En el día de ayer la docente y legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, reclamó públicamente que se pusieran de inmediato las cámaras de vigilancia de la zona a disposición de las organizaciones, a los fines de poder dilucidar cuánto antes quiénes fueron los responsables de los ataques ocurridos en la masiva movilización del 8F contra el acuerdo con el FMI.
En tan sólo minutos, el Ministro de Seguridad, a través de la cuenta oficial de Twitter del Ministerio debió anunciar que pondrían a disposición de la Justicia los registros fílmicos, en clara respuesta al requerimiento formulado por la Legisladora.
De igual modo se debe señalar que no se puede confiar en una investigación seria por parte de un Poder Judicial adicto al poder político. Tan es así que Raúl Garzón, fiscal a cargo de la causa, se apuró en los medios -sin ninguna prueba- a desligar a la policía de Schiaretti de los hechos y aún peor aventuró la hipótesis de que no hubo ningún ataque sino un enfrentamiento entre militantes. Algo absolutamente falso.
Justamente por eso es que desde el MST y otras organizaciones exigimos que todas las agrupaciones participantes de la movilización sean informadas permanentemente de los avances de la investigación y tengan pleno acceso a los registros fílmicos.
En nuestra provincia la militarización de las movilizaciones y la demonización de la protesta social son moneda corriente. Schiaretti se ha encargado de fortalecer a la policía, dándole plenos poderes y habilitándola para actuar de manera mafiosa y criminal, así lo demuestran los numerosos casos de gatillo fácil y todos los delitos en los que está involucrada. Sí actúan de esta manera es porque hay plena connivencia con el poder judicial, que hace la vista gorda frente al abuso policial y persigue a los manifestantes, de hecho, Garzón está a cargo de una fiscalía cuya única función – según figura en la web oficial del Ministerio Público Fiscal- es “actuar ante posibles ilícitos cometidos en conflictos sociales”. Es decir, una fiscalía completa encargada de la persecución a la protesta social, que lógicamente se incrementa en la provincia al compás del crecimiento de la miseria y la crisis económica, de la cual es corresponsable el gobierno de Schiaretti.
Mientras un adolescente de 15 años pelea por su vida, luego de ser apuñalado en este brutal ataque, las organizaciones sociales y todo el arco político que se reivindica democrático no puede menos que repudiar este hecho y exigir que se avance a fondo con la investigación para llegar a la verdad, a tener justicia garantizar que hechos como este no sucedan nunca más y sólo con la movilización amplia y unitaria podremos lograrlo.