El miércoles 8 de abril, legisladores dieron dictamen favorable para el proyecto de reforma del Código Penal sobre “falsas denuncias”, elaborado por la senadora de la UCR por Santa Fe, Carolina Losada, que impulsa una reforma que lo único que busca es obstaculizar las denuncias, y deslegitima las únicas herramientas con las que cuentan las denunciantes: la presunción y la palabra. Convierte al victimario en víctima, y deja en soledad a miles de mujeres víctimas de violencia, en sintonía con el discurso del gobierno de Milei, este proyecto busca culpabilizar a las mujeres y dar rienda suelta a la violencia de género.
¿Qué dice el proyecto?
La intención del proyecto es aumentar las penas y elevar las condenas de 3 a 6 años de prisión cuando la denuncia falsa involucre violencia de género, abuso sexual, acoso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Aunque la temática no es nueva —ya es conocido el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)—, una de las novedades más importantes de la propuesta es la inclusión de sanciones severas para los profesionales del sistema judicial que colaboren en el armado de estas causas. La senadora hizo hincapié en que psicólogos o peritos que influyan en testimonios de menores deberán ser penados
Otro de los puntos a considerar es lo que dentro del campo de las ciencias se entiende por “inversión y violencia epistémica” que en criollo sería que el victimario -acusado- pase a ser la víctima, dejando a la denunciante en una posición más vulnerable de la que ya se encuentra.
Este proyecto además aparece mientras el ejecutivo lleva adelante la desfinanciación de políticas públicas en materia de género: despidos a trabajadores de la línea 144, Educación Sexual Integral (ESI), salud sexual y reproductiva, eliminación del Ministerio de Género y Diversidades; y a la par se destinan recursos para reformar el Código Penal. Mientras la red insuficiente que existía en materia de violencia de género el gobierno la elimina, se pretende discutir un proyecto que ataca a quienes denunciamos esa violencia.
En la última década se registraron 2827 femicidios en Argentina. En el 85% de los casos, el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima. Sin embargo, sólo el 17% había realizado al menos una denuncia y apenas el 10% contaba con medidas de protección judicial. Es decir que cuesta mucho hacer la denuncia perse, para que ahora además, se persiga a quienes nos animamos a hacerlo.Deslegitimar las denuncias cuando cuesta tanto llevarlas a la práctica, y cuando según las propias estadísticas es ínfimo el porcentaje de denuncias desestimadas, es negacionismo puro, y es brindar una via de escape para los violentos que ahora empoderados utilizaran este recurso como nueva amenaza a las víctimas.
Falsas denuncias en Argentina
Las falsas denuncias ya están tipificadas en el Artículo 245 del Código Penal, castigando con prisión de dos meses a un año a quien denuncie un delito falso ante la autoridad. El proyecto de Losada, busca endurecer penas (de 3 a 6 años) en casos vinculados a violencia de género o abuso, buscando proteger recursos judiciales y a los inocentes.
En la situación legal actual, la falsa denuncia es un delito contra la administración pública. Según el Pensamiento Penal, el Artículo 245 contempla penas de multa o prisión de dos meses a un año para quien denuncia un delito inexistente o simula pruebas.
Se ha debatido la veracidad del dato que indica que menos del 1% de las denuncias por violencia de género son falsas, señalando que esa cifra sólo refleja las sentencias condenatorias firmes por falsa denuncia, no el total de casos desestimados, pero aun así contando los desestimados es una cifra mínima, y en estos últimos casos, se desestima por falta de prueba, no por haber mentido o falsificado prueba. La falta de prueba no es un delito
Es mas las denuncias falsas en Argentina son un fenómeno marginal en general representando menos del 3% del total de causas penales, y situándose alrededor del 0,3% específicamente en casos de violencia de género según estudios citados por nodal.am y apdh.org.ar .
Análisis del feminismo sobre el Proyecto de falsas denuncias
Existe un informe realizado por diferentes espacios feministas sobre el proyecto de Losada. Si bien en forma general se podría considerar correcto, insistimos que si bien es correcto no resuelve el problema de fondo. El negacionismo como discurso gubernamental y su consecuencia de vaciamiento en políticas, deja en soledad a las mujeres y disidencias. Y en ese marco la denuncia termina siendo casi un privilegio para unas pocas. Por eso es necesario un plan de lucha para enfrentar una ofensiva del gobierno y los aliados contra el feminismo, y los derechos de género conquistados.
Con el afán de sumar elementos para abordar este problema, aportamos algunas ideas sobre el informe feminista contra el proyecto de Losada.
En primer lugar el texto dice que el proyecto de Losada “desincentiva el compromiso” de psicólogos y médicos. Es muy tibio quizá. Un psicodiagnóstico o la evaluación de indicadores tiene un carácter probabilístico y a veces hipotético. Que un juez considere que una pericia no alcanza como prueba no significa que haya dolo o falso testimonio. Quizá hay que señalar que la reforma de Losada directamente vacía los tribunales de peritos de parte por el riesgo de tener una causa penal por hacer su trabajo.
Sobre la obligación de denunciar, nombran muy al pasar a quienes tienen la “obligación legal” de denunciar. Falta hablar del sistema educativo o los agentes concretos. Porque en ese escenario arman la trampa legal perfecta: si como profe o equipo de orientación detectas algo y no denuncias, vas presa por incumplimiento de deberes. Si aplicamos los protocolos y la justicia después no logra probar nada, te amenazan con encubrimiento o falsa denuncia. Por lo que el proyecto de Losada no solo avanza en pretender castigar a las víctimas, sino construye una trampa a todos los profesionales que intervenimos en instituciones donde interactuamos con niñes.
Si bien se menciona bien que las mujeres “se endeudan” para afrontar los procesos, es necesario insistir un poco más con el factor de clase. En este sistema, la “falta de prueba” casi nunca es sinónimo de que el relato sea falso; es el resultado de que la mujer no tiene plata para pagar peritajes privados, sostener una querella o faltar al trabajo. Lo que el proyecto hace es castigar penalmente la falta de recursos materiales para litigar. O sea que la reforma aumenta la desigualdad en ese sentido.
Por eso más allá de tecnicismos es necesario un verdadero plan de lucha en las calle para mostrar que las mujeres no permitiremos no solo que avancen sobre nuestros derechos sino además que se les de una vía de escape a los victimarios y se agudice la desigualdad.
Si bien el “cabildeo” sirve para discutir mano a mano con los legisladores, es necesario que en la calle se presione para que sepan que hay fuerzas para luchar, tal y como se hizo con el derecho al aborto. Mucho mas ahora con un gobierno que no obedece, no reglamenta, y hasta judicializa las leyes que el propio Congreso legisla.
Por otro lado hay una ofensiva del ejecutivo de profundizar la violencia en feminidades ya empobrecidas por el ajuste y la precarización en curso. Además de atacar a otros sectores, como discapacidad, salud y educación, donde las mujeres somos las que sostenemos por lo general el andamiaje que cada situación implica.
El proyecto de Losada no busca equilibrar nada, solo salvaguarda a los violentos, profundiza la violencia, la desigualdad, y ataca a las víctimas y profesionales que intervenimos. Busca ir en sintonía del negacionismo institucionalizado. Y debemos rechazarlo rodeando el congreso cuando se trate. Que los legisladores sepan que daremos pelea. NI un paso atrás, NI una menos.
