Daniel Zisuela. Un proxeneta en el poder

Concejal peronista del Frente Renovador, secretario general del sindicato de gastronómicos UTHGRA (Berazategui, Florencio Varela y Quilmes), presidente del Club Argentino de Quilmes y proxeneta. Daniel Zisuela tenía fuertes vínculos con el poder: vínculos necesarios para garantizarle silencio e impunidad.

A raíz de la denuncia de una joven de apenas 15 años, que se animó a contarle lo que estaba viviendo a su preceptora, comenzó la investigación a Daniel Zisuela. En noviembre de 2018 este fue detenido, acusado de “facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años” y otros delitos relacionados a la corrupción de menores y  abuso sexual.

Lo cierto es que este hombre poseía cuatro cargos en aquel entonces, un gran poder económico y una red importante de contactos. Desde esa posición reclutaba chicas en situación de gran vulnerabilidad, a las cuales mediante engaño y persuasión forzaba a mantener relaciones con él y las vendía a cambio de dinero. Este caso indigna por todo lo que representa: un personaje del poder utilizando a mujeres y jóvenes como si fueran mercancías propensas a ser usadas y desechadas. El capitalismo, y la sociedad con él son un sistema en descomposición que genera estas aberraciones como moneda corriente.

El modus operandi de Zisuela era siempre el mismo: tenía contactos que le proveían a las chicas con carencias económicas y vulnerabilidad social. Luego realizaba reuniones o almuerzos donde él y sus amigos elegían con quién se irían hacia departamentos u hoteles y donde cobraba por cada una de ellas. Las víctimas relataron cómo sufrían todo tipo de abusos y vejaciones, maltrato físico y verbal.

Tras casi tres años desde la detención, el pasado 25 de agosto comenzó el juicio contra Zisuela y su hermano Martín. Los testimonios de las víctimas comienzan a destapar una verdadera caja de Pandora, al señalar nombres de personalidades de la política y del sindicalismo regional partícipes de los «encuentros» que el ex edil organizaba.

Sin amparo estatal no hay trata

La trata es un delito económicamente organizado, con un circuito complejo que solo puede sostenerse con impunidad. Hay partícipes necesarios, como los comisarios, jueces, fiscales, punteros y otras autoridades políticas a cargo de alertar, impedir, encubrir o desviar los operativos, allanamientos o las investigaciones penales.

Zisuela no era un cuatro de copas, sino que su red, que funcionó durante cinco años, incluía desde trabajadores sociales hasta sindicalistas. Incluso en la primera audiencia trascendió que su red no solo funcionaba en Florencio Varela, sino que tenía contacto con otra red que funcionaba en Pinamar, donde las chicas eran llevadas.

Juicio y castigo a Daniel Zisuela

Estamos a días del fallo del juicio contra Zisuela. La investigación cuenta con más 3000 fojas, que incluye relatos contundentes de las víctimas y múltiples informes de especialistas.

Exigimos justicia por las más de 40 chicas abusadas por este personaje y su red. Sin embargo sabemos que vamos a necesitar más que un fallo para desmantelar por completo todas las redes de trata, sus mecanismos e impunidad. Desde Juntas y a la Izquierda desde hace tiempo venimos alzando la voz para erradicar la trata.

Cómo combatir la trata

Podemos mencionar en detalle herramientas legales sancionadas para combatir esta realidad, como el Protocolo de Palermo, firmado en el año 2000 por 117 países, el nuestro incluido. También, la ley argentina 26.634 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, aprobada en 2008 y modificada en 2012 para eliminar el llamado vicio de consentimiento. Sin embargo, lejos estamos de resolver el problema de fondo y la trata persiste, porque para desmantelarla necesitamos cambios profundos que incomodan a los políticos del sistema capitalista y que atentan contra sus propios negociados.

Hacen falta campañas públicas y masivas de prevención y de educación sexual integral desde la niñez. A su vez, es necesaria la participación de organizaciones anti-trata y de trabajadoras sexuales en los operativos y allanamientos, porque no confiamos en la misma policía que encubre a personajes como Daniel Zisuela. El Estado debe garantizar atención legal, médica y psicológica a las víctimas, con programas de reinserción laboral y casas-refugio.

Por otro lado, desde hace tiempo, venimos proponiendo una verdadera democratización del poder judicial, policial e institucional, para desmantelar las redes de impunidad y el amparo estatal. Eligiendo jueces y comisarios a través del voto popular.

Pero sobre todo, luchamos contra todas las causas que generan este tipo de delitos organizados: es decir el capitalismo patriarcal.

Camila Vallejos

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