abogada Romina Doncel salieron del edificio con lágrimas y gritos: el veredicto fue de 20 años para Diego Domínguez que ejercía como guardia comunal de la municipalidad de Florencio Varela, y para Guillermo Chávez. Para Carbonel y Sandoval fueron 19 años de prisión. Goncálves tendrá juicio aparte; su fuga y ADN positivo ameritan la deriva.
El caso
Los hechos sucedieron en el barrio General Belgrano de Florencio Varela en 2016. Paula fue invitada con insistencia por una vecina a una fiesta donde luego de narcotizarla fue llevada a otro domicilio. Allí fue violentada y abusada por más de cinco hombres.
En su denuncia de ese año ella relató que recordaba a los mencionados, pero que también había otras siluetas que no lograba individualizar. En los análisis de laboratorio se comprobó esto, ya que aparecieron otros tipos de ADN sin identificar.
Desde ese momento y aún más, luego de la denuncia de Paula ante el secretario de la entonces fiscal Claudia Brezovec, Gustavo Rodríguez que le dijo que “no creían en esa denuncia” su vida y la de su familia fue un infierno. Con el agravante de que los familiares de los agresores son sus vecinos y recibió de parte de ellos, insultos, amenazas a diario y hasta emulaciones de tiroteos a su vivienda.
Pero Paula y Sandra no se dejaron amedrentar y con la colaboración de Romina Doncel, coordinadora de asistencia Integral a sobrevivientes de la Fundación Micaela y el acompañamiento de agrupaciones feministas entre las que participamos con Juntas y a la Izquierda, se inició una larga peripecia de exigencia de juicio y castigo a los responsables. En las calles, en los medios de comunicación, en las redes.
Los primeros años pasaron y la pandemia hizo lo propio dejando a Paula a merced de un trauma del que le fue imposible recuperarse. Aún con tratamiento, se seguía lastimando. Hasta que en diciembre del año pasado apareció muerta en su domicilio en un supuesto caso de suicidio que por sus características, sifue despertando la lógica sospecha de sus familiares y abogados. Lo que probablemente sea investigado en una causa aparte, pero que sin duda alguna es una consecuencia directa del accionar de sus agresores, dado el constante hostigamiento en los alrededores de su domicilio, con perimetrales que los acusados no respetaron, la pérdida de su trabajo, sus anhelos para un futuro rotos.
No es personal. Es social y político
El sistema capitalista se retroalimenta bajo la égida del patriarcado inmerso en la mayoría de las instituciones; mucho más fuerte en aquellas que gestionan la fuerza pública y la justicia. Cierto es que luego de las batallas que el colectivo de género dio en las calles finalmente algo tuvo que modificarse. Leyes como la de Micaela, la pelea por la perspectiva de género en los juicios, son el producto de la organización y la movilización de los distintos colectivos de lucha feminista.
Todavía hay mucho camino que recorrer. La implementación efectiva de la Educación Sexual Integral es una de las pocas garantías de que la pedagogía y la cultura de la violación, de los vínculos asimétricos, posesivos, machistas y misóginos empiecen a transformarse. En las barriadas, la violencia de género y el abuso sexual recrudecen al profundizarse la crisis económica y social.
El nicho comercial de la trata de personas con fines sexuales genera millones, y la descomposición institucional conocida de las comisarías y el poder político- judicial son terreno fértil para su desarrollo. Y el estado pintó ministerios de cartón sin un peso que no son garantía de nada.
Seguir organizadas, en formación y movilizadas seguirá siendo nuestra batalla. Para que no haya ninguna Paulita más.
Porque vivas, libres y felices nos queremos.
Diana Thom