El gobernador jujeño y presidente de la UCR a nivel nacional, Gerardo Morales ha manifestado su intención de reformar la Constitución de la provincia para prohibir los cortes de ruta, pocas horas antes de que declarara su intención de presentarse como candidato a presidente. Su propuesta combina una aberrante política represiva que viola los más elementales derechos democráticos con el lanzamiento de su candidatura y sus disputas internas al interior de Juntos por el Cambio. También, tras una supuesta democratización del sistema político, encubre posibles maniobras reeleccionistas. Hace falta una Asamblea Constituyente libre y soberana que en sentido opuesto al mandamás jujeño reorganice la provincia al servicio de las mayorías populares.
Con el doble objetivo de aparecer polarizando por derecha en la disputa política nacional, y de reforzar sus ya represivas y anti democráticas prácticas locales, Morales plantea prohibir los cortes de ruta, las usurpaciones de espacios públicos y privados y reglamentar el derecho a la protesta como centro de una próxima reforma de la Constitución provincial. El discurso facistoide del carcelero de Milagro Sala, la presa política que más tiempo lleva detenida después de la caída de la dictadura, compite con la brigada “anti piquetes” de Marra y Milei, los discursos de Patricia Bullrich y también con mensajes de Cristina y prácticas represivas que, con Berni a la cabeza, ha implementado el actual gobierno.
En esa disputa, el jefe radical, eleva la apuesta y pretende elevar una las medidas represivas que ha impuesto en la provincia a un rango constitucional. En la actualidad su herramienta preferida es un código contravencional que aplica duras multas (de entre $ 20.000 y un millón de pesos) a las organizaciones y manifestantes que corten una ruta. Justamente en este sentido, la propaganda distribuida por la gobernación en torno a la futura reforma plantea la propuesta de “habilitar la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social”, intentando incluir en la Constitución este doble castigo e impedir toda norma legal que lo dificulte.
Para completar esta política resulta llamativa su propuesta de “prohibir el indulto a las personas que incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”. No se trata de prohibir el indulto para funcionarios o empresarios corruptos, sino a cualquier persona, lo que parece una cláusula para amenazar a cualquiera que se oponga a sus designios, levantándole falsas acusaciones que impidan que sus condenas puedan ser indultadas por otras administraciones en el futuro.
Es común en el mensaje cotidiano de este nefasto personaje y sus funcionarios calificar a las organizaciones sociales que salen a protestar de “asociación ilícita”. En este camino, durante el transcurso del año podemos contabilizar graves ataques a la protesta popular, como fue la detención en sus domicilios, de dirigentes del Polo Obrero y del MTR 12 de abril por cortes realizados en el mes de marzo; y luego los allanamientos contra locales del FOL, el MTR 12 de abril, el FPDS, el Movimiento Evita y el MTE entre otras organizaciones realizados en el mes de julio pasado, luego de que la vice presidenta Cristina Kirchner atacara en su discurso a las organizaciones sociales.
Cuando estamos escribiendo estas líneas se conoce la reciente detención del cacique Néstor Jeréz y sus hermanos, hermanas y niñes, de la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya, cuando estaban protestando contra el empresario maderero Verzini. Acá se cae la mentirosa propuesta de “receptar la nueva redacción de la CN con relación a pueblos indígenas”.
Estos pueblos son los que, contra el discurso mentiroso de que hay que priorizar las fuentes de trabajo sobre el cuidado del medio ambiente, están a la cabeza de la denuncia y resistencia contra la entrega a las multinacionales de la explotación minera contaminante. Cuyo negocio más jugoso y codiciado es la explotación del litio. Una política que desmiente su propaganda de que va a “proteger los derechos ambientales”.
La limitación de los mandatos y una maniobra posible
En torno a la reforma política Morales planteará que “diputados, intendentes, concejales, comisionados y vocales de las comisiones municipales” no podrán acceder a más de dos mandatos. También ratifica que el cargo de gobernador no podrá extenderse por un tercer periodo –Morales está concluyendo su segundo mandato-. Sin embargo, no se aclara si esta resolución tiene carácter retroactivo o no, con lo cual se podría habilitar, en una maniobra típica, que los periodos electivos se consideren desde la fecha de la nueva reforma constitucional hacia adelante, sin contar los mandatos ya ejercidos.
No existe ninguna propuesta para modificar la actual ley electoral totalmente proscriptiva contra las minorías. En la última elección legislativa provincial, el FIT-U que actualmente representa la tercera fuerza política de la provincia con un 25% de la votación, fue dejado fuera de las bancas en disputa por una cláusula que exige el piso del 5% de todo el padrón para poder ser tenido en cuenta en el reparto. Una vez pasado este límite, que representa un porcentaje mucho mayor de la votación efectiva, son varias las bancas que se obtienen.
Una reforma judicial tramposa
Bajo los títulos de “Consagrar el Consejo de la Magistratura para la selección y remoción de los jueces inferiores” y “de la mayor celeridad y calidad de la Justicia”, el gobernador mantiene lo esencial de un sistema que no tiene nada de independiente ni de calidad; sino que es totalmente funcional al gobierno de turno y los intereses de los grandes empresarios y dueños de la provincia.
Esta todavía fresca la reforma del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, cuando recién asumido en la gobernación Morales cambió en acuerdo con el ex gobernador del PJ Fellner. Modificó su original composición, integrando legisladores y jueces adictos, para así poder controlar el máximo órgano judicial, responsable con Morales de todo el giro represivo, que atentando las más elementales garantías constitucionales este caudillo represor implementó en Jujuy.
Desde el MST en el FIT Unidad proponemos una reforma al servicio de la mayoría trabajadora y el pueblo de Jujuy
Betina Rivero, concejal en Palpalá del MST en el FITU, señaló: “Repudiamos las reformas represivas y las maniobras de la propuesta de Morales. Hace falta una verdadera Asamblea Constituyente provincial libre y soberana al servicio del pueblo de Jujuy. Es necesaria una profunda reforma agraria y reparto de tierras, que toque los intereses de los grandes terratenientes y dueños de la provincia, como la de los empresarios propietarios de Ledesma. Necesitamos una reforma de fondo que estatice los servicios esenciales del gas y la electricidad, actualmente en manos privadas. La explotación de los recursos estratégicos de la provincia debe quedar en manos del Estado con control de sus trabajadores y de la población.
Una reforma integral deberá incluir una verdadera democratización del sistema político, eliminando cláusulas proscriptivas, planteando la revocación de los mandatos si funcionarios o legisladores no cumplen con sus promesas, eliminando privilegios y exigiendo que no ganen más que una directora de escuela y tengan que mandar a su familia a la escuela y el hospital público. Reformando por completo el Poder Judicial, eligiendo y pudiendo revocar mandatos de jueces y fiscales por el voto popular, entre otros cambios de fondo”.