El crecimiento explosivo del empleo en plataformas digitales refleja una transformación del mercado laboral argentino. En apenas seis años, la cantidad de personas que trabajan para aplicaciones pasó de poco más de 100.000 a un millón. Detrás del discurso sobre la “economía colaborativa” se esconde una realidad marcada por la precarización, la pérdida del empleo registrado y la ausencia de derechos laborales.
La crisis del empleo formal durante el gobierno de Javier Milei encontró un correlato en el crecimiento del trabajo por aplicaciones. Actualmente un millón de personas obtiene ingresos a través de plataformas como Uber, PedidosYa, Rappi, Cabify y otras aplicaciones digitales. En 2020 eran poco más de 100.000. El aumento, cercano al 900%, da cuenta de un fenómeno que dejó de ser marginal para convertirse en una de las principales salidas laborales frente a la destrucción de empleo registrado.
El dato no refleja una mejora del mercado laboral, sino todo lo contrario. Miles de personas llegan a las aplicaciones después de perder su empleo, ver reducidos sus ingresos o no encontrar trabajo en condiciones de estabilidad.
El refugio de quienes quedaron afuera
La expansión de las plataformas coincide con un fuerte deterioro del empleo formal. Desde la asunción de Milei se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo registrados y decenas de miles de empresas dejaron de operar, empujando a muchos trabajadores hacia formas de empleo cada vez más precarias.
En ese contexto, manejar un auto para una aplicación o repartir pedidos en bicicleta o moto aparece como una alternativa inmediata para generar ingresos. Sin embargo, esa aparente flexibilidad tiene un costo muy alto.
Los trabajadores deben aportar sus propias herramientas de trabajo, hacerse cargo del combustible, el mantenimiento de los vehículos, los seguros y enfrentar jornadas que muchas veces superan ampliamente las ocho horas para alcanzar ingresos equivalentes a un salario básico. Además, carecen de vacaciones pagas, licencias por enfermedad, aguinaldo, indemnización y estabilidad laboral.
La otra cara de la “libertad”
El Gobierno suele presentar este tipo de empleo como una muestra de mayor libertad para elegir cómo trabajar. Pero detrás de ese discurso aparece una realidad muy distinta.Las plataformas controlan mediante algoritmos la asignación de viajes y pedidos, determinan tarifas, pueden suspender o bloquear cuentas sin intervención judicial y modifican unilateralmente las condiciones de trabajo. La supuesta autonomía convive con mecanismos de control permanentes y con ingresos que dependen de la demanda diaria.
Lejos de representar un avance tecnológico en favor de los trabajadores, las aplicaciones consolidan nuevas formas de explotación adaptadas a la economía digital.
Un modelo que precariza
La expansión del trabajo en plataformas no puede analizarse aisladamente del rumbo económico. La reforma laboral impulsada por Milei, el debilitamiento de los organismos de control y la pérdida del empleo registrado generan un escenario ideal para que este tipo de empresas amplíen su negocio sobre la base de relaciones laborales cada vez más desprotegidas.
Mientras las plataformas incrementan su facturación, los riesgos quedan completamente trasladados a quienes realizan el trabajo.El desafío de organizarseFrente al crecimiento de este sector también comenzaron a desarrollarse experiencias de organización sindical entre repartidores y conductores que reclaman reconocimiento laboral, cobertura frente a accidentes, ingresos mínimos garantizados y derechos equivalentes a los de cualquier trabajador.
Porque detrás de cada pedido entregado o de cada viaje realizado existe una relación de trabajo que las empresas intentan ocultar bajo la figura de “socios independientes”.
Que un millón de personas dependan hoy de las aplicaciones para llegar a fin de mes no habla del éxito de la economía digital. Habla del deterioro del mercado laboral argentino y de un modelo económico que expulsa trabajadores del empleo registrado para empujarlos hacia formas de ocupación cada vez más precarias. Mientras el Gobierno celebra la desregulación como sinónimo de libertad, la realidad muestra que esa “libertad” suele significar menos derechos, menos protección y más incertidumbre para quienes viven de su trabajo.
