La semana pasada el FMI ocupó las primeras planas por las reuniones que el canciller Santiago Cafiero llevó a cabo con diferentes funcionarios del gobierno de Estados Unidos, para “destrabar” la negociación en pos de firmar un nuevo acuerdo. Ésta el organismo sigue presente en los medios por el pago que espera de parte del gobierno, para el viernes, por la cifra de US$731 millones. Con las pocas reservas netas que quedan del Banco Central (BCRA) Alberto y Guzmán continúan con la estrategia de pagar sin reparos a sabiendas del carácter ilegítimo que tiene el préstamo Stand By contraído por el macrismo en 2018.
Nueva entrega en las vísperas de la “etapa crítica”
Antes de repasar los pagos que el gobierno se va a disponer a hacer a fin de este mes y principio de febrero, echemos un vistazo sobre los datos que llevan a decir al ministro de Economía, Martín Guzmán, que en marzo entramos en una “etapa crítica”.
Al día de hoy, las reservas brutas, según el último informe de la consultora 1816, alcanzan los US$38.945 millones. Al desglosar ese total encontramos que los encajes en dólares (sin tecnicismos: los depósitos de los ahorristas), llegan a un poco más de US$15.000 millones; el swap con China equivale a un poco más de US$20.000 millones[1] y casi US$3.000 millones más en concepto de préstamos con otros organismos internacionales. Así, según el informe citado, el poder de fuego del BRCA, en cuanto a reservas netas de libre disponibilidad, alcanzarían apenas los US$1.500 millones. Sin embargo, este número da en rojo si se descuentan los US$673 millones equivalentes a los derechos especiales de giro (DEG) y el dinero en oro (US$3.418 millones), alcanzando los US$2.579 millones (negativos) de reservas líquidas.
Sin importar el panorama descripto, cuando finalice esta semana el Tesoro girará al Fondo la suma de US$731 millones en concepto de capital. Cinco días después, el martes 1 de febrero, las arcas del país volverían a desangrarse por un nuevo pago al mismo organismo por US$372 millones, esta vez por intereses del préstamo. Y no todo termina acá, también en febrero, en caso de que el gobierno aún no haya cerrado el acuerdo de Facilidades Extendidas, el Club de París se llevará US$200 millones. Con los montos mencionados hasta el momento se alcanzaría la friolera de US$1.303 millones, una cifra que por poco emparda los US$1.500 millones que componen las reservas netas del Banco Central. La “etapa crítica” alcanza su sumun en el primer trimestre en marzo cuando las cancelaciones de pago, entre los dos organismos mencionados, supera la cifra de US$5.000 millones.
Podríamos decir que los números vuelven densa la lectura pero resulta necesario hacer este paneo para alcanzar algunas conclusiones importantes. Teniendo en cuenta la situación de las reservas, podemos afirmar que el gobierno está “rascando lo último de la olla” para pagarle al Fondo al punto de meter la mano sobre el dinero de los ahorristas. A pesar de que pueda existir una mínima ventana para aplazar el pago, entrando en la situación denominada arreas (atraso), el gobierno no piensa en desestimar la estrategia de pago permanente como lo ha hecho desde que asumió alcanzando los US$6.000 erogados en concepto de deuda. La situación actual ilustra una estafa ante el ahorro nacional, priorizando honrar una deuda irregular e ilegítima reconocida por el propio Fondo en su evaluación titulada Evaluación Ex Post.
Lobby sin fin para un acuerdo que profundiza el colonialismo
En medio de los pagos que el gobierno se va a disponer a hacer, las negociaciones por un nuevo acuerdo continúan sin descanso. Tanto los voceros del gobierno como los medios oficiales y también los que responden a la oposición de derecha, en un “baño de Realpolitik” no se cansan de expedir caracteres indicando que no hay margen para establecer un default y dejar de pagar una deuda ilegal que hasta fue judicializada por el propio gobierno. Siguiendo esta línea, durante el fin de semana, en La Nación, Jaime Rosemberg advirtió que altas fuentes del gobierno sentenciaron que “Los planes B que proponen defaultear no tienen plafón ni consenso. No nos vamos a suicidar y el acuerdo va a llegar. Malo, pero lo vamos a tener”.
Corporizando la declaración anterior, el lunes pasado, Jorge Neme, vicejefe de Gabinete, declaró: «el acuerdo es una dosis amarga de un remedio que tenemos que tomar, nadie lo hace con alegría”. También sumó a sus declaraciones que el país deberá sufrir “ algunos ajustes” . Una afirmación que delata los magros resultados que Cafiero pudo haber conseguido en Estados Unidos tras su larga estadía compuesta de reuniones con los principales funcionarios del gobierno norteamericano y un adelanto de que el gobierno, a pesar de las discusiones sobre si ajustar más tarde o ahora, como se hizo en la negociación con los fondos buitres, se terminará cediendo hasta con el último pedido.
Para reforzar estas definiciones y que no sean denunciadas por falsas acusaciones de la “extrema izquierda”, sólo hace falta seguir repasando más definiciones de funcionarios del gobierno del Frente de Todos. El director del Banco Nación y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, en una entrevista con BAE Negocios, resaltó: “Llegamos a una situación donde el FMI mantiene su oferta de siempre y que no ha garantizado ni más plazo, ni mejor tasa, ni eliminado los sobre cargos. Tampoco se hizo cargo de su corresponsabilidad (en el préstamo otorgado a Macri) y sigue apretando en materia fiscal”.
Las presiones en materia fiscal que exige el Fondo, que no es más que una aceleración del ajuste para reducir el déficit fiscal de forma más temprana y no después de 2023, sólo es una parte de los pedidos para estampar la firma del nuevo acuerdo. Al tiempo que intensifican las solicitudes para que la inflación no sea el único instrumento que “achique” el gasto y se corrijan nominalmente diferentes partidas referidas a educación, salud y jubilaciones, también los burócratas del Fondo piden que se cumplan, sin excepciones, una vez firmado el acuerdo, las metas que impondrán en las revisiones trimestrales. Algo que profundizaría el co-gobierno ya existente entre el organismo imperialista y el gobierno de Alberto, profundizando el carácter colonial del país.
A las calles para romper con el FMI
Que la deuda con el Fondo es ilegítima, plausible de ser categorizada como una deuda odiosa, ya no tiene discusión. No es motivo de esta nota profundizar sobre los argumentos de tal obviedad, expuestos en el artículo: Deuda externa. Fraudulenta, odiosa e impagable. Por tal motivo y ante la estafa que piensa convalidar no sólo el gobierno de los Fernández si no también la oposición de Juntos por el Cambio y los liberales (se convocarían sesiones extraordinarias del Congreso para sellar votar el acuerdo de entendimiento con el Fondo), es necesario impulsar la mayor movilización para repudiar estas políticas de saqueo y entrega hacia el conjunto de los trabajadores y sectores populares.
Sólo ganando musculatura, en la calle, conformando una fuerza social que repudie esta estafa, es posible cerrar la canilla de una deuda externa, ilegal, que también se volvió eterna desde el último gobierno de Isabel Perón, profundizada en el último gobierno dictatorial y legitimada por los siguientes gobiernos democráticos. Hay experiencias de defaults soberanos que sólo han tenido como resultado una mejora de la situación económica y social de los países que han tomado ese destino. Tal repaso de hechos históricos se puede encontrar en: Deuda externa y crisis estructural. ¿Qué pasa si no pagamos?.
Desde el MST en el FIT-Unidad, impulsamos la mayor movilización. El jueves 27 marchamos en unidad de acción a las 10 hs desde el Obelisco a la Plaza de Mayo. Y la semana próxima se reunirá nuevamente el amplio espacio de unidad que convocamos desde la izquierda y con el cual realizamos la masiva Jornada nacional del 11 de diciembre pasado. Vamos por una continuidad en la movilización.
La salida soberana propuesta, que tiene como eje romper con la sumisión al Fondo, es la única política existente capaz de terminar con el flagelo social que arroja cifras sociales alarmantes que ubican a más del 40% de la población en la pobreza.
[1] El swap que Argentina tiene con China es un acuerdo que no es de libre disponibilidad, debido a que el uso del mismo préstamo sólo es factible, sin recurrir a triangulaciones, en yuanes (moneda china).