La justicia federal avanzó en la investigación sobre el manejo de los fondos públicos al imputar formalmente a Demian Reidel, el economista cercano a Javier Milei que presidió la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
El fiscal Ramiro González impulsó esta causa tras detectar una serie de consumos escandalosos realizados con la tarjeta corporativa de la firma, los cuales incluyen gastos en discotecas de Madrid, servicios de playa en Valencia y compras de lujo en diversas partes del mundo. Esta imputación por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos se convierte en un eslabón más de una cadena de irregularidades que exponen la verdadera cara de una gestión que llegó al poder con la promesa de terminar con los privilegios. Mientras el gobierno aplica un ajuste brutal sobre los salarios de los trabajadores y las jubilaciones, sus propios funcionarios encontraron en el Estado un botín para financiar una vida de lujos y placeres privados.
Los detalles de la investigación judicial son verdaderamente obscenos para una sociedad que realiza sacrificios para llegar a fin de mes. La documentación que analiza el fiscal González revela que bajo la gestión de Reidel se utilizaron fondos públicos para pagar cuentas en peluquerías madrileñas como S Bossi Peluqueros y consumos en el pub El Pirata o en discotecas registradas bajo la firma Amadis. También figuran gastos en free shops de aeropuertos internacionales por miles de dólares y estadías en hoteles de cinco estrellas en ciudades como Singapur, Viena, Zúrich y Miami.
Aunque el exfuncionario intente despegarse de estos movimientos mediante posteos en redes sociales, la justicia busca determinar quiénes fueron los usuarios de cada extensión de la tarjeta y cuál fue su vínculo real con los gastos personales detectados.
La descomposición de un relato libertario que se ahoga en la corrupción
El caso de Nucleoeléctrica funciona como un espejo del escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya situación patrimonial también se encuentra bajo la lupa judicial por enriquecimiento ilícito.
Existe un patrón de conducta recurrente en la estructura libertaria donde el discurso de la austeridad y el combate contra la casta se transforma en un permiso para el saqueo de las arcas estatales. El gobierno nacional utiliza la excusa del equilibrio fiscal para recortar la inversión en educación, salud y obra pública, pero en la práctica permite que sus dirigentes utilicen las tarjetas oficiales como si fueran extensiones de sus patrimonios personales.
Esta doble vara ética es otra evidencia que el experimento de Milei no vino a sanear el Estado, más bien llegó para reconfigurar el sistema de privilegios en beneficio de un núcleo cerrado de funcionarios y amigos del poder que disfrutan de vacaciones pagas mientras el pueblo sufre el aumento de las tarifas y el transporte.
La impunidad con la que se manejaron estos fondos en Nucleoeléctrica entre marzo de 2025 y febrero de este año es la prueba de una gestión totalmente descompuesta. No se puede hablar de errores administrativos cuando se detectan decenas de compras en tiendas de ropa extranjeras y retiros de efectivo en dólares para gastos corrientes en el exterior.
La denuncia presentada originalmente por la diputada Marcela Pagano dejó en evidencia que ni siquiera se cumplieron los regímenes normativos vigentes en materia de viáticos para funcionarios públicos. Este nivel de discrecionalidad es la consecuencia directa de una ideología que desprecia lo público y que ve en el Estado una carga que debe ser desmantelada, aunque en el camino sus referentes aprovechan cada rendija para enriquecerse o darse gustos estrafalarios.
Resulta indispensable que la justicia avance hasta las últimas consecuencias para castigar no solo a Demian Reidel, sino también a todos los directores y síndicos que permitieron este desfalco patrimonial. No se puede aceptar que la respuesta oficial sea simplemente eliminar las tarjetas corporativas después de que el dinero ya se fugó en hoteles de lujo y peluquerías europeas.
Es necesaria la remoción de todos los funcionarios que se encuentren sospechados de utilizar recursos públicos para sus beneficios personales, ya que su permanencia en el cargo es un insulto a la realidad de millones de argentinos. Las mayorías trabajadoras tienen el derecho y la obligación de exigir que cada peso del Estado vuelva a donde pertenece y que se termine de una vez por todas con esta estafa política que ajusta hacia abajo mientras reparte lujos hacia arriba.
