La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto oficial para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora deberá ser tratada por el Senado. El Gobierno busca limitar al máximo la asistencia del BCRA al Tesoro y convertir la preservación del valor de la moneda en su objetivo central, dejando atrás funciones vinculadas al empleo y al desarrollo económico.
Un Banco Central con un solo objetivo
Javier Milei consiguió este miércoles una nueva victoria legislativa. La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos que el Gobierno considera centrales para consolidar su programa.
La iniciativa fue aprobada por 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, con el acompañamiento de La Libertad Avanza y sus principales aliados legislativos, entre ellos el PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales. Ahora el proyecto deberá atravesar el Senado.
Milei celebró inmediatamente la votación y calificó la reforma como un “paso fundamental” para terminar con la inflación. Pero detrás de la retórica oficialista aparece una discusión mucho más profunda: qué función debe cumplir el Banco Central y al servicio de quién debe estar la política monetaria.
Uno de los cambios centrales establece que la misión primaria y fundamental del BCRA será preservar el valor de la moneda. La modificación elimina del centro de la Carta Orgánica otros objetivos incorporados en la reforma de 2012, como la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Desde el Gobierno presentan este cambio como una forma de terminar con la “dominancia fiscal” y evitar que la emisión monetaria sea utilizada para financiar al Estado. El problema es otro: convertir la estabilidad monetaria en el objetivo prácticamente excluyente de la autoridad monetaria significa subordinar otras necesidades sociales a la lógica de la disciplina fiscal y financiera.
El Banco Central deja así de ser pensado como una herramienta para intervenir sobre distintos aspectos de la economía y queda cada vez más limitado a preservar el valor de la moneda.
Sin financiamiento al Tesoro
El proyecto también establece restricciones mucho más fuertes sobre la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional. En particular, elimina los mecanismos de adelantos transitorios y limita la posibilidad de utilizar instrumentos monetarios para asistir financieramente al Estado.
El oficialismo sostiene que de esta manera se terminará con la emisión destinada a cubrir el déficit fiscal. Pero hay una cuestión que el discurso libertario suele esconder: el problema no es solamente cuánto dinero emite el Banco Central, sino por qué existe déficit, cómo se distribuyen los recursos y quién termina pagando las políticas de ajuste.
Un Estado que no puede utilizar determinadas herramientas monetarias queda con menos margen para intervenir frente a una crisis económica, sostener políticas contracíclicas o financiar determinadas necesidades extraordinarias. En cambio, el ajuste fiscal se transforma en una regla prácticamente permanente.
La “independencia” del Banco Central
Otro de los aspectos de la reforma es el fortalecimiento de la autonomía del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. El proyecto endurece además las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio: se establece una causal grave y una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para avanzar con una destitución.
El Gobierno presenta esto como una garantía de independencia institucional. Sin embargo, la pregunta que debería hacerse es independencia respecto de quién. Porque un Banco Central puede ser independiente del Gobierno de turno y, al mismo tiempo, actuar bajo fuertes condicionamientos de los mercados financieros y de los grandes grupos económicos. La autonomía de una institución no garantiza por sí misma que sus decisiones beneficien a las mayorías populares.
El modelo económico convertido en ley
La reforma debe leerse dentro del programa general de Milei. El Gobierno busca consolidar el equilibrio fiscal, restringir la emisión, avanzar con privatizaciones y limitar la capacidad del Estado para intervenir en la economía.
La modificación de la Carta Orgánica del BCRA apunta justamente a convertir esos principios económicos en restricciones institucionales de largo plazo. No se trata solamente de una reforma técnica.
Si el Senado finalmente la convierte en ley, el próximo gobierno encontrará un Banco Central con herramientas mucho más limitadas para financiar al Tesoro y con un mandato concentrado en la estabilidad monetaria.
Es decir, Milei intenta dejar atado el funcionamiento de la política monetaria a los pilares de su propio programa económico, incluso más allá de su mandato presidencial.
La mayoría que necesita Milei
La votación también dejó otra señal política. El oficialismo consiguió aprobar el proyecto porque logró reunir una mayoría con sectores que, aunque no forman parte de La Libertad Avanza, vienen acompañando buena parte de la agenda económica del Gobierno.
PRO, UCR, MID y diferentes bloques provinciales fueron fundamentales para alcanzar los 144 votos. Esto muestra nuevamente que Milei, pese a su discurso contra la “casta”, necesita de los sectores tradicionales de la política para avanzar con las reformas estructurales de su gobierno.
La motosierra necesita votos. Y esos votos aparecen mediante negociaciones con gobernadores, bloques provinciales y dirigentes que el propio Milei cuestionó durante su campaña. En este tema en particular, además hubo escándalos y denuncias a la hora de la votación, con la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman denunciando compra de votos y mostrando la podredumbre que hizo que los votos alcanzaran.
¿Y los trabajadores?
El problema central es que la discusión sobre la inflación suele presentarse como si existiera una única causa: el déficit y la emisión.
Pero la economía argentina tiene múltiples factores que determinan la evolución de los precios: concentración empresarial, estructura productiva, dependencia de insumos importados, deuda, tipo de cambio y puja distributiva, entre otros.
Reducir toda la discusión a la emisión monetaria puede terminar ocultando quiénes tienen capacidad para fijar precios y quiénes pagan las consecuencias de las políticas antiinflacionarias.
Los trabajadores no controlan la emisión del Banco Central. Pero sí pagan cuando el ajuste fiscal implica salarios deteriorados, jubilaciones insuficientes, menor gasto social o caída de la inversión pública.
Por eso, no alcanza con preguntarse cómo bajar la inflación: hay que discutir quién paga el costo de hacerlo.
El debate que viene en el Senado
La media sanción representa una victoria para Milei, pero todavía no es ley. El proyecto deberá ser tratado por el Senado, donde el oficialismo también necesitará construir acuerdos.
Mientras tanto, el Gobierno buscará presentar la votación como una señal de consolidación de su programa económico. Pero la reforma abre una discusión que excede al Banco Central.
¿Queremos una autoridad monetaria subordinada exclusivamente al objetivo de estabilidad de precios o una política económica que también tenga como prioridades el empleo, el desarrollo productivo y las necesidades sociales?
La política monetaria no puede estar al servicio de los bancos y los mercados financieros. Debe formar parte de una planificación económica que permita orientar el crédito, controlar los movimientos especulativos y poner los recursos financieros al servicio de la producción y de las necesidades populares.
La media sanción de Diputados es, por ahora, un nuevo paso de Milei para institucionalizar su modelo. El desafío para quienes se oponen al ajuste será impedir que las reglas económicas queden blindadas mientras los trabajadores siguen pagando la crisis.
¿Qué Banco Central y qué sistema financiero necesitamos?
Desde la izquierda, el debate no debería limitarse a defender la Carta Orgánica vigente. Hay que discutir para qué queremos un Banco Central y a quién debe servir el sistema financiero. La actual Carta Orgánica le asigna al BCRA funciones que incluyen regular y orientar el crédito, proteger a los usuarios de servicios financieros y contribuir al desarrollo económico con equidad social.
Frente al proyecto de Milei, que busca quitarle herramientas al Estado y concentrar su misión en preservar el valor de la moneda, proponemos exactamente lo contrario: un Banco Central público, bajo control democrático de trabajadores y usuarios, que oriente el crédito hacia la producción, la vivienda y las necesidades sociales, y no hacia la especulación financiera.
Esto implica terminar con el negocio de los bancos privados sobre el ahorro de millones de personas y avanzar hacia un sistema financiero público y nacionalizado, integrado por el Banco Central y los bancos estatales, con el Banco Nación como una de sus principales herramientas. El crédito debe ser considerado un instrumento de desarrollo y no una mercancía.
También planteamos control de cambios y de los movimientos de capitales, para impedir que los grandes grupos económicos puedan fugar libremente los dólares generados por la economía argentina. Las divisas producidas por el trabajo y los recursos del país deben estar bajo control público y utilizarse para las necesidades sociales y productivas.
Y hay una cuestión fundamental: no alcanza con controlar la emisión si se dejan intactos los mecanismos mediante los cuales los grandes grupos económicos fijan precios, fugan capitales y especulan con la deuda. La estabilidad monetaria debe ser un objetivo, pero no puede conseguirse a costa de salarios, jubilaciones, empleo y derechos sociales.
Por eso, frente a la reforma de Milei, la alternativa es poner el Banco Central y el conjunto del sistema financiero al servicio de un plan económico democrático, decidido por las mayorías trabajadoras. Porque el problema no es que el Estado tenga demasiadas herramientas: el problema es que esas herramientas no estén bajo control de quienes producen la riqueza y terminen siendo utilizadas para beneficiar a bancos, fondos de inversión y grandes empresas.
No queremos un Banco Central independiente de las necesidades populares. Queremos un sistema financiero independiente de los banqueros y subordinado a las necesidades de trabajadores y trabajadoras.
