Para plantar a la docencia ante el gobierno, continuamos el debate por una política integral que responda a la crisis. Ya abordamos el primero de tres aspectos, referido a la crisis educativa, sanitaria, social y quién decide en Educación. Ahora encaramos el debate sobre los subsidios a las privadas. Y queda pendiente cómo practicar un nuevo modelo sindical. Aspiramos aportar a ello.
En esta oportunidad abordamos el segundo de los aspectos, partiendo de debates en SUTEBA Multicolor, pero que atraviesan a sectores combativos, al frente de sindicatos y seccionales docentes. Para plantarse ante el gobierno, la derecha y la burocracia con una política integral, insistimos en la necesidad de indicar que sí hay plata para resolverla y de dónde sacarla.
Debate 2: La eliminación de los subsidios a las privadas
En ese sentido, en la jornada nacional del 10 de noviembre, un conjunto de gremios, seccionales y agrupaciones consensuamos y firmamos un programa con reclamos y propuestas. Como el pedido de aumento del presupuesto, señalando de dónde sacar los fondos: 1. Plata para salud y educación y no para el pago de la deuda externa. 2. Eliminar los subsidios a la educación privada. 3. Fuertes impuestos progresivos a la riqueza. Y rechazar el acuerdo de Alberto Fernández y el PJ con el FMI, que exige lo contrario.
Los dos últimos puntos se incorporaron al pliego, a propuesta de Alternativa Docente, ANCLA/MST y la FND, Federación Nacional Docente que agrupa a distintos gremios de provincias. Entonces no se expresaron objeciones, pese a que en los SUTEBA Multicolor, Ademys, la Lila de ADOSAC, el SUTE de Mendoza o en Seccionales de AMSAFE que conduce el Frente 4 de Abril, sí hay negativa a plantearlo. En particular, qué hacer con los subsidios a la Iglesia Católica, a las evangélicas y demás sectores empresariales de la enseñanza privada, que quitan fortunas a la estatal.
Sectores de los SUTEBA Multicolor se negaron a incluirlo en la jornada nacional. Y no lo levantaron los gremios y seccionales mencionadas, pese a firmarlo. Acá se suma otro problema, al ser de principios respetar los acuerdos. Es grave la diferencia entre lo que se dice y se hace, y alarma la negativa a reclamar la anulación de los millonarios subsidios a colegios privados, para volcarlos a la estatal.
En esta negativa, como en el tema de Congreso Pedagógico y la disputa educativa, coinciden Tribuna Docente/PO, la Verde de Tigre o la agrupación Granate de Bahía Blanca y el Encuentro Colectivo. Pero tampoco lo apoyó IS/Docentes en Marcha. Ni lo levantan las otras corrientes en conducciones Multicolor y de sectores combativos, al frente de gremios y seccionales o agrupamientos como el llamado Otro Sindicalismo es Posible o la Enriqueta Lucero.
Lo que es más grave para quienes se reivindican de izquierda. Porque PO e IS integran el FIT Unidad que propone, en el punto 9 del Programa: Una educación nacional, única, estatal, pública, gratuita y laica. Basta de subsidio a la educación privada. Fuera las iglesias de la educación. Separación real y efectiva de la Iglesia y el Estado. Es decir, medidas para la acción transformadora en educación.
¿Acaso hacen como el reformismo socialdemócrata del siglo pasado, que levantaba un programa solo para los días de fiesta…? Los pliegos reivindicativos y programas son para cambiar la realidad, no solo comentarla. Ante puntos estratégicos, hacia cambios radicales en educación, no es posible mirar a otro lado. Porque lleva al campo del privatismo.
A eso nos referimos con plantarse con una política integral a la crisis y el conflicto educativo. No sólo para debatir la profundidad o no de ciertas medidas. O disputar el sentido de la educación, a través de un Congreso Pedagógico Resolutivo. Sino, la oposición a seguir cuidándoles la plata a los obispos, iglesias evangélicas y demás empresarios de la educación.
Cuando se podría, por ejemplo, volcar esa plata a entregar dispositivos y conectividad gratuita a miles de estudiantes y docentes, ¿por qué vetan que se exprese en las consignas, mensajes, imágenes para la difusión, este reclamo…?
No se afectan ni los cargos docentes ni la matrícula estudiantil
Sabemos que, como pasa al reclamar el no pago de la deuda para destinarlo a Educación, podrían con el tema subsidios, surgir dudas o incluso planteos de que esto estaría bien, pero no es posible de hacer. Sabemos sobre la preocupación de docentes que trabajan en una escuela privada. O de quien, trabajando en la estatal, manda sus hijes a la privada. Y podrían entender que los subsidios son un mal necesario, que no se puede tocar. Por eso es un debate a dar, una lucha política.
No es la postura de la burocracia que, aduciendo tener afiliaciones de privadas, levanta una política funcional al privatismo. Son correa de transmisión del lobby de las iglesias y empresarios privados para que el Estado les garantice, con dineros públicos, el negocio educativo. La Celeste es una corriente reformista, ni hablar de la CGT abiertamente capitalista. Por eso no cuestionan la coexistencia de la privada y la estatal.
En vez de dar pelea por explicar que sí es posible terminar con los multimillonarios subsidios, los defienden con argumentos falsos. Como decir que esto afectaría el cargo o la matrícula de algún establecimiento. O que se iría contra una “escuelita parroquial, que llega donde el Estado no llega…”, como repiten la Celeste y los K. Argumentos falsos para justificar subsidios millonarios.
Porque sí, al quitarle esos subsidios, algún establecimiento no quisiera o dijera no poder seguir funcionando, el planteo es global: El Estado debe absorber esa escuela, garantizando los cargos y derechos a toda la planta docente, de dirección y auxiliar, así como a la matrícula estudiantil.
Esto fijan expresamente los proyectos de ley presentados por Alejandro Bodart en la legislatura porteña (ver aquí). Por Vilma Ripoll en la bonaerense (aquí) o Luciana Echevarría en la de Córdoba (aquí); junto al MST y Alternativa Docente. En los de Bodart y Echevarría, su Art. 3º garantiza: “Continuidad laboral del docente. El Ministerio de Educación incorpora a su planta a todo el personal docente, directivo y no docente proveniente de las instituciones educativas privadas que decidan reducir o cesar su actividad. Dicha incorporación debe ser de acuerdo al Estatuto del Docente, garantizando sus derechos salariales, laborales y educativos”.
Y su Art. 2º asegura la “Continuidad educativa del estudiante. Educación incorpora a la matrícula estatal a todo estudiante proveniente de instituciones educativas privadas, conforme a su nivel y modalidad”. Mientras el proyecto de Ripoll, dice en su Art. 5º: “En instituciones educativas privadas que reduzcan o cesen su actividad, la DGCyE asegura la matrícula estatal a los alumnos e incorpora a su planta al personal docente y no docente, respetando lo dispuesto por el Estatuto del Docente a fin de garantizar sus derechos salariales, laborales y educativos”.
Tampoco vale el cuento de la escuelita parroquial que educa por “caridad” y llega donde el Estado no… Porque es al revés: quien llega donde la privada no, es la estatal. Las privadas no están donde no hay lucro y rentabilidad asegurada, hasta con plata del Estado. Es decir, del conjunto de la sociedad, que le financia la enseñanza particular, confesional y anti derechos a un sector.
No plantearlo, lleva a claudicar a la Iglesia y los sectores privatistas, que tienen muchísimos recursos. En la provincia, Vidal les entregó $29.000 millones en 2019, al aumentar más del 300% los subsidios desde que asumió. Kicillof se los mantuvo y les agregó muchos millones más, vía los ATP para cubrir parte de los salarios docentes.
Montañas de plata puestas en bolsillos privados. Y como sigue el nivel presupuestario de Vidal y Macri en Educación, los subsidios bonaerenses se estiman en $60.000 millones para 2021. Algo inadmisible. Esa plata es la que sectores Multicolor se niegan a reclamar para que vaya a la estatal. Ni se dice que, como la marea verde, quien quiera un cura o escuela confesional, que se la pague.
Kicillof saca también plata del IOMA, la obra social, para dársela a las clínicas privadas. Lo rechazamos, pero ¿no que se saque plata de la estatal para darla a colegios privados y confesionales? Si alguien puede defenderlo, que lo haga. No con artimañas ni apelando a un veto antidemocrático en los CES Multicolor.
El PJ, la derecha y… el PO, bancan los subsidios a las privadas
A nivel nacional, la masa de subsidios ascendía a $58.000 millones en 2017 y se estima en $81.000 millones este año. Hay que cortar esa sangría hacia colegios que cobran cuotas que van de 3.000 a 5.000, 15.000, 25.000 y hasta 50.000 pesos mensuales. La misma Iglesia y patronales que gozan de otros beneficios como la exención del IVA y Ganancias. Y no pagan contribuciones patronales a sus docentes, como hace más de 15 años, al prorrogarlo con decretos de Cristina, Macri y hoy.
Esto lo deciden funcionarios públicos que mandan sus hijes a la privada. Como la reaccionaria “ministra” Acuña, al colegio Aletheia con cuotas de $43.000 al mes. Daniel Filmus, a la exclusiva escuela ORT y cuotas de $26.500 mensuales más la matrícula. O la vicepresidenta, cuya hija Florencia Kirchner, fue al María Auxiliadora en Río Gallegos. Y en Buenos Aires, al La Salle de Florida, con cuotas de $15.000 mensuales. Todos reciben subsidios del Estado…
Por eso, con Bodart, Ripoll y Echevarría presentamos proyectos de ley por “la obligatoriedad de todo funcionario político de educar a sus hijos en escuelas públicas y atenderse en hospitales públicos”. ¡Basta de funcionarios que miran a otro lado mientras la pública se cae, total, sus hijes van a la privada!
Por eso exigimos a CTERA y los gremios que llamen a instancias democráticas para organizar la lucha por estas medidas. ¿Cuál es el sustento de esta política? El informe de CTERA y Adriana Puiggrós de 2018 sobre la privatización educativa, fue lapidario: “El hecho de establecer que la educación de gestión privada es pública garantiza los subsidios a la educación privada: si la educación pública se financia con el presupuesto público, se considera que hay que financiar a toda la educación que se denomina como ‘pública’, incluyendo la pública de gestión privada” [1].
Este debate lo hacemos también para que cambien quienes no lo incluyen en SUTEBA Multicolor (PO, Tigre, Bahía), en AMSAFE Rosario, la Lila de Santa Cruz, SUTE de Mendoza o en Ademys. Algo que se ve también en los proyectos de ley de PO sobre la ESI, Educación Sexual Integral. Si bien dicen estar por su anulación, en ninguno de sus proyectos plantean eliminar los subsidios a las privadas ni cuestionan la norma que los estableció (la Ley 13.047 de Perón). Ni proponen nacionalizar toda la educación, en un sistema único y estatal. Al contrario, en su ley nacional el PO pide legislar [2] para todos “los establecimientos educativos públicos y privados” (Art. 1°).
Lo mismo el proyecto de PO en la Legislatura bonaerense [3] para dar ESI en “los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada dependientes de la DGCyE de la Provincia”. PO repite ese falaz criterio menemista de toda la escuela como “pública”, aunque de “gestión estatal o privada” y bancan su coexistencia.
Por eso, en junio de 2018, no vieron contradicción en firmarlo junto al PO, la jefa de Diputados del PJ, Florencia Saintout, el jefe de la bancada de Cambiemos, Abad y Elaisman por el Frente Renovador (ver aquí). Es que al hablar de fondos, solo piden hacer “las adecuaciones presupuestarias pertinentes” (Art. 8°), sin mencionar ni tocar los millonarios subsidios que Vidal destinaba a las privadas. Y una ley que no dice de dónde saldrá la plata, es papel pintado.
Educación estatal, única, laica, con perspectiva de género
Al contrario, como MST (FIT Unidad), con Bodart, Ripoll y Echeverría, presentamos proyectos para que: “A partir de la vigencia de la ley, se elimina todo tipo de subsidio estatal destinado a instituciones educativas privadas. Los fondos así ahorrados deben ser invertidos íntegramente en la educación estatal”. Consecuentes entre el decir y el hacer.
Es vergonzoso que no se haga así como Multicolor o desde ciertas conducciones combativas, porque se fue a las elecciones gremiales con ese mandato. Pero luego lo abandonan al estar en la conducción, defraudando a quienes votaron para luchar por ello. Hoy se lo oculta y niega, pese a firmarlo a nivel nacional. Ya que alguna corriente que dice tener la “justa” medición de las bases, impone al resto una política que claudica a quien comercia con educación.
Eso no tiene nada de democrático. A la burocracia y la casta política les criticamos que prometan una cosa y hagan otra. Entonces, deberían defender que están a favor o que cambiaron y creen que ahora no se puede; y que la iglesia y demás mercaderes de la educación, deben seguir recibiendo fortunas.
Es el debate que queremos dar. Por mayoría o minoría, pero es necesario ponerlo a consideración del conjunto. Porque solo así podremos lograr una ESI obligatoria, en todas las escuelas del país, con perfil feminista y disidente. Que permita despatriarcar la escuela.
Las escuelas religiosas, que reciben los subsidios de las provincias, son las que se niegan a aplicar la ley de ESI, excusándose en su “ideario”. Reciben plata del Estado, pero rechazan cumplir sus leyes. La escuela estatal es la única democrática porque no pone condicionamientos ni de extracción social ni de posicionamiento ideológico. Por eso hay que anular los subsidios a la educación confesional y privada.
En la jornada del día 10, se planteó además la “defensa de la escuela pública, gratuita, laica y con perspectiva de género”. Esta es la vía para lograrlo. Lo mismo en relación al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la campaña por el aborto, seguro y gratuito, en el hospital. O contra la violencia machista, como contenidos a garantizar en todos los establecimientos.
Levantar la exigencia de eliminar los subsidios para avanzar a un sistema único, nacional y estatal, permite confrontar la lógica del PJ, la derecha y la burocracia que bancan la privatización educativa y los subsidios. Una lógica transformadora y socialista requiere ir en sentido opuesto.
Hacia una educación como derecho social, garantizado por el Estado. Al aumentar el presupuesto al 10% del PBI y garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender. En una educación obligatoria, gratuita, científica y laica; democrática, participativa y que respete la diversidad cultural y de género, además de ecosocialista. Que forme integralmente, en un pensamiento crítico, dialéctico, con visión humanística y que aporte a una sociedad solidaria, justa y emancipada, una Argentina socialista.
[1] La privatización educativa en Argentina, Cap. 2, pág. 19. Bs. As., septiembre 2018. Ediciones CTERA
[2] Prensa Obrera, 6/7/2018. Romina Del Plá presentó un proyecto por educación sexual científica y laica
[3] Proyecto de ley D-1437/18-19, presentado por el diputado Kane de PO. La Plata, 3 de mayo, 2018