Un 13 de octubre de 1974 al medio día, dentro del Pabellón Francia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba el calor es agobiante, parece enero. No es el clima, son los acontecimientos.
En un anticipo siniestro previo al golpe militar nacional, en la provincia de Córdoba ya había un gobierno de facto. En marzo de 1974 el gobierno nacional del general Perón había ordenado la intervención federal a la provincia de Córdoba. El primer interventor que arribó a Córdoba fue Duilio Brunello, el 7 septiembre de 1974 lo reemplazó el brigadier Raúl Oscar Lacabanne, un “duro” protegido por el lopezreguismo (de José López Rega, ministro de Bienestar Social del Gobierno Nacional y creador de la Triple A) que puso en marcha la represión ilegal en la provincia y sentó las bases del aparato terrorista del Estado mucho antes del golpe de 1976.
La intervención federal había sido la respuesta del gobierno nacional del general Perón a lo ocurrido previamente, el 27 de febrero de 1974 por la noche, en medio de un vasto operativo policial en la Casa de las Tejas (sede del gobierno provincial) fueron detenidos y depuestos en el gobierno el entonces gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López, en un golpe policial encabezado por el jefe de Policía Antonio Domingo Navarro. Lejos de defender el orden constitucional violentado y al gobernador depuesto, Perón dio aval explícito al golpe policial-fascista decretando la intervención a la provincia.
Ese 13 de octubre ya habían pasado poco más de cien días de la muerte del mismo Perón. Como una premonición funesta en el aire parece sentirse que la noche de los tiempos está cerca. Grupos paramilitares y parapoliciales, versión cordobesa de la triple A, han comenzado con la más violenta represión ilegal que conoció nuestra historia.
La madrugada/noche del 9 al 10 de octubre, 4 días antes, han atacado violentamente los locales del sindicato de Luz y Fuerza, del Partido Comunista y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). En un despliegue de violencia brutal detuvieron, torturaron y vejaron a más de 250 personas. Luego, en la mañana del 10 de octubre, los detenidos fueron alojados en calidad de presos en la jefatura de Policía – que en ese entonces funcionaba en el Cabildo histórico frente a plaza San Martín- donde nuevamente fueron golpeados y torturados
El predio de la Ciudad Universitaria está siendo patrullado por el ejército. Un Falcon verde espera bajo los árboles con el motor apagado y sus tripulantes, de anteojos negros, fumando y fumando. Las bestias acechan, los jóvenes reunidos en el Pabellón Francia lo saben, saben que son el blanco preferido de las bandas de derecha.
Pero también saben que Córdoba resiste. Desde 1918 Córdoba sabe que las vergüenzas que quedan son las libertades que faltan. El Cordobazo primero y Viborazo después son la prueba de que la pelea está abierta.
Arriesgando su integridad y sus vidas, más de un centenar de chicas y chicos de nuestra provincia y del resto del país asisten aquel domingo de octubre al primer Encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de Psicología organizado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA).
Se debate, se discute, pero saben lo que quieren. Quieren reivindicar su profesión, quieren un status profesional propio y su autonomía. Desde que en 1954, en el Primer Congreso Argentino de Psicología en Tucumán se recomendó la creación de la carrera de psicología, están luchando. La práctica de la psicología está subordinada al médico. El asunto no da para más, se repite en cada discurso.
A pesar de la “vigilancia” de uniformados y civiles, al caer la tarde el grupo de chicas y muchachos, desafiando los tiempos, declaran ese día, 13 de octubre, como el día del psicólogo. Aplausos y vítores remataron la jornada.
La dictadura
La historia y sus degolladores siguieron su curso. Los Falcon verde se pusieron en marcha, más de 45 estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba fueron asesinados o desaparecidos, decenas de estudiantes y colegas son parte de la lista de víctimas del terrorismo de estado en todo el país.
El 8 de agosto de 1978 Beatriz Perosio, presidenta en ejercicio de la Federación de Psicólogos de República Argentina (FEPRA) es secuestrada en su lugar de trabajo. Permanece desaparecida.
El ingreso a la carrera de psicología fue cerrado por un año. El ministro de Educación de la dictadura militar, Llerena Amadeo dictó la resolución 1560, conocida como la resolución de los tres no, a partir de establecer una triple prohibición para lo/as psicólogo/as: no ejercer el psicoanálisis, no ejercer la psicoterapia, no prescribir psicotrópicos.
La declinación del poder dictatorial y su posterior caída hacia1982- 1983 devino en la reinstauración de la democracia y abrió un proceso, aún vigente, de enviar a las bestias al basurero de la historia y reparar tanto daño. Para lo/las psicólogo/as también fue de recuperación de los caminos truncados.
Hacer legal lo legítimo
Desde finales de la dictadura una consigna atravesó el mundo de lo/as psicólogo/as: “hacer legal lo que era legítimo”. Se resumía así la lucha por el derecho al ejercicio profesional de la psicología. De esa manera se sancionaron leyes de ejercicio profesional en la mayoría de las provincias.
Finalmente en 1985, bajo la presidencia constitucional de Raúl Ricardo Alfonsín y después de muchos años de lucha fue dictada la Ley 23.277, mediante la cual se reglamentaron los ámbitos y autoridades de aplicación, condiciones de ejercicio, derechos, obligaciones y prohibiciones al ejercicio profesional de la psicología, modificando el perfil y consiguiendo la autonomía de la disciplina y en especial respecto de la medicina.
Un año después, al calor de esas conquistas y pre formateados por ellas, en la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba aprobábamos un nuevo plan de estudios que remplazó al plan ’78, legado de la dictadura militar. Por su parte, en la Universidad de Buenos Aires, mientras se conquistaba el ingreso irrestricto y diferentes profesionales regresaban del exilio; el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología organizó los concursos que perpetuaron en sus cargos a los docentes designados por la dictadura militar.
En el país de los ’80 se recuperaban las experiencias previas al golpe de Estado y, alrededor de los grupos de colegas que se habían organizado para de asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado, surgieron los primeros eventos científicos/políticos que cuestionaban las prácticas psiquiátricas/manicomiales, bregando por perspectivas y lógicas centradas en la salud mental; logrando, por ejemplo la Ley provincial Nº 2440 – “De promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento kental”, en Río Negro en 1991; seguida por la reforma en salud mental en la provincia de San Luis.
Pero nada fue fácil, los años ‘90 signados por la impunidad a los genocidas y el desguace neoliberal del Estado también golpearon a los profesionales y sus prácticas, pero aun así en 1998 con más dudas que certezas, logramos la creación de la Facultad de Psicología en Córdoba avanzando en la autonomía de la disciplina.
Argentinazo y después
La crisis del régimen y la consecuente actualización de las reivindicaciones democráticas y de derechos humanos, abierta a partir de diciembre del 2001 impactó en la comunidad de psicólogo/as, incorporando en su agenda las críticas hacia las prácticas tradicionales, autoritarias y paternalista en el ámbito de la salud mental, que suponen que los/as pacientes son actores que carecen de derechos.
De esta manera se fue afianzando la idea de que la salud mental sea comprendida como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social.
El desarrollo de estas elaboraciones interpela a las perspectivas tradicionales hegemónicas apuntando a la causalidad prioritariamente psíquico-biológica de los padecimientos mentales y su caracterización ajena al contexto donde se desarrollan.
Recuperando recorridos y elaboraciones previas va a ir creciendo la crítica a la naturalización de la locura, se discute la idea de tratar a las personas con padecimiento mental temporal como “enfermos permanentes” y se incluye en todas las problemáticas a las condiciones de vida, familiares, sociales, económicas, y culturales vinculadas a la instalación y progreso de su padecimiento.
Este proceso permitió visibilizar no solo el vínculo de los condicionamientos sociales, políticos, culturales y económicos con el dolor psíquico; sino determinar que algunas “patologías” no son tales, más bien forman parte de las condiciones de vida de las personas que las padecen (pacientes sociales).
Entre otras derivaciones de los debates y procesos que desarrollan en la primera década del presente siglo en ámbito “psi” en 2010 se sanciona la Ley de Salud mental (N°26.657), que entiende a la Salud Mental como un proceso determinado por componentes históricos, culturales, socioeconómicos, biológicos y psicológicos. Al considerarla de esta manera, plantea que su preservación y mejoramiento implican estrategias de inclusión social, desde una perspectiva de derechos.
Más cercano en el tiempo, la denominada “ola feminista” también impacto en la comunidad científica/profesional, interpelando y cuestionando tantos sus prácticas como los ejes de la formación de las y los psicólogos, demandando respuestas concretas ante las problemáticas sociales y su impacto en la subjetividad contemporánea, poniendo en evidencia que existen padecimientos específicos derivados de los mandatos y jerarquías de género.
Así por ejemplo la experiencia de cambio de plan de estudios en la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba en 2019 incorporó como ejes de la formación de grado perspectiva de género, despatologización y salud mental; ambiente; pobreza y desigualdad; ética; derechos humanos; violencia(s); discapacidad y accesibilidad. Inscribiéndose esta experiencia en los intentos de incorporar a en nuestra ciencia/profesión las dimensiones teórico conceptuales con un creciente compromiso político social.
A 48 años de ese 13 octubre podemos decir la lucha continúa
La Ley 26.657 de salud mental fijó al año 2020 como meta para el cierre de los manicomios y su reconversión en hospitales generales con atención en salud mental. Sin embargo, dicha perspectiva está muy lejos de ser una realidad. Por un lado, la normativa continúa siendo territorio de disputa y objeciones, a la par que persisten deficiencias en las prácticas y dispositivos de abordaje recomendados y dispuestos por la ley. En ella, se prevé destinar un 10% del presupuesto total en salud al área de salud mental. Sin embargo, en los últimos 10 años los distintos gobiernos nunca han destinado más del 2%. El correlato es el incremento de la atención psicológica en el sector privado, únicamente accesible para los sectores de medianos y altos ingresos, lo que a su vez fortalece una concepción neoliberal de nuestra práctica. Paralelamente, se profundiza el abandono y la marginación social de los sectores de menores ingresos, debido a la escasez de turnos en los hospitales públicos. Las internaciones, cada vez más breves (un punto positivo, recomendado por la ley) se convierten en un arma de doble filo al no contar con continuidad en tratamientos ambulatorios y otros dispositivos.
El contexto de crisis social y el escenario creado entre la pandemia y la post pandemia han aumentado la demanda de atención en salud mental, acercando a nuevos sujetos, incluso a quienes previamente se consideraban “bien adaptados” a las exigencias sociales. Esta situación puso en evidencia que la atención del padecimiento psíquico excede la farmacologización y la restricción de la sociabilidad de las personas y requiere enfoques interdisciplinarios. Sin embargo, este no parece ser el foco de interés de las deficitarias prestaciones del sistema de salud, de las reglamentaciones provinciales y las políticas tendientes al desmantelamiento de los hospitales públicos.
Ante esta realidad, lo que propone la ley 26.657 es la creación de nuevos servicios, que sustituyan las prácticas manicomiales, ofreciendo internaciones cortas para el abordaje de los casos y/o momentos agudos del padecimiento, para luego trabajar en tratamientos ambulatorios, hospitales de día, casas de medio camino, entre otros dispositivos acordes a las necesidades. Y en los casos en los que las/os usuarios no cuenten con recursos socioeconómicos para su debida recuperación, cuidado y autonomía, se debe prever la creación de estrategias de reinserción laboral, subsidios, cooperativas, entre otras estrategias, en el marco de políticas de inclusión, cuidado y acompañamiento del Estado. Esta falencia es la principal causa del abandono y las fallas en los abordajes del padecimiento mental.
Así mismo, nuestra profesión demanda estrategias de trabajo en sectores distintos al sistema de salud, como son las instituciones educativas, los escenarios comunitarios, los dispositivos del sistema penal, entre otros; hoy desjerarquizados en la formación profesional ofrecida por la mayoría de las universidades nacionales, asociaciones profesionales y centros de formación. La complejidad de nuestra práctica, la diversidad de áreas de inserción previstas en la ley de incumbencias, sumadas a las demandas actuales en salud mental, ponen en el centro del debate la necesidad de una formación integral, vinculada a la práctica, a la reflexión sobre dicha práctica y con apertura al diálogo entre disciplinas, en el marco de saberes comunes y especialización acordes a los campos de inserción.
Nuestra historia reciente, entre el final de un siglo y el comienzo de uno nuevo, en el marco de una crisis sistémica del capitalismo extractivista que pone en peligro nuestras vidas y nuestros territorios, requiere la construcción de nuevos equilibrios psíquicos, personales, vinculares y colectivos que nos empoderen, que alivien el padecimiento, que nos permitan decidir cómo queremos y podemos vivir.
Caro Dome y Raúl Angel Gómez