Este lunes que pasó tuvo como hecho significativo el acuerdo que los gobernadores llevaron a cabo con el presidente. Se firmó el nuevo Consenso Fiscal donde la mayoría de los ejecutivos provinciales (23)[i] adhirieron, a pesar de la única negativa del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Con debates empapados de demagogia, el esquema tributario regresivo de las provincias se perpetúa en acuerdo con Alberto Fernández.
Los días previos a la firma las discusiones estuvieron trazadas por dos posiciones que las coaliciones mayoritarias (aunque con diferencia a su interior) ofrecieron a su tribuna. Por parte del gobierno se buscó exponer la progresividad que significaba el nuevo acuerdo, más que nada por la reintroducción al debate de un impuesto a la herencia. Además, luego de la rúbrica de los 23 gobernadores se mostró una “nueva victoria” de la rosca política -luego del traspié con la ley de presupuesto- para informarle al Fondo el acuerdo político de todas las fuerzas del régimen de cara al nuevo acuerdo que se negocia.
En cambio, las palomas y los halcones del PRO empiezan a perder sus diferencias. Con un discurso teñido por la charlatanería liberal, Larreta se negó a firmar el acuerdo y se mostró contra la suba de cualquier tipo de impuestos, un doble discurso en defensa acérrima de las patronales.
El Consenso: entre la farsa progresista y la resistencia de derecha
Como novedad más importante del Consenso firmado, se encuentra la libertad otorgada por parte del presidente a todos los gobernadores para aumentar ciertos impuestos, pero colocando topes totales para las mismas. También se habilitó la posibilidad de aplicar un impuesto a la herencia, ítem existente antes de que la última dictadura militar de 1976 lo eliminase, la única provincia donde se reestableció es en Buenos Aires desde 2011.
Este último elemento fue promocionado por el gobierno para fortalecer un doble discurso “progre”, a tal punto que el presidente comentó que con este nuevo impuesto se busca la “progresividad del sistema recaudatorio y que paguen los que más tienen y que dejen de pagar los que menos tienen”. Algo demasiado distorsionado de la realidad ya que, como lo afirma el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre un 70 y un 75% de la recaudación se compone por impuestos regresivos. El IVA es el principal ejemplo de estos, un impuesto que pagan todos los trabajadores y los sectores populares mientras que Bienes Personales sigue siendo un gravamen ínfimo en relación al anterior favoreciendo así a los sectores concentrados.
De parte de la derecha, la discusión sobre el impuesto a la herencia fue motivo para confrontar al gobierno. El discurso meritocrático se echó por la borda en pos de salvaguardar y no afectar, ni siquiera de forma mínima, las riquezas de los sectores acomodados. Esto sucedió por partida doble, ya que la Unión Industrial Argentina (UIA) se quejó por el futuro aumento de Ingresos Brutos[ii], advirtieron demagógicamente que “tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares”.
Unidad en favor del Fondo
La firma del nuevo Consenso Fiscal es un paso más para demostrar al Fondo una unidad del régimen político. Es un elemento requerido por los burócratas de Washington para terminar de dar el visto bueno en pos de cerrar el préstamo de Facilidades Extendidas. Todas las negociaciones realizadas para la firma de este acuerdo tienen como trasfondo la letra del FMI. La libertad concedida para aumentar la recaudación por la vía de algunos impuestos tiene como motivo la posibilidad de generar recursos locales, ya que la caja nacional va a estar custodiada por el organismo imperialista con motivo de asegurarse los recursos necesarios para su cobro.
A pesar de las discusiones en la oposición y la negativa de Larreta, la firma de gobernadores como Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales[iii] (Jujuy) muestran el apoyo a la orientación política mencionada que lleva a cabo el Frente de Todos de la mano del FMI.
Lo acordado, a pesar de la propaganda oficial que lo muestra como progresivo por el debate mencionado, no es más que una tarea al servicio de pagar la fraudulenta deuda externa. En palabras de Alberto Fernández, este acuerdo “sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo. Nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales”.
Como lo sostenemos desde el MST en el FIT-U, este acuerdo lejos está de ubicarse al servicio de las necesidades de las grandes mayorías y terminar con un régimen impositivo regresivo. Revertir esta situación va conformar parte de las próximas luchas, para terminar con la injusticia de que todo el peso recaiga sobre quienes viven de su propio trabajo, haciendo que los grandes capitalistas, los que más tienen, sean los que paguen.
[i] San Luis y La Pampa no firmaron, aunque si adhirieron. Estas dos provincias no habían rubricado el acuerdo de 2017 que ayer fue revisado y modificado con el nuevo Consenso fiscal.
[ii] Es el impuesto que recauda a partir de gravar la actividad económica.
[iii] Actual presidente de la UCR.