Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno, que amplía el régimen simplificado de Ganancias, elimina los topes para acceder al beneficio y reduce las facultades de fiscalización de ARCA. El oficialismo lo presenta como una forma de hacer aflorar los ahorros no declarados, se trata de un nuevo beneficio para los sectores con mayor capacidad económica, mientras los trabajadores continúan soportando el peso del ajuste y de un sistema tributario regresivo.
Los dólares del colchón como argumento
La Cámara de Diputados volvió a darle una victoria legislativa al gobierno de Javier Milei. En una extensa sesión, el oficialismo consiguió la media sanción de “Inocencia Fiscal II”, un proyecto que modifica el régimen de Ganancias y establece nuevas condiciones para la fiscalización de los contribuyentes. La iniciativa fue aprobada por 139 votos contra 110, con dos abstenciones, y deberá ser tratada ahora por el Senado.
Además de los diputados de La Libertad Avanza, acompañaron el proyecto el PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales, entre ellos representantes de Argentina Federal, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Elijo Catamarca y Por Santa Cruz. Provincias Unidas votó dividido, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa.
La votación se produjo durante una jornada en la que también avanzó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es decir, el Gobierno logró aprobar dos proyectos que apuntan a modificar de manera profunda las herramientas económicas y fiscales del Estado.
El discurso oficial habla de “inocencia fiscal”, seguridad jurídica y formalización de ahorros. Pero detrás de esos conceptos aparece una pregunta central: ¿a quién beneficia realmente esta reforma?
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que existen enormes cantidades de dinero fuera del sistema financiero formal que podrían volver a circular. El oficialismo calcula que hay alrededor de 179.000 millones de dólares en efectivo fuera del sistema y sostiene que la reforma permitiría que esos recursos ingresen a la economía y sean utilizados para consumo o inversión.
La estrategia consiste en reducir los riesgos de fiscalización para quienes decidan exteriorizar sus recursos y simplificar las declaraciones de Ganancias. El problema es que el Gobierno presenta como un fenómeno homogéneo algo que no lo es.
No es lo mismo el trabajador que guarda algunos dólares después de años de esfuerzo que quien posee millones de dólares no declarados, estructuras societarias o mecanismos para ocultar patrimonio. Sin embargo, la respuesta oficial termina siendo flexibilizar los controles para todos.
Menos controles, más beneficios para los grandes capitales
El proyecto elimina los límites que existían para acceder al régimen simplificado de Ganancias: desaparecen los topes de $10.000 millones de patrimonio y $1.000 millones de ingresos que condicionaban el acceso al sistema.
Este punto resulta especialmente importante. Con la eliminación de esos límites, el régimen deja de estar pensado exclusivamente para pequeños y medianos contribuyentes y puede alcanzar a personas con patrimonios e ingresos considerablemente mayores.
¿Por qué alguien con un patrimonio millonario debería recibir el mismo tratamiento que un trabajador que apenas logra llegar a fin de mes? El sistema tributario debería hacer exactamente lo contrario: quienes tienen mayor capacidad económica deberían aportar proporcionalmente más.
ARCA pierde herramientas
La reforma también modifica los mecanismos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El Gobierno sostiene que se trata de terminar con una lógica de persecución y avanzar hacia una relación de mayor confianza entre el Estado y los contribuyentes.
Pero hay una diferencia entre evitar abusos fiscales y debilitar las herramientas necesarias para detectar evasión y elusión. Una administración tributaria sin capacidad suficiente para investigar grandes patrimonios termina dependiendo de la voluntad de los propios contribuyentes para declarar cuánto tienen.
Y la experiencia indica que los sectores de mayor poder económico cuentan precisamente con más recursos para contratar estudios contables, abogados y estructuras financieras destinadas a reducir su carga tributaria. Por eso, menos fiscalización no significa necesariamente más justicia fiscal. Puede significar exactamente lo contrario.
Un Estado que controla menos a los poderosos
El proyecto debe leerse además junto con la reforma del Banco Central aprobada durante la misma sesión. En ambos casos aparece una misma orientación: reducir las herramientas del Estado para intervenir, controlar y orientar la economía.
Por un lado, se limita la capacidad del Banco Central para asistir al Tesoro y se concentra su mandato en la estabilidad monetaria. Por otro, se flexibilizan mecanismos de fiscalización tributaria y se amplía el régimen simplificado de Ganancias.
El resultado es un Estado con menos herramientas para intervenir sobre los grandes capitales. Y esto ocurre mientras el Gobierno avanza con privatizaciones, concesiones, beneficios para grandes inversiones y apertura económica. La “libertad” que propone Milei parece tener un destinatario bastante concreto: quienes tienen capital.
La paradoja de los dólares
Hay una contradicción que tampoco puede dejarse de lado. El Gobierno necesita que los dólares que permanecen fuera del sistema ingresen a la economía. Para lograrlo, ofrece un esquema de mayor flexibilidad fiscal.
Pero al mismo tiempo sostiene un modelo que necesita desesperadamente divisas para afrontar compromisos externos, deuda y necesidades de financiamiento. Por eso, la reforma también puede leerse como un intento de conseguir que los dólares privados acumulados regresen al circuito económico sin cuestionar el origen ni la distribución de esa riqueza.
El problema no es que existan dólares ahorrados. El problema es que mientras algunos sectores acumulan fortunas en moneda extranjera, millones de trabajadores tienen salarios que pierden frente al costo de vida.
¿Quién paga los impuestos?
Argentina tiene un sistema tributario históricamente regresivo. Los trabajadores pagan impuestos al consumo cada vez que compran alimentos, ropa o cualquier producto. Pagan tarifas, combustibles y otros impuestos incorporados a los precios.
Mientras tanto, los grandes patrimonios tienen mayores posibilidades de utilizar mecanismos legales y contables para reducir su carga tributaria. Frente a esa realidad, una verdadera reforma fiscal debería avanzar en sentido contrario al proyecto de Milei.
Habría que gravar fuertemente las grandes fortunas, las ganancias extraordinarias, la renta financiera y las grandes propiedades, al mismo tiempo que se aliviana la carga sobre los salarios y el consumo popular.
Una reforma para mirar hacia arriba
La discusión sobre “Inocencia Fiscal II” permite desnudar una de las principales contradicciones del discurso libertario. El Gobierno habla permanentemente de terminar con los privilegios. Pero cuando se trata de grandes capitales, aparecen beneficios, regímenes especiales, exenciones, reducción de controles y facilidades para exteriorizar recursos.
El problema no es que el Estado cobre demasiado: es que cobra mal y de manera profundamente desigual. Mientras un trabajador tiene que declarar sus ingresos, pagar impuestos sobre el consumo y afrontar descuentos sobre su salario, quienes poseen grandes patrimonios pueden encontrar nuevas vías para regularizar dinero no declarado bajo condiciones favorables.
La alternativa desde la izquierda
Frente a este proyecto, la salida no debería ser una defensa abstracta de cualquier mecanismo de fiscalización estatal. Necesitamos una verdadera reforma tributaria progresiva: que paguen más quienes más tienen y que los trabajadores dejen de soportar la mayor parte de la recaudación mediante impuestos al consumo.
Hay que investigar el origen de las grandes fortunas, combatir la evasión y la fuga de capitales y terminar con los mecanismos que permiten que las grandes empresas trasladen sus ganancias hacia guaridas fiscales.
También es necesario recuperar el control público del sistema financiero y de las divisas que genera la economía argentina. No queremos “inocencia fiscal” para los millonarios. Queremos justicia fiscal para las mayorías.
La media sanción de Diputados representa así otro paso del Gobierno para avanzar con un modelo que busca reducir controles sobre el capital y limitar las herramientas económicas del Estado. Ahora la discusión continuará en el Senado.
Y el debate de fondo debería ser mucho más amplio que el que propone Milei: no se trata de decidir cómo hacer más fácil que los dólares ocultos vuelvan al sistema, sino de discutir por qué quienes más riqueza concentran siguen teniendo cada vez más mecanismos para pagar menos, mientras el ajuste continúa descargándose sobre trabajadores y jubilados.
