Finalmente se conoció la condena a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa Vialidad. La sentencia que dieron a conocer los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, es de 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También dictó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Un fallo que no va a fondo contra la corrupción inherente a todos los gobiernos capitalistas, muestra la parcialidad del poder Judicial e impone inhabilitaciones políticas que nada tienen que ver con intentar de verdad buscar justicia.
Después de las 17 hs se conoció la condena por la causa de corrupción que investigaba las irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz para beneficiar a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Tras el episodio de ayer quedó demostrado una justicia adicta a los intereses políticos de los diferentes partidos políticos del régimen.
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Resolver la situación de corrupción estructural no es algo que se pueda bajo la estructura de una justicia clasista, que funciona como un órgano corporativo que no es elegido por el voto popular y detenta cargos vitalicios. Una justicia que no investiga de verdad los casos de corrupción que tienen como responsables al PJ y al macrismo, impidiendo que el pueblo sepa qué se hace con el dinero de la obra pública y se castigue efectivamente todo tipo de corruptela.
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Una comisión investigador, un organismo similar a la CONADEP, pero de la corrupción, es la única forma para que personalidades intachables de diferentes sectores puedan ir a fondo en estas causas. Con el poder de acceder a todo tipo de información y documentos necesarios, para poder castigar efectivamente todo tipo de corruptela.