Las trabajadoras de las Agencias Territoriales de Córdoba y Río Cuarto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación (MTEySS) están en alerta y organizadas porque su derecho a un espacio laboral libre de acoso y violencia está siendo vulnerado.
Esto es porque el 1 de agosto del 2021 ha reingresado a la Agencia en calidad de aspirante a planta permanente una persona con antecedentes de acoso y violencia a más de 20 compañeras mujeres dentro del organismo. La historia de cómo eso es posible, combina la política laboral tanto del macrismo como del actual gobierno y desnuda una falta de perspectiva de género absoluta, tanto de las autoridades gubernamentales como así también de las conducciones sindicales.
En 2015 el ejercicio de violencia física contra una compañera fue la gota que colmó el vaso. Así, más de 20 compañeras se animaron a denunciar los hechos de acoso y violencia sufridos y elevaron una nota a recursos humanos con la firma de todas. Esto devino en un acta sumarial que cuenta con numerosos testimonios de las distintas situaciones padecidas y se compila en el expediente 1-979-1746-2015. Lamentablemente, la política de ajuste del macrismo hizo que esta persona fuera despedida sin causa en diciembre del 2015, lo que dejó sin efecto el acta sumarial, pero no caducó un concurso rendido por este mismo trabajador en 2014. Por lo tanto, cuando el gobierno de Alberto Fernández reactivó algunos concursos en el área del Estado, esta persona figuraba en una lista de orden de mérito y terminó reingresando al organismo en agosto de 2021. Así se llega a esta situación donde, como bien denuncian las compañeras, “el conjunto de trabajadoras hostigadas comparte el mismo espacio de trabajo con su agresor”.
Esos son los hechos, ahora bien cuáles son las causas que explican esta gravísima situación, nadie mejor que las propias trabajadoras para explicarlos. En su comunicado ellas detallan: “Esta alarmante situación es producto de un sin número de errores dentro del organismo y la existencia de un vacío legal en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector (SINEP) que no permite vincular los antecedentes administrativos y penales de la persona que ingresa a la Administración Pública Nacional, salvo que exista sentencia firme en la Justicia. Por ende, se está vulnerando el derecho de quienes somos trabajadoras de tener un ámbito laboral libre de acoso y violencia, garantía que debería ser una prioridad en el país y de manera particular para el Ministerio, dado que la Argentina ha ratificado mediante Ley 27.580 el convenio 190 de OIT sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo”.
Es decir, no basta con el testimonio de 23 compañeres, ni siquiera con la existencia de un acta sumarial; bajo el criterio de la presunción de inocencia lo que se hace es revictimizar al conjunto de compañeras que no están pidiendo de ninguna manera que se lo despida, sino que se evite que comparta espacios con sus víctimas. Pero la máxima autoridad del área de Recursos Humanos no dio lugar al pedido y la única respuesta de las autoridades locales fue ubicar al trabajador en el subsuelo, con la vieja y conocida práctica de esconder los problemas bajo la alfombra, exponiendo de esta manera aun más a las compañeras que deben pasar por ese espacio por distintas tareas laborales cotidianas.
Frente a tanto atropello, las trabajadoras en múltiples asambleas han resuelto y llevado a cabo todas las medidas administrativas posibles para ser escuchadas, pero lamentablemente no han tenido respuesta y es por eso que el 26 de agosto solicitaron una audiencia con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. A casi un mes de la solicitud no obtuvieron ninguna respuesta.
El miércoles pasado se reunieron con la legisladora Luciana Echevarría, que se comprometió a dar la máxima difusión al caso y desde el MST seguiremos acompañando todas las medidas que las compañeras resuelvan hasta lograr su reclamo: poder trabajar en un ámbito libre de acoso y violencia. Porque tal como ellas denuncian: “Resulta paradójico que, teniendo un gran abanico de instrumentos legales en favor de las mujeres en Argentina, no se pueda avanzar en garantizar medidas de protección de la vida e integridad de las trabajadoras. ¡Basta del atropello a nuestros derechos, porque nuestras vidas están en juego!”.
Para acompañar el reclamo de las trabajadoras, sumá tu firma en este enlace https://chng.it/mp7QtXVP