El gobierno de Milei descargó dos paquetazos que afectarán duro al sistema educativo y los derechos de docentes y estudiantes. Con su mega DNU (Nº 70/2023), pretende declarar la educación como si fuese un “servicio esencial”, con un único objetivo: prohibir los paros. Mientras, con su Ley Ómnibus, pretenden atropellar derechos laborales, educativos y el sentido mismo de la escuela y la universidad pública.
Esos cambios son una avanzada a una mayor desregulación “libertaria”, que cuestiona pilares del sistema educativo, como la educación obligatoria, gratuita, laica y científica; que construya conocimiento democráticamente, con saberes socialmente significativos y no los que reclame el mercado; y forme de manera integral para la vida, no para las necesidades empresariales. Hay crisis educativa, pero debido a las políticas de ajuste y privatistas, y esto solo la agravará.
Quienes hablan de “libertad”, la pisotean
Estos dos instrumentos autoritarios buscan negarnos, a docentes, auxiliares y demás trabajadores, la libertad de protestar y prohibirnos ejercer el derecho constitucional de huelga, contemplado en las leyes laborales. Pisotean toda conquista democrática y la “división de poderes” que se enseña en la escuela, para concentrar la suma del poder público en una persona, emulando a un monarca o dictador.
No solo avanzan sobre la educación pública y la docencia, sino en cambios represivos que -de no derrotarlos-, implicarían una suerte de estado de sitio que necesitan para aplicar su ajuste. Con cambios al Código Penal, la imposibilidad de protestar, de hacer asambleas, de juntarse 3 o más personas y de ir preso por eso (Art. 326 al 339).
De un plumazo, con los 366 artículos del mega DNU en sus 83 páginas, quieren derogar 41 leyes y decretos, sobre unas 330 leyes que modifican de forma global o parcial, afectando a la educación y el derecho a protestar. Mientras la Ley Ómnibus suma otros 947 artículos en sus 349 páginas, para derogar de forma total o sustancial otras 45 leyes y sustituir 502 artículos, junto a modificar más de 250 incisos de otras cientos de leyes. Un libraco de 1.313 artículos para cambiar las bases del país, construidas por décadas.
En 40 años de democracia, Milei, su reducido grupo que nadie votó y el economista Sturzenegger que los redactó –quien ya hizo desastres con Macri en el Banco Central y con De la Rúa en Economía-, decidirían despóticamente sobre 46 millones de argentinos. Esto es así porque los Art. 1º y 3º del ómnibus autoritario, declaran una “emergencia pública” para delegarle al presidente las facultades legislativas del Congreso. Y que Milei pueda decidir por decreto en sus 4 años, en materia económica, educativa, sanitaria, previsional, fiscal, tarifaria, administrativa y social. Un cambio del régimen, sin precedentes.
Ir a la escuela ya no sería obligatorio
Al modificar el Art. 109 de la Ley Nacional de Educación 26.206 (LEN), atentan contra la escolaridad presencial desde el 4º grado de Primaria, con lo que ir a la escuela dejaría de ser obligatorio. Al legalizar el homeschoolling (escuela en casa), permiten que pibes de 8 o 9 años dejen de ir a la escuela y sigan su educación primaria a distancia, introduciendo un negocio millonario para las plataformas digitales.
Quienes clamaban en pandemia que se “abran las escuelas”, ahora quieren tener la “libertad” de no asistir. Al autorizar una modalidad híbrida de educación “como alternativa a la educación presencial” (ver [1]), relegan la escuela pública cada vez más a un espacio de “contención” y no de formación. Niegan así toda socialización, interacción entre pares en el aula como estímulo del aprendizaje, de construir vínculos que acompañen a las infancias en su vida. Y profundizan las desigualdades y exclusión de los sectores más vulnerables, consolidando el modelo de escuela estatal para pobres y de las privadas con la educación en casa, para quien pueda pagarlas. Y esta medida -como alerta incluso una organización conservadora como Padres Organizados-, atenta contra la escuela como “el lugar por excelencia dónde se detectan los abusos intrafamiliares”.
Afecta además a la educación entendida como desarrollo del ser humano en su totalidad, no para el acceso a determinados contenidos y destrezas, útiles al mercado. Implica una mayor precarización laboral docente y servirá para bajar costos de la escuela presencial en zonas alejadas y de baja población. Ya que eliminan del Art. 109 donde se establecía que “para la modalidad rural, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Nivel Secundario”.
Atacan la educación como derecho social
Al entender la educación como un “servicio” o bien transable y no como un derecho humano y social que el Estado debe garantizar, en la Sección I sobre los Contenidos de Educación (pág. 159 a 163), plantean evaluar, evaluar y evaluar. En una suerte de “control de calidad” empresarial, donde estudiantes y docentes deben “revalidar” sus capacidades para permanecer en el sistema.
Entronizan la “evaluación” como falaz salida a la crisis educativa, generalizando las evaluaciones estandarizadas y la libre difusión de esos datos como algo central. Bajo el argumento de que “los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos”, lo que quieren es ver “cómo estas notas y las de su colegio, se comparan con las del resto del país”. Para crear así rankings de escuelas, docentes y estudiantes, en una educación basada en resultados.
Porque hoy, como siempre, “los padres” pueden conocer “las notas de sus hijos”. Además, los resultados de esas pruebas estandarizadas expresan una parcialidad, pero son tomados por los sectores privatistas y la prensa hegemónica para sus ataques a la escuela púbica y resaltar a la privada, generando un ambiente de competencia y meritocracia individualista en el sistema educativo, que destaque a los “mejores” sobre los “peores”.
La evaluación pasa a ser concebida como un mecanismo de control, de dar premios y castigos a las instituciones educativas y a sus docentes. Cuando no debe estar al servicio de que algunas familias “elijan” o resuelvan un tema particular, promoviendo mecanismos que profundicen las diferencias, la estigmatización y segmentación, sino como una herramienta de información que oriente la política educativa a mejorar el sistema en su conjunto.
Es que ahora avanzarían más con el Art. 549, al eliminar la obligación de resguardar “la identidad de los/as docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”, como establecía el Art. 97 de la ley actual (LEN). Todo para “generar competencia entre las instituciones educativas en todos los niveles de educación” como plantea el Punto 3 de la Plataforma de Milei para educación.
Por eso habilitan a las empresas a poner publicidad en las escuelas estatales al hacer “donaciones”, profundizando la mercantilización y un financiamiento alternativo al estatal, compitiendo las escuelas por esos recursos. Algo prohibido por el Art. 6 de la ley actual (ver [2]), con lo que la escuela se incorporara como un bien más al mercado de negocios.
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Impulsan otros cambios en el sistema educativo, donde “todos los alumnos deberán ser evaluados con periodicidad en términos de matemáticas y lecto-comprensión en adición a otras evaluaciones que determine la autoridad…” (Art. 548).
Además de imponer una suerte de examen de egreso en Media: “al finalizar los estudios de educación secundaria, el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas”. Esto habilita a que ese examen sea condición para ingresar a estudios terciarios o universitarios y conseguir un trabajo por las patronales.
Una reforma laboral contra la docencia
La Ley Ómnibus apunta directo al sector docente, al ponernos como “responsables” de la crisis educativa. Ya que todo va contra la docencia y no hay ni una medida ni mención al aumento del Presupuesto. Ni a los salarios docentes ni a infraestructura o cómo crear parejas pedagógicas, más cargos, becas o partidas a los comedores. Es decir, nada que haga a las condiciones materiales que determinan la enseñanza-aprendizaje, con el 60% de infancias pobres, con sus familias.
Al contrario, introducen una reforma laboral docente al poner la formación y evaluación sistemática como condiciones para ingresar y permanecer en el cargo. Y tener que “revalidar” aptitudes cada 5 años, lo que no ocurre en ningún empleo. Una precarización laboral que agravarán con la Reglamentación de la ley, si pasa este engendro.
Es que hasta hoy, el Art. 69 de la Ley Nacional de Educación 26.206 (LEN) planteaba dos opciones para la carrera docente: el desempeño en el aula y en la función directiva y de supervisión. Pero, ahora quieren fijar que el ascenso dependerá de la formación y de “la evaluación continua”.
Además de incorporar 2 incisos al Art. 76 de la LEN, sobre el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), donde fijan que “la evaluación periódica será una condición para poder desempeñarse como docente en el país” (Art. 545 inc. j). Es decir, para seguir en el cargo, habrá que rendir de forma periódica.
También establecen que será obligatorio “evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia mediante un examen que certifique los capacidades y conocimientos adquiridos” (Art. 545) Es decir, otra evaluación más, pese a aprobar la carrera, en una suerte de “examen de ingreso” a la docencia que determine su nivel y selección, ¡meritocracia al palo!
Agregan incluso que habrá que “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada 5 años mediante un proceso de evaluación continua” (Art. 545 inc. k). Lo que elimina la estabilidad de titulares y es la avanzada sobre los derechos de los Estatutos, en línea con la plataforma de La Libertad Avanza que plantea, en su punto 8, la “modificación del Estatuto Docente. Reveer la posibilidad de eliminar licencias injustificadas. Posibilidad de despidos” en la docencia.
A su vez, sustituyen el Art. 78° de la Ley por otro, al incorporar que “los criterios para la evaluación y revalidación de los docentes del sistema educativo” serán definidos “por la Secretaría de Educación de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación”. Es decir, estaríamos a merced de lo que decidan clerical y privatista, Carlos Torrendell y los ministros de Educación de las provincias. Ya que previamente eliminan del Art. 69° el punto donde para “la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán los mecanismos de consulta que permitan la participación de los/as representantes de las organizaciones gremiales y entidades profesionales docentes”.
Además, como dice el proyecto, “se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo” al modificar el Art. 69 de la LEN y agregar que “los egresados de carreras técnicas y de grado de la educación superior podrán integrarse como docentes en el sistema educativo”. Es decir, con una tecnicatura de las carreras cortas que promueve Milei, sin formación pedagógica ni didáctica, se podría ser docente.
Ajuste presupuestario y salarial
Por otra parte, incluye un agregado al Art. 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento que anula cuando decía que Educación, el Consejo Federal y los gremios docentes acordarán las condiciones laborales, salario y carrera docente. Algo que hasta hoy solo se expresó en la Paritaria nacional al fijar un piso salarial, aumentar el FONID (Incentivo, Conectividad y Material Didáctico) y el Fondo Nacional de Compensación Salarial (Art. 9 Ley de Financiamiento), donde la Nación aporta a casi una docena de provincias para compensar las desigualdades salariales.
Pero ahora, por el Art. 552, se plantea que esto sea por “Acuerdo con las Provincias”. Para anular la responsabilidad del gobierno nacional sobre la educación y sus salarios, al decir que serán “las provincias, a cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación”, las que “acordarán cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”.
Así aplican lo dicho por Milei, de que no hace falta un ministerio porque la Educación está a cargo de las provincias. Algo inaceptable, que pone en riesgo la Paritaria nacional y el aumento que ahí se fija, incluyendo el aporte de Nación por $ 56.000 para el 1.2 millones de docentes del país, al pagar $ 28 mil por docente y hasta 2 cargos por Incentivo y Conectividad.
Esto es grave porque, según el ministro de Misiones, en la 128° Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) del 21 de diciembre, no hubo garantías del Incentivo y ahí no lo pagaron. Mientras el de Tierra del Fuego dijo que, según el CFE, hasta febrero se pagaba.
Pero con montos congelados, igual que el Presupuesto en los valores del 2023. Un ajustazo ante una devaluación del 120% y una inflación desbocada, que agrava la que se sufría con Massa y el PJ. Tampoco dan certezas sobre fondos de programas como “Una Hora Más” ni infraestructura. Solo ratificaron los 190 días de clases, pero sin presupuesto, no hay salarios dignos ni escuela pública de calidad.
El 24, movilizar en el país. Y seguirla con un fuerte No Inicio nacional
Por todo esto repudiamos el DNU que declara la educación como servicio esencial porque viola tratados internacionales como el de la OIT que la excluye. Ya que eso solo cabe si se pone en riesgo “la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población” (OIT, ver[3]). También los fallos de la Corte Suprema y de Tribunales Superiores de provincias o la Cámara Nacional del Trabajo que lo consideraron inconstitucional por vulnerar el derecho de huelga. Incluso el Art. 617 agrega que será “obligatorio el descuento” por los días de paro (ver[4]). Todo un punitivismo que solo confirma la concepción retrógrada de ver a la escuela en un rol de guardería.
Ante estas reformas, ajuste y privatismo, luchamos por tirar abajo el DNU y la Ley Ómnibus. Hay crisis educativa por las políticas capitalistas de estos 80 años, pero las transformaciones que demanda la escuela pública, debemos decidirlas democráticamente entre docentes, estudiantes y familias en un Congreso Pedagógico Nacional (ver acá).
Ante las pruebas estandarizadas (PISA, ERCE, Aprender), planteamos la Evaluación Social de las políticas educativas y los gobiernos que las aplican (ampliar acá y acá). Hay plata si dejamos de pagar la deuda al FMI y se destina a la escuela pública los millonarios subsidios que van las privadas, garantizando la continuidad laboral docente y de sus estudiantes, al estatizar toda escuela que cierre o no quiera seguir funcionando (ampliar acá).
Desde Alternativa Docente, impulsamos la coordinación nacional de gremios, seccionales y la FND (Federación Nacional Docente) para rechazar este paquetazo y llamar a movilizar al Congreso y a cada plaza del país el 24, en el marco del paro de la CGT y las CTA. Y vamos por su continuidad en un plan de lucha hasta derrotarlo. Exigiendo a la CTERA, pero si la Celeste transa, los sectores Multicolor y combativos debemos impulsar la lucha en defensa de la escuela pública, con un fuerte No Inicio de clases el 1° de marzo. Ese es el camino.
[1] El Art. 550 plantea sustituir el Art. 109 de la LEN (Ley 26.206), por este: “Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas”.
[2] El Art. 6º de la Ley de Educación, inciso c), fijaba: “En ningún caso los fondos percibidos por estas contribuciones podrán tener como contrapartida su publicación explicitada en términos publicitarios o propagandísticos del donante”. Esto se elimina por el Art. 557 de la Ley Ómnibus, sobre las cooperadoras escolares.
[3] OIT, Organización Internacional del Trabajo, Comisión de Expertos, 1983b, párrafo 214.
[4] Por el Art. 617 se incorpora a la Ley 24.185 un Art. 16 bis que establece: Será obligatorio el descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga.