Como en una serie con escenas cada vez más rimbombantes que intenta atrapar una parte de la atención que hoy se lleva la albiceleste, el jueves pasado casi se agarran a las trompadas entre el bloque del gobernante Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. En los capítulos anteriores Cristina Kirchner acusó al tribunal que la juzga de armar un pelotón de fusilamiento y las disputas político judiciales -entre las dos fuerzas más importantes del país- paralizaron la integración del Consejo de la Magistratura. Ni los goles de la selección pueden tapar la enorme crisis política que cruza a los principales actores del régimen que gobierna el país.
Primer capítulo: se aproxima el fallo del juicio de Vialidad y Cristina realiza un fuerte alegato
El clima se respira cada vez más enrarecido. Es que en una mezcla de circo electoral combinado con una profunda crisis institucional, el tribunal TOF 2 está concluyendo un juicio por el que se podría condenar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Vialidad, junto a Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y otros funcionarios menores. Catalano y D’Elía ya han hecho punta y llaman a paralizar el país el martes próximo. El juez cristinista Ramos Padilla habla de organizar una pueblada (pacífica) en Comodoro Py.
Este miércoles, el ministro del Interior y alfil de Cristina, Wado de Pedro, declaró que “la persecución a Cristina no tiene que ver con código penal y delitos” sino con el “código electoral”, ya que “están persiguiendo a la dirigente de mayor volumen político nacional”. Luego insistió sobre las visitas de los jueces del tribunal a la quinta de Macri, poniendo en duda su imparcialidad y señalando que el fallo está cantado. También se han pronunciado una gran cantidad de referentes del FdT, desde el presidente Fernández, pasando por los integrantes del gabinete nacional, hasta muchos de sus funcionarios, legisladores, dirigentes, etc.
Si bien algunos medios de la derecha agitan sobre una fuerte movilización callejera que podría realizar el kirchnerismo para el próximo martes, otros como La Nación plantean que no es la estrategia de su conducción –de hecho, Wado de Pedro no ha llamado a ninguna acción- ya que privilegian el nuevo discurso electoral en el que Cristina prefiere usar a su favor el atentado fallido contra su persona y se postula para recuperar la “esperanza”.
La polémica sobre la Justicia
En su último alegato la vicepresidenta, además de señalar que la quieren fusilar políticamente y denunciar muchas conexiones sin prueba fehaciente, descalificó la actual estructura del Poder Judicial que está realizando una típica operación de law faire. Un poder judicial que no es votado por nadie y estaría actuando como un “partido político” más.
Ante estas afirmaciones nos preguntamos porque la vicepresidenta y el kirchnerismo en general no han propiciado durante tres periodos de gobierno plenos y ahora compartiendo el mandato con el resto de los integrantes del Frente de Todos, ninguna reforma estructural de este poder al que no lo vota nadie y decide sobre la vida de todos.
Salvo la reforma del Consejo de la Magistratura, hoy vuelta atrás por resolución de los actuales miembros de la Corte y el proyecto para ampliar el número de los integrantes del Tribunal Supremo, no se conoce ninguna propuesta de reforma estructural, ningún proyecto legal, o de reforma constitucional para que, como proponemos desde el MST en el FIT-U, los jueces y fiscales sean elegidos y/o revocados por el voto de la gente en elecciones separadas de las que eligen cargos políticos, tengan mandatos cortos, sin privilegios, ganen y vivan con el sueldo de una directora de escuela, entre otros cambios.
Es que a diferencia de algunos periodistas de la derecha que en estos días han rescatado la supuesta discusión de Cristina sobre la necesidad de cambiar este poder judicial y la han acusado de ser anti democrática, de estar contra Montesquieu, etc., etc., nosotros pretendemos reformar con todo, de raíz esta justicia, al servicio de los grandes intereses capitalistas, totalmente antidemocrática, eficaz represora de “ladrones de gallinas” y encubridora de cuanto delincuente de guante blanco existe -en primer lugar, los políticos y funcionarios que han vaciado al país-. Herramienta clave para reprimir las luchas de los trabajadores y defender la sacrosanta propiedad privada de toda la “casta” de millonarios, políticos y funcionarios que nos han llevado al desastre que vivimos.
No le reconocemos a este poder judicial ni a estos jueces y fiscales ninguna autoridad moral para juzgar a Cristina, ni a ningún dirigente político o luchador social; tampoco para investigar a los pobres que cobran un plan social, mientras hace la vista gorda con los que fugan, especulan y tienen ganancias extraordinarias a costa de la miseria de la mayoría de la población trabajadora.
Comisión investigadora independiente
Pero la denuncia del carácter parcial y de clase de esta justicia no nos lleva a adscribir en forma automática a la “inocencia” de Cristina. Los que vivimos de nuestro trabajo tenemos derecho a que se investigue la corrupción de los gobernantes. No creemos que haya negociados non sanctos justificables para dirigentes conocidos como “líderes populares” y otros injustificables para emblemas de la derecha más rancia como Macri y compañía. La obra pública y los cargos en el poder han sido y son una fuente permanente de corrupción entre los principales actores de este sistema político en decadencia. Hasta a aquel que supo construir una imagen de justiciero duro, de intachable eficiencia y catadura moral, como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no puede justificar el exagerado aumento de su patrimonio, y sus correligionarios se dividen entre los que insisten en sostenerlo y los que quieren sacárselo de encima para que no moleste sus negocios y expectativas electorales.
La corrupción, las cometas, vueltos, sobre precios, etc. son una práctica de financiamiento de la política y las fortunas personales, que va desde el simple municipio a los grandes arreglos entre empresarios contratistas del Estado y funcionarios nacionales o provinciales de turno. Y en eso no hay grieta.
Por eso, a la par que denunciamos la inhabilidad moral del actual sistema judicial para investigarla y combatirla, más allá de tal o cual denuncia parcial generalmente sesgada al servicio de tal o cual zancadilla política, defendemos el derecho del conjunto de la población a saber qué pasó con los dineros que fueron al pozo negro de la corrupción, quiénes son sus responsables, a que se sepa toda la verdad.
Por eso nuestro reclamo es la formación de una Comisión investigadora independiente por ley, con todos los atributos necesarios para investigar y meterse en todos los lugares que necesite, integrada por personalidades intachables, referentes de derechos humanos, intelectuales, luchadores sociales y de los trabajadores reconocidos por su intachable trayectoria y otros sectores que no tengan ningún compromiso con el poder político.
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Cuando se dio el atentado contra la vicepresidenta, de inmediato desde el MST junto al FIT-U nos pronunciamos en su condena. Esa agresión, como la maniobra de law faire en curso, son un ataque a los derechos democráticos del conjunto de la población. Pero eso no va a ubicarnos entre los que, descalificando este tribunal, pretenden cerrar toda investigación sobre el manejo de la obra pública de los gobiernos kirchneristas o los que, como el embajador yanqui Stanley, propician un gran acuerdo nacional entre los empresarios y políticos que dirigen al país, que enfríe las peleas intestinas en el poder, para que se llegue a buen puerto, la aplicación del mayor desfalco de los últimos tiempos, el fraudulento crédito que Macri contrajo con el FMI y que el Frente de Todos denunció pero terminó avalando.
En el mayor robo a la luz del día de nuestro patrimonio nacional solo hay una inconsistente denuncia penal ya sin fuerza, dado que el gobierno ha reconocido la estafa al sellar un ruinoso acuerdo, responsable del cada vez más grave deterioro nivel de vida de nuestra población.
Segundo capítulo: la parálisis de las designaciones en el Consejo de la Magistratura
Luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la última reforma del órgano que administra y designa los jueces del Poder Judicial -el Consejo de la Magistratura- e impuso un anterior formato favorable al avance de la actual conformación de la Corte, empezaron todo tipo de maniobras y disputas, para dentro de la nueva composición ubicar la mayor posible cantidad de integrantes.
Una de ellas fue el desdoblamiento del bloque del FdT en el Senado, para que la bancada mayoritaria tuviera los representantes de la mayoría y la minoría. Esta maniobra dejó afuera a Luis Juez, designado por la bancada de Juntos por el Cambio, y habilitó el ingreso del senador oficialista Doñate en representación del nuevo bloque artificialmente creado.
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Luego de que cayeran los intentos de aumentar el número de miembros de la Corte, ahora ante un nuevo periodo en el cual debe reconformarse los integrantes del cuerpo, la disputa y las maniobras reflotaron. Así mientras una resolución de la Corte le da la razón a Juez, este podría quedarse afuera igualmente por un vericueto legal.
En la otra punta, el juez Martín Cormick acaba de resolver, tomando los mismos argumentos que esgrime Juez para su designación, que la diputada radical Roxana Reyes, al ser elegida por la misma lista que el representante del PRO, Álvaro González, se quede afuera del Consejo porque a la minoría le corresponde un solo representante. La actual presidenta de la Cámara de Diputados, la frentetodista Cecilia Moreau se allana a este fallo judicial y frena las designaciones de los integrantes de los cuatro diputados al Consejo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Todo esto hace que el actual Consejo de la Magistratura no tenga designados nada menos que a ocho de sus veinte integrantes. Los provenientes del poder legislativo afectados por infinidad de controversias políticas y judiciales, sumiéndose en una situación de semi parálisis y mucha crisis.
Aunque a la mayoría de la gente, preocupada por llegar a fin de mes o a lo sumo por los resultados del próximo partido todo esto le preocupa bastante poco, lo que se está paralizando es uno de los órganos fundamentales para el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado. Un órgano que es parte de esta estructura nobiliaria y anti democrática, que debería ser anulado y erradicado de cuajo en una verdadera reforma democrática de la actual justicia capitalista.
Tercer capítulo: explota la Cámara de Diputados
No fue por una bomba. Hoy lo que estalló fue la crisis. No pudieron sesionar. Tenían una reunión preparatoria para la elección de las autoridades de la cámara. La oposición, en épocas tranquilas, independientemente de la forma de su voto, suele dar quórum para que la mayoría o primera minoría gobernante elija al presidente, que es el tercero en la línea de sucesión presidencial. Esta vez, Juntos por el Cambio boicoteó la sesión y como el reglamento dice que de no elegirse siguen las mismas autoridades, Cecilia Moreau continúa como presidenta y también el resto de sus autoridades.
Pero el lío continuó. Debían tratarse varios importantes proyectos, como una ley anti lavado necesaria con los acuerdos que Massa viene haciendo, para que se informe sobre los fondos argentinos no declarados depositados en Estados Unidos; un nuevo plan de pagos en la moratoria previsional sin la cual 800.000 personas en edad de jubilarse no podrán acceder a la misma debiendo refugiarse en la PUAM; un proyecto acordado con el Consejo Agroindustrial para promover inversiones y la creación de nueve universidades nacionales. El oficialismo demoró dos horas en inaugurar la sesión especial buscando reunir el quórum hasta que finalmente lo logró. Según la oposición de JxC se habría faltado al reglamento y se pudrió todo.
Los diputados de JxC acusaron a viva voz a la presidenta de la cámara de faltar al reglamento, de convalidar una sesión ilegal. Argumentaban parados frente a sus bancas, interrumpiendo el discurso de la diputada del FdT Blanca Osuna, informante en ese momento. El tono fue subiendo en las discusiones. Hubo escenas que parecían previas a un pugilato generalizado, insultos de todo tipo entre ambas bancadas, hasta que el Interbloque Federal se retiró, se cayó el quórum y se levantó la sesión. Después vinieron los pedidos de expulsión: de Ritondo, el jefe de la bancada PRO por hacer gestos obscenos, y de Moreau y otros legisladores del FdT por parte de la oposición.
Los proyectos de ley que iban a ser tratados ahora tienen serios riesgos de demorarse más de lo necesario gracias a este escándalo. Todo en medio de una fuerte disputa por el control del aparato judicial y de fuerte campaña electoral también. En medio de la fuerte crisis política que aviva la posible futura condena de Cristina, este jueves las cámaras de TV registraron el triste espectáculo que dan dirigentes que no están discutiendo cómo combatir la pobreza o reforzar los ingresos populares, que supieron juntarse para votar el plan del FMI que nos está hundiendo y ahora se pelean por cargos en un poder judicial re podrido y desprestigiado.
Un régimen político en constante deterioro
La constante erosión sobre el Poder Ejecutivo que significaron las peleas públicas entre Cristina y Alberto, que terminaron en la crisis de junio y julio fue amortiguada por la asunción de Massa con las atribuciones de un primer ministro. Por ahora ese parche que se realizó ungiendo en la cúspide de las decisiones económicas a un dirigente que tiene más poder que el presidente electo, Alberto Fernández, viene funcionando con muchas dificultades.
En los últimos días se agudizó la crisis en el Poder Judicial, el más cuestionado por la gente. Un poder cuyos jueces más encumbrados están jugando a favor de JxC y sobre el que hay peleas cotidianas por el control de su aparato. Luego de las acusaciones del alegato de Cristina contra jueces y fiscales, de la amenaza de movilizaciones el día del fallo y los cuestionamientos sobre la legitimidad de este poder del Estado, recrudeció la pelea por los puestos en el Consejo de la Magistratura y cayó, en forma escandalosa, la última sesión de Diputados, tal cual lo mencionamos.
Los tres poderes del Estado pese a una relativa recuperación de la última crisis política de haces unos meses siguen mostrando grietas y fuertes disputas entre los que deberían sostener las instituciones del régimen que nos gobierna. En el fondo de la espuma de discusiones y planteos, se desarrolla una durísima crisis económica que, producto de las medidas para cumplir las metas con el FMI, ha puesto a millones al borde del abismo y no se sabe qué nuevo chanchito romperá Massa para juntar dólares en épocas de dura sequía, recursos finitos y panorama con pronóstico reservado. Todo en la previa de los meses de la campaña electoral.
Así mientras la mayoría de los argentinos no sabe cómo llegar a fin de mes, continua un constante deterioro del poder político tradicional, al que cada vez más gente ve como algo muy extraño a sus problemas cotidianos, una verdadera casta privilegiada.
Desde el MST en el FIT-U peleamos por un régimen político completamente distinto, formado por funcionarios, legisladores y jueces sin privilegios, que ganen como una directora de escuela, que tengan que mandar a sus familias a la escuela y el hospital públicos, que puedan ser revocados en sus mandatos si no cumplen con sus promesas de campaña o si se enriquecen en sus funciones. Un sistema político que rompa con el FMI y defienda la soberanía de los bolsillos populares y nuestros recursos, contra aquellos responsables del saqueo constante que estamos viviendo