Además de las internas entre las coaliciones del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la discusión política del verano se ve atravesada por el juicio a la Corte Suprema que impulsa el oficialismo. Una maniobra de carácter electoral que nada cambia. La oposición defendiendo lo indefendible, la casta de la Corte. Una propuesta socialista para terminar con este modelo de justicia clasista.
Durante el 26 de enero pasado la Comisión de Juicio a la Corte se puso en marcha y con ella el proceso que apunta a los cuatro magistrados que hoy integran ese poder arcaico basado en privilegios políticos y materiales. Así, Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vicepresidente), Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti son los apuntados por la iniciativa del oficialismo que, como declaró Alberto Fernández en una entrevista en radio Urbana Play, tiene como ejes de denuncia la intromisión de la Corte en la composición de la Magistratura y el fallo por la coparticipación que exige al Estado Central la devolución de fondos a la Ciudad de Buenos Aires.
Más allá de lo dicho por el presidente, lo concreto es que se presentaron 14 proyectos de enjuiciamiento. Del total de los mismos 12 son de autoría de parlamentarios y organizaciones sociales y políticas ligadas al oficialismo, donde también se suman otros argumentos que apuntan a la Corte, como el fallo del 2×1 en favor de los genocidas. Los dos proyectos restantes son de autoría de la Coalición Cívica-ARI, aunque sólo van contra Ricardo Lorenzetti.
De esta forma comenzó un proceso que el próximo jueves tendrá un nuevo episodio, donde la comisión, presidida por Carolina Gaillard e integrada por 31 miembros (16 del oficialismo y 15 de la oposición de Juntos por el Cambio) resolverá la admisibilidad de las acusaciones. Posibilidad concreta -por la mayoría de los diputados del Frente de Todos- que en caso de darse habilitaría la etapa de instrucción. En ella los diputados deberán recolectar testimonios, aportar y elaborar las pruebas que deberán sustentar las acusaciones por mal desempeño de los cortesanos.
Sin embargo, esta disputa al interior del régimen, donde las coaliciones patronales compiten por la dirección política de la Corte, muestra de forma prístina un modelo de justicia que no va más, totalmente corrompido y funcional al capitalismo en decadencia.
El Frente de Todos y su doble relato
A partir de los argumentos mencionados que los que alude el oficialismo y la filtración de conversaciones entre el principal asesor de Rosatti y D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, el oficialismo decidió avanzar, con el presidente a la cabeza, con este juicio político a la Corte Suprema.
Es innegable la relación que, actualmente, la mayor parte de los magistrados mantiene con la coalición de Juntos por el Cambio y el sector empresarial de Argentina. Algo que, como es de esperar, motiva los fallos de la Corte en favor de estos sectores, como es el ejemplo de la disposición para no declarar las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales, admitiendo a su vez aumentos sólo para contentar al pope de esa rama de servicios: Héctor Magnetto.
Pero lo cierto es que esta nueva iniciativa del Frente de Todos, para nada propone cambiar de raíz al modelo de justicia. Más bien, es utilizada como una maniobra para esconder el ajuste que aplica el gobierno, apoyado por todas las tribus que lo integran, aprovechando el repudio que genera la casta judicial y de paso polarizar con la otra coalición de derecha con la que mostró pocas divergencias en el plano económico.
Decimos que nada cambia porque el propio juicio, en caso de sortear todas las instancias que atañen a la comisión, luego moriría. Ya que el Frente de Todos está muy lejos de poder alcanzar el voto de los dos tercios del Senado, que exige la Constitución Nacional para acusar en juicio político a un funcionario.
El doble discurso va más allá. Desde el gobierno no buscan modificar el carácter reaccionario de la justicia. Sólo con hacer un poco de revista podemos ver cómo el peronismo, que tiene mayoría en el senado desde 1983, fue una de las fuerzas que aprobó los pliegos para que estos jueces integren la Corte. No sólo eso, el actual presidente Horacio Rosatti, fue ministro de Justicia del gobierno kirchnerista entre 2004 y 2005. En fin, una clara muestra de la defensa de este modelo, nunca modificado en los gobiernos de Néstor y Cristina, ni en el de Alberto, que hoy le juega en contra al no tener bajo su mandato político a los jueces que puso en la dirección del poder judicial.
¿Juntos por el Cambio?
Lejos de algún cambio, las fuerzas de la otra coalición integrada por el PRO, los radicales y la Coalición Cívica, funcionan como guardianes de hierro de esta justicia clasista y patriarcal. Durante este verano se ha esclarecido aún más de lo que se conocían los lazos que une a Juntos por el Cambio con lo más putrefacto de esta casta.
Lago Escondido, ese bien común expropiado por el terrateniente Joe Lewis, fue el escenario donde diferentes funcionarios macristas, empresarios, integrantes de la justicia y servicios de inteligencia, mantuvieron una cita. A los dueños de la república les saltaron los fusibles de la farsa de la división de poderes. Ni hablar del otro episodio mencionado que relaciona directamente al presidente de la Corte y al ministro de Justicia del gobierno de Larreta.
Como se sabe, Juntos por el Cambio siempre busca ser vanguardia en la defensa de los privilegios de estos sectores. Sólo resta ver su papel en el Congreso, en defensa de los jueces para que ninguno pague ganancias. Es obvio que, ante la posibilidad de un cambio de gobierno este año, la casta judicial que existe refuerce los lazos y directamente apoye a esta fuerza, para así perpetuar sus privilegios.
Los cambios que hacen falta
Desde el MST en el FIT-Unidad somos categóricos. Para poder terminar con esta justicia, es necesario aplicar una reforma que termine con todo tipo de privilegios. Hay que avanzar a un modelo donde todos los jueces y fiscales, como los demás funcionarios del poder Ejecutivo y Legislativo, sean electos por voto popular. Que también sean elegidos por mandatos limitados y que perciban salarios equivalentes a los de una directora de escuela. A la par que sus mandatos sean responsables, así poder hacerlos renunciar en caso de que se compruebe un hecho como el de Lago Escondido. A su vez, hay que establecer que los jurados populares se extiendan a todas las instancias que juzguen un delito con pena no excarcelable.
Sumado a esto, es necesario darle una real participación en la justicia a las organizaciones de mujeres y disidencias para terminar con su carácter patriarcal. Las asesorías tutelares son el espacio donde proponemos, en nuestro modelo, que tengan intervención en primera persona. Y, también creemos que en las causas de corrupción, tanto políticas como empresariales, hay que formar comisiones investigadoras independientes, compuestas por personalidades de los DDHH, entre otros, con trayectorias intachables, para que con plenos poderes puedan investigar a fondo.
Estas son las principales medidas de nuestra propuesta para terminar con este modelo de Justicia actual, que entendemos también es necesario que se de en el marco de un programa socialista más integral, que ponga fin a este régimen capitalista en decadencia.