Compartimos la nota publicada originalmente en el sitio web de la Liga Internacional Socialista.
¿Hay una guerra entre el Estado y los grupos narcotraficantes? ¿Hace falta más presencia estatal? ¿Hace falta más mano dura? ¿Cuál es la salida? Estos son los grandes debates que recorren nuestro país por estos días y que se conversan en cada lugar de trabajo, cada tienda y en cada esquina luego que estallara en la última semana una más de las tantas crisis “carcelarias”, tras la fuga de cabecillas de diferentes carteles y la declaración del estado de guerra por parte del presidente Noboa.
Ecuador se ha ido transformando así, durante las últimas dos décadas, ya no solo en una vía de paso para transportar droga desde Perú y Colombia; sino que al entrar el fentanilo a Estados Unidos, nuestro país ha pasado a ser un punto nodal en el circuito de la cocaína. Es así como los puertos son utilizados como punto de salida a mercados europeos que pasan a tener importancia dada la sustitución del estupefaciente en el mercado de Norteamérica, desplazando la geografía de la hoja de coca y provocando que la región cocainera más grande por exportaciones del mundo ya no sea Tumaco ni el Pacífico, sino la frontera de Colombia con Ecuador, en el Putumayo.
Esto fue posible, en parte, gracias a la desregulación económica llevada a cabo desde 1999 a través de la dolarización de la economía y todo –por supuesto- gracias a la intervención directa del Estado al servicio de la burguesía ecuatoriana para facilitar los negocios narcos.
Una crisis que no es reciente
Ya durante el gobierno de Rafael Correa hubo varios escándalos que relacionaban al Estado y el narcotráfico, como la incautación del gobierno italiano de 40 kg. de cocaína en una valija diplomática, hecho ocurrido en 2011. Durante ese mandato de Correa se experimentó el mayor crecimiento del tráfico de drogas observado hasta 2021.
El mismo año cae preso el ahora famoso “Fito”, capo de la banda de Los Choneros, (ligada originalmente al cartel de Sinaloa) que, sin embargo, en lugar de ver debilitado su poder, creció en influencia desde dentro de la cárcel, es decir con plena complicidad del Estado.
Varias medidas del posterior gobierno de Lenin Moreno, presidente oportunamente apoyado por todo “el progresismo latinoamericano”, como la liberación de policías apresados por vínculos con el narcotráfico colaboraron a que se experimente un aumento exponencial en los niveles de violencia. Es decir, en la disputa por los negocios.
El presidente que lo sucede, Guillermo Lasso, abandonó el gobierno por un escándalo que lo vinculaba a la mafia de los albaneses, otro grupo que disputaba a sangre y fuego el negocio en el Ecuador y que centralizaba los envíos de droga a la Comunidad Europea.
Los negocios narco se dirigen desde el interior de las cárceles, donde por un lado los capos cuentan con piscinas, bares y armas de fuego de alto calibre (incluyendo ametralladoras M16, por ejemplo). Mientras tanto, la enorme masa de presos comunes vive en condiciones de hacinamiento y epidemias de tuberculosis.
La impunidad es tan grande que ni siquiera se conoce el día en que escapó “Fito”. Algunas fuentes estiman que podría haberse fugado el 25 de diciembre, pero que recién detectaron la fuga el 7 de enero. Lo que queda claro es que la discusión no es más o menos presencia estatal, sino que el Estado funciona como garante de los negocios del narcotráfico.
En definitiva, el negocio de la droga es un negocio más para el sistema capitalista, que no podría ser llevado a cabo sin la complicidad del Estado y de las grandes empresas multinacionales.
Narcotráfico y control social
Los niveles de pobreza en Ecuador llevaron a que en octubre del 2019 se produjera una revuelta gigantesca que terminó con fuertes enfrentamientos con la policía, que respondía frente al movimiento de masas tirando con balas de plomo.
Aprovechando la actual andanada de violencia narco, el gobierno de Noboa acaba de dictar un indulto para policías y militares que se alisten para “combatir a las bandas criminales”. Sí, a esos mismos policías que disparan contra el pueblo y transan con las mafias. Pero además se anuncian las nuevas medidas económicas “indispensables para hacer frente a los gastos que demanda la guerra contra el narcotráfico”, según el gobierno; pero que deberá pagar el pueblo trabajador con un aumento al 15 % del IVA, que como parte de un paquete de ajuste, se anunció también esta última semana.
Hoy Ecuador es un narcoestado que se ha ido gestando por la inacción y complicidad de diferentes gobiernos bajo la mirada cómplice del imperialismo norteamericano que siempre ha aprovechado la situación de conflictos internos en los países de la región para establecer una relación de dominio imponiendo su agenda.
Hoy esta agenda en el Ecuador es la de una “guerra” puesta en marcha por el gobierno de Noboa, que justifica la penetración norteamericana que envía “expertos” y tropas de las fuerzas gringas para supuestamente colaborar en la lucha contra el narcotráfico y nos obliga a quedarnos en nuestras casas mientras nos meten la mano en los bolsillos para hacernos pagar los costos de la crisis.
Las fuerzas de seguridad son parte del problema
En el país, como en el resto del mundo, las fuerzas de seguridad intervienen en las redes complejas de tráfico. Son estas fuerzas policiales y militares que regulan la venta y circulación de “sustancias prohibidas” y las que regentean este negocio. Más uniformados en las calles es sinónimo de incremento del delito.
Como decimos líneas arriba, de la mano de todos los gobiernos ha progresado la relación del narcotráfico con el Estado. Todas las fuerzas políticas capitalistas cuentan con financiamiento narco de sus campañas electorales. El Estado y los políticos capitalistas protegen a los bancos y casinos, donde se lava el dinero sucio proveniente del crimen organizado y se asocia a la degradación generalizada de las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares.
También debemos destacar, como lo hicimos durante la campaña electoral, que ante el “fenómeno” de la inseguridad el correísmo en nuestro país, al igual que lo hacen todas las fuerzas mal llamadas “progresistas” en América Latina, viene haciendo propio el discurso de la derecha, que apunta a reforzar la presencia de las fuerzas represivas, ahora llamando a apoyar al gobierno de Noboa detrás del siempre falso objetivo de lograr la “unidad nacional”, cuando es la propia institucionalidad la que protege y ampara el desarrollo del narcotráfico.
Terminar con el narcotráfico: solo medidas de fondo
Este negocio millonario, según informes de la ONU mueve aproximadamente 500 billones de dólares en el mundo. Semejante cantidad de mercancías y dinero no puede ser traficada al margen de funcionarios de instituciones estatales y empresarias. Estas mafias, lo decimos una vez más, están asociadas a fuerzas de seguridad y militares, jueces, fiscales, políticos, a los que administran los puertos, a los banqueros que blanquean sus ganancias.
Este negocio capitalista necesita de una logística para transportar las sustancias ilegales. ¿Cómo logran pasar las fronteras, los aeropuertos, los puertos marítimos, sino es con la participación de los uniformados y funcionarios estatales? ¿Qué harían con las recaudaciones millonarias, sino pudieran blanquearlo en el circuito legal?
Por eso es que la realidad en el Ecuador es atravesada diariamente por un flujo multimillonario de dinero procedente de falsificaciones, tráfico de drogas, transacciones que intentan legitimar capital y otros delitos de contrabando. Este dato es revelador, porque si el gobierno se propusiera enfrentar a estas mafias que se cobran miles de vidas, deberían atacar sus cuentas bancarias. Sin embargo, el gobierno hace todo lo contrario. Facilita y baja los impuestos para las transacciones bancarias desde y hacia el exterior.
¿Cuál es la salida?
Los anticapitalistas nos proponemos combatir de verdad el narcotráfico, y para eso hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.
La conformación de una banca estatal única bajo control de los trabajadores, acompañada por la nacionalización del comercio exterior y de todos los puertos aduaneros privatizados, limitaría el crimen organizado. Mientras que la legalización de todas las drogas pondría en jaque a las mafias que las comercializan y evitaría los miles de asesinatos cometidos por los carteles y bandas narcos.
Según un informe de la oficina de drogas y delitos de Naciones Unidas, se gasta en el mundo unos 100 mil millones de dólares por año en lucha contra las drogas. El 95 % de este dinero es destinado a seguridad y solo el 5 % a la salud pública.
Legalizar las drogas implica invertir las prioridades. El presupuesto millonario tiene que estar dirigido a políticas sanitarias para la atención de los consumidores en riesgo, junto a dispositivos de reducción de daño. En tanto la prohibición es una herramienta más que tiene el Estado capitalista para criminalizar a los sectores más vulnerables de la juventud.
Las fuerzas de seguridad deben ser controladas por los trabajadores y los sectores sociales, siendo elegidos comisarios y superiores por el voto popular y en cargos que puedan ser removibles si no cumplen los mandatos. Además, se debe permitir la sindicalización de la policía y los militares para que se incorporen a las organizaciones sociales.
Todo esto debe estar ligado a un programa de conjunto para combatir el origen social del problema de la delincuencia, terminando con la pobreza y la precarización de la vida, la crisis no la podemos seguir pagando las y los trabajadores junto a los sectores populares.
Por eso, acá no se trata de “más o menos Estado”, ni de “más o menos mano dura”. Acá de lo que se trata es de tirar abajo este sistema y para eso es indispensable avanzar en la unidad de todos los que nos definimos como anticapitalistas en Ecuador y en el mundo. Esa es nuestra tarea.