En los últimos días nuevamente el dirigente neofascista Javier Milei aprovechó una conferencia de prensa para intentar relativizar la cifra de las personas desaparecidas por Dictadura Cívico-Militar cuyo comienzo formal se ubica en 1976, pero con operativos previos comprobados.
Siempre es importante tener presente que lo valioso de las construcciones colectivas es que no son eternas per se, sino que necesitan del compromiso permanente e indubitable de las generaciones próximas para que ese logro no se quiebre y no admita fisuras que signifiquen una regresión en materia de derechos humanos.
De todos modos no podemos ser ingenues. No es muy posible que alguien que se anima a hacer estos cuestionamientos o a teorizar sobre “los dos bandos” lo haga sin saber lo que eso implica. Por lo tanto, nuestros repudios -siempre necesarios- no generan efecto en un sector de la sociedad que siempre estuvo presente pero desde entonces nunca tuvo tanta intención de representación política como ahora.
Más allá de eso, no podemos quedarnos quietes observando como diferentes expresiones negacionistas comienzan a emerger valiéndose de las herramientas del sistema. La cifra de 30000, -como la de 30400- tiene un fuerte componente colectivo, de una sociedad que comenzó a reconstruir su propia historia con los pedazos que fue hallando, pero no podemos permitir por eso ser corrides hacía lo simbólico como un argumento para poner en duda la magnitud del plan de exterminio.
Su principal argumento consta en haber convertido el “Nunca Más”, una herramienta muy importante aún con sus cosas cuestionables, en una suerte de biblia del negacionismo, quitándole todo contexto de investigación y de publicación.
El trabajo de la CONADEP logró consignar 8961 casos de desapariciones forzadas en unos 360 centros clandestinos de detención. Lo que huelga saber es cuánto se podía saber de todos los crímenes cometidos por los genocidas y sus cómplices en septiembre de 1984, fecha en la que el presidente Raúl Alfonsín recibió el informe “final” de manos de Ernesto Sábato.
Sin embargo es necesario recordar -por si no se puede suponer- que la influencia militar siguió operando con mucha fuerza después de 1983, y que no era completamente seguro dar testimonio de las violaciones a los derechos humanos sufridas, sabiendo que el Ejército seguía los pasos de muches sobrevivientes.
Son conocidas las intenciones del gobierno radical de no ir más allá del juzgamiento de las cúpulas militares. Más de una vez la juventud de boinas blancas intentó echar de Plaza de Mayo a las Madres luego del Juicio a las Juntas, bajo el pretexto de que «le daban una mala imagen a un gobierno democrático», tal como alguna vez denunció Hebe de Bonafini.
Y por si faltaba algo, las leyes de la impunidad dieron el mensaje claro de que el Estado priorizaba la reconciliación antes que la búsqueda de justicia.
Desde la presentación del informe hasta el día de la fecha podemos saber con comprobación judicial que -solamente en 1976- existieron en simultáneo más de 600 centros clandestinos de detención, y que en 1975 algunos ya operaban. Una muestra de esto es “El Campito”, que funcionaba dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, y por el cual hubo más de 4000 víctimas de desaparición forzada.
A esto le tenemos que sumar los informes desclasificados en 2006 por el Departamento de Estado (Estados Unidos), que consignan que el propio Ejercito Argentino admitió una cifra de 22000 personas entre muertes y desapariciones solamente entre 1975 y 1978, a lo que debemos agregar que en 1979 continuaban funcionando al menos 7 centros clandestinos, que el mencionado “El Campito” funcionó hasta 1980 y que la ESMA siguió operando hasta ya entrado 1983.
Quizás nos queda por reflexionar si una cifra hace más genocida a un genocida, y la respuesta es que hubo un Estado genocida, pero que necesitó a más de 150 mil agentes afectados a la tarea. Entonces una baja en el número de las desapariciones implicaría la impunidad para todos aquellos responsables del horror que aún siguen afrontando juicios o procesamientos de lesa humanidad.
Finalmente, la pata más cobarde del negacionismo consta en ampararse en la clandestinidad que urdieron para luego emplearla como un argumento de incomprobabilidad.
Nosotres no tenemos que dar ninguna lista con 30000 nombres. Son ellos los que tienen que abrir los archivos, contar lo que saben y abandonar la cobardía del empirismo falseado que fabricaron para garantizar la impunidad de todos los responsables civiles que aún no han pisado un tribunal para responder por sus actos.
Por eso nuestra tarea es seguir buscando nietes, es seguir reconstruyendo lo que sucedió en cada centro clandestino de detención y visibilizarlo, es continuar empujando para que la Justicia avance con celeridad para evitar que la muerte sea el refugio impune de los genocidas, es pintar cien pañuelos por cada uno que aparece vandalizado y no permitir que nos hagan retroceder un milímetro en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
Las explicaciones, sobretodo cuando hacen alianzas con la casta genocida, las tienen que dar ellos.
Pablo Velázquez, periodista de violencia estatal y de DD.HH.