El pedido de juicio político para la destitución surge luego de que el fiscal general Juan Manuel Delgado y el adjunto Pablo Bustos Fierro firmaran un dictamen en el que reconocen al ex-legislador y conocido antiderechos Aurelio García Elorrio como representante de «los niños por nacer» y «los no deseados» para impedir la implementación de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo).
Juan Manuel Delgado, fiscal general de la provincia de Córdoba, fue nombrado este año con el impulso y la aprobación en la Legislatura por parte del schiarettismo y contando con el apoyo del kirchnerismo local. El funcionario es parte del círculo más cercano de Hacemos por Córdoba, formado con un perfil pro-empresarial y fuertemente anti derechos. Estuvo vinculado con el Portal del Belén, ONG dirigida por García Elorrio y encargada de presentar un amparo que impidió la aplicación del protocolo de aborto no punible en nuestra provincia, atrasando nuestra legislación un siglo. Además de ser parte de un estudio jurídico que patrocinó un amparo para impedir la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y el uso de la pastilla del día después.
Este dictamen es un nuevo ataque contra los derechos que conquistamos; por ello, la legisladora y precandidata a diputada Luciana Echevarria del MST en el FIT-Unidad impulsa desde su banca en la Legislatura cordobesa la realización de un juicio político para la destitución del funcionario: “A las mujeres nos costó años de organización y lucha colectiva conquistar el elemental derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y hay algunos que piensan que pueden seguir obstaculizando nuestra decisión. Personajes como Delgado se creen que están por encima de todo, incluso de las leyes que con tanto sacrificio logramos y no se lo vamos a permitir. Cuando lo designaron, con el apoyo del schiarettismo y del Frente de Todos, denunciamos que era un fiel representante del poder eclesiástico, empresarial y político de la provincia. Hoy lo ratificamos y por eso le iniciaremos un juicio político” dijo Echevarria.
“Es inadmisible que la persona que tiene a su cargo, nada más y nada menos que la defensa del interés público y el derecho de las personas, desconozca de manera tan grosera las leyes fundamentales de nuestro país. La Constitución Nacional y los tratados internacionales -con jerarquía constitucional- consagran expresamente el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Que el Fiscal General de la provincia los desconozca es motivo más que suficiente para pedir el juicio político a Delgado” concluyó.
Así como los conquistamos, tenemos que defender nuestros derechos redoblando la lucha en las calles.