En el marco de la presentación en la Legislatura de Córdoba de dos proyectos para criminalizar la protesta social (Córdoba. Oficialismo y oposición buscan criminalizar la protesta social), diversas organizaciones, políticas, sindicales, sociales y estudiantiles han lanzado una convocatoria abierta a todos los actores políticos y sociales para conformar una multisectorial y organizar el rechazo a estos proyectos.
Convocatoria a la conformación de una multisectorial contra los proyectos que intentan avanzar en la criminalización de la protesta social
Reunión: jueves 27 de octubre 19 horas en el Sindicato Luz y Fuerza. Dean Funes 672. Tercer piso.
Rechazamos cualquier intento de limitar el derecho a la protesta
Se tratan en la unicameral dos proyectos que buscan prohibir y sancionar la protesta social. Uno es de autoría de Juan Manuel Cid (integrante del bloque de Hacemos por Córdoba) y otro de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta (miembros de Juntos – UCR). Los mismos cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio y otras entidades patronales y buscan impedir la protesta social, dándole más poder a la policía y a la Justicia y cercenando un derecho elemental. Proyectos similares fueron presentados en el Concejo Deliberante por los mismos bloques que en la unicameral.
El lógico crecimiento de la protesta social es producto de las políticas de ajuste aplicadas por el mismo gobierno que hoy pretende prohibirla. El ataque al salario, a las jubilaciones, la falta de trabajo, de vivienda y la defensa del ambiente, los casos de gatillo fácil por parte de la policía y los derechos de las mujeres son los principales reclamos de esas protestas y en todos los casos la responsabilidad es del propio gobierno. Para acallar y reprimir los reclamos populares, desde la legislatura lanzaron una campaña reaccionaria contra el “derecho de protesta”, cuando deberían resolver las causas que las generan.
Los sectores que atacan permanentemente las libertades populares exigen que sea respetado su derecho a circular por sobre el derecho a protestar. Cuando colisionan derechos siempre debe darse prioridad al más elemental e importante de los dos, en este caso se hace evidente que debe prevalecer el derecho a la alimentación, al trabajo, a cobrar un sueldo digno, a la vivienda, a vivir en un ambiente sano y libre de violencias. Las protestas expresan justamente que no se han resuelto las necesidades más básicas de la población y que por eso miles salen a las calles para ser escuchados.
El ataque al derecho de la protesta y libertades democráticas se da en momentos en que la provincia de Córdoba se encuentra sumergida en una gravísima crisis social con el 40% de la población pobre, y el 10% en la indigencia ¿Cómo se pretende que los trabajadores no se manifiesten cuando el salario y las jubilaciones no alcanzan para lo básico y las paritarias son a la baja? ¿Cómo quieren que las mujeres y disidencias abandonemos la calle si cada día nos matan por el solo hecho de serlo? ¿Cómo los activistas ambientales van a dejar de reclamar si el poco monte que tenemos arde bajo el fuego del agronegocio? ¿Cómo van a sacar a las organizaciones sociales de la calle si la pobreza y la indigencia avanzan y cada día se hace más difícil para los sectores populares poner un plato de comida en la mesa? La legislatura debería responder esos reclamos, y no impulsar la represión.
La avanzada contra el derecho constitucional a la protesta está enmarcada en un accionar sumamente discriminatorio y persecutorio. Denunciamos que detrás de los proyectos presentados el gobierno y los funcionarios públicos están desarrollando toda una cobertura política y social que busca criminalizar y estigmatizar a las personas que se manifiestan. Con estos proyectos se le otorga más poder a la policía de Córdoba que asesinó sin miramientos a Blas Correa y tantos más. Y también a un poder judicial corrupto, que mete preso al ladrón de gallinas y protege la impunidad de los ladrones de guante blanco.
Pero la gravedad de los proyectos en cuestión es mucho más profunda aún, ya que al atacar el derecho a la protesta se ataca el único derecho que tiene la capacidad de generar el surgimiento de nuevos derechos, defender y ampliar los ya conquistados. Lo decimos más claro aún, todos los derechos de los que gozamos actualmente han sido conquistados gracias al derecho democrático, humano y constitucional a la protesta y es justamente por eso que lo atacan y que debemos defenderlo ¿Cómo? En las calles y con la más amplia unidad de todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, vecinales, políticas y de derechos humanos. Hay una clara intención del oficialismo y de la oposición reaccionaria de Juntos-UCR, Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal, de aprobar estos proyectos.
Exigimos el retiro de ambos proyectos. Llamamos a la población trabajadora, a las organizaciones sindicales piqueteras, de mujeres y diversidades, centros de estudiantes a enfrentar esta política discriminatoria y violatoria de derechos. Reclamamos al gobierno que resuelva la desesperante situación de franjas cada vez más amplias de la sociedad, dando respuestas concretas a las exigencias más elementales de los trabajadores y los sectores populares.