El 11 de junio, por amplia mayoría, Diputados dio media sanción al cupo laboral travesti-trans. Es similar al Decreto 721, de hace diez meses. Este logro es fruto de años de lucha de la comunidad LGBTI. Pero su aplicación es tan limitada y lenta que se desvirtúa.
Para ser ley falta que lo vote el Senado. El texto con media sanción resume 15 proyectos legislativos:el primero lo presentó la Federación Argentina LGBT junto con ATTTA[1] y hay dos del FIT Unidad. El porcentaje de cupo laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero es del 1% de la planta permanente y contratada del Estado nacional en sus tres poderes, organismos, entes y empresas públicas.
Se abre un registro de aspirantes, habrá cursos de terminalidad escolar y capacitación, se habilita un incentivo fiscal a empresas privadas que tomen personas trans, se plantean créditos a tasa preferencial para emprendimientos trans y se habla de participación sindical y de las organizaciones sociales. La ley se llama Lohana Berkins-Diana Sacayán y su aplicación dependerá de una “unidad de coordinación” entre los ministerios de Mujeres, Trabajo, Educación y el INADI.
Un avance, pero limitado
Los nuevos puestos laborales no serán todos efectivos, ya que incluyen contratos: monotributistas, locación de servicios, etc. Hace años que el Estado, en vez de dar el ejemplo de estabilidad laboral, es el principal precarizador. Eso lo replica el empresariado privado, que precariza al amparo de la falta de control y combate estatal contra la informalidad laboral. Según los datos oficiales, del 35 al 40% de les trabajadores sufre precarización y por lo tanto restricción de derechos.
Tampoco compartimos que se exima de aportar sus cargas patronales por hasta dos años a las empresas privadas que empleen personas trans, en vez de disponer el cupo obligatorio. Y además la ley debería ser de orden público, o sea regir directamente en todo el país, evitando que cada provincia y la CABA tengan que “adherir” a ella para recién después empezar a aplicarla.
Aparte de estas divergencias, la principal crítica es que ya el decreto de cupo laboral trans, que el presidente dictó en setiembre de 2020, mostró la enorme distancia que hay entre las normas legales que reconocen algún derecho y su aplicación en la vida real.También hay leyes de cupo en siete provincias y unos 50 municipios. Y desde ya, más vale ley que decreto. Pero la implementación del cupo no es sólo muy lerda, sino encima muy escasa: alguna repartición toma quizás una compañera trans ahí, otra por allá, pero en definitiva no hay cambios significativos en la realidad del colectivo travesti-trans, signada desde siempre por la marginalización y la exclusión.
A exclusión integral, ley integral
Esta dura situación nos la recuerda que el mismo día que se votó esta ley de cupo, 11 de junio, se cumplen ya tres meses sin Tehuel de la Torre:el pibe trans de Alejandro Korn que salió a ver una changa laboral y desapareció sin que hasta ahora el Estado haya dado ninguna respuesta. Nos la recuerda la aparición del cuerpo del joven trans Santiago Cancinos, en Salta, hallado por casualidad cuatro años después de su desaparición. Nos la recuerda la imagen de Zulma Lobato, por TV, todavía buscando trabajo. Nos la recuerda, con crudeza, cada travesticidio cometido en alguna ciudad del país.
La exclusión social que sufre el colectivo trans, travesti y también no binarie es integral, y más aún en este contexto de pandemia. Se expresa en todos los ámbitos de la vida: familia, educación, salud, trabajo, vivienda, salud, previsión y demás derechos fundamentales. En la Argentina, el 73% de esa población no accede a la educación básica, el 98% en edad laboral no tiene un empleo registrado, y más del 80% ejerce el trabajo sexual o prostitución como única opción para sobrevivir[2], sumando a su vulnerabilidad la violencia policial y judicial.Y para quienes en esas condiciones logran sobrevivir más de 35 o 40 años, la mitad del promedio de vida general, no hay ninguna pensión reparatoria ante todo ese abandono y violencia estructural del Estado.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que dirige Elizabeth Gómez Alcorta habla mucho, demasiado, pero hace poco y nada[3]. En plena pandemia, que tanto afectó y sigue afectando a la comunidad trans, se limitó a otorgar a poco más de 4.000 compañeras trans un subsidio del programa Potenciar Trabajo por apenas $ 12.636 por mes[4]. ¿Qué clase de solución es ésa, que ni siquiera merece llamarse paliativo?
Entonces, por ley, decreto o lo que sea, el primer reclamo es que el cupo laboral trans se cumpla de inmediato. Y para eso no hace falta dar mil vueltas burocráticas ni esperar a que se abran unas pocas vacantes de personal por baja vegetativa, o sea por renuncia o muerte: ya mismo en el Estado hay déficit de miles de auxiliares de portería, docentes, enfermeras, personal de salud, administrativo, de limpieza, de maestranza, de todo. Junto con eso, como deuda pendiente, el Congreso debe aprobar el proyecto de ley integral trans que presentó la FALGBT, que integramos. Sólo con la lucha nuestro colectivo logrará las respuestas integrales y efectivas que necesitamos.
Pablo Vasco y Micaela Escobar
Libre Diversidad – MST
[1] Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina.
[2]http://cosecharoja.org/una-ley-para-llenar-el-estado-de-travestis-y-trans/
[3]https://periodismodeizquierda.com/mas-verso-de-genero-plan-nacional-de-igualdad-en-la-diversidad-2021-2023/
[4] Equivalente a medio salario mínimo vital y móvil.