Foto. Ariel Espósito
Tras el duro revés que obligó al gobierno a retirar el capítulo de extranjerización de tierras, el oficialismo logró el quórum para debatir el resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La sesión avanza mientras se va nutriendo la movilización.
El oficialismo, sostenido por la complicidad y el rescate de los bloques de la oposición colaboracionista, consiguió finalmente el quórum para dar inicio a la sesión en la Cámara Alta. Este debate se desarrolla en un contexto imposible ignorar: nace de una importante derrota política para el gobierno de Javier Milei, que en el día de ayer se vio acorralado por el descontento popular y debió mutilar su propio proyecto, retirando el capítulo 3 (el que permitía la extranjerización de la tierra con topes más amplios) para evitar que la ley naufragara por completo.
En el arranque de la jornada parlamentaria, se destacó una maniobra liderada por Patricia Bullrich. La jefa de la bancada oficialista logró bloquear, en una votación a mano alzada y por unanimidad, el pedido de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para sesionar de manera remota por cuestiones de salud. Así, ambas solicitudes fueron enviadas a la Comisión de Asuntos Constitucionales, dejando a los legisladores fuera del debate.
Mientras adentro se consuman estos acuerdos, afuera el escenario es diametralmente opuesto. Con un Congreso Nacional totalmente vallado y militarizado por un desmedido operativo represivo, una importante movilización comienza a rodear el recinto, replicándose con acciones en distintos puntos de todo el país para exigir la caída definitiva de este proyecto de entrega.
La aberración de los desalojos exprés
Si bien haber tirado abajo la Ley de Tierras es un triunfo enorme de la movilización, los tres puntos restantes del proyecto de Federico Sturzenegger que hoy se debaten están cargados de la misma lógica expulsiva y pro-mercado.
El punto más cruel es, sin dudas, la institucionalización de los desalojos exprés. En medio de una crisis habitacional, donde los alquileres están por las nubes y los salarios son de miseria, el gobierno busca quitarle todas las garantías procesales y el derecho a defensa a los inquilinos.
El proyecto permite que un propietario, con una simple declaración jurada y alegando falta de pago, logre que un juez dicte una orden de desalojo en apenas 72 horas. Al tramitarse como juicios sumarísimos, la ley establece intimaciones de apenas 10 días para abandonar la vivienda. Es una verdadera aberración que facilita dejar a familias enteras, incluidos niños y jubilados, literalmente en la calle para garantizar el recambio rápido y sostener la especulación inmobiliaria.
Premio a los incendiarios
Otro aspecto nefasto es la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto oficialista deroga los plazos de protección que prohibían por 30 y 60 años la modificación del uso de tierras, áreas naturales y bosques nativos que hubieran sido afectados por incendios.
Eliminar estas restricciones es darles un incentivo legal y un premio directo a quienes queman nuestros ecosistemas intencionalmente. Al habilitar que los terrenos arrasados por el fuego puedan ser utilizados rápidamente para negocios inmobiliarios o emprendimientos agropecuarios, el gobierno consolida un ecocidio en beneficio de los pulpos sojeros y la especulación de la tierra.
Blindar a los privados, desarmar al Estado
Por último, la ley impone un severo recorte a la capacidad del Estado para realizar expropiaciones bajo la figura de “utilidad pública“. Se establecen exigencias de interpretación restrictiva y se obliga al Estado a pagar sumas exorbitantes, reconociendo un “lucro cesante” para los privados que puede llegar al 30% del valor del daño.
Esto significa encarecer y obstaculizar cualquier obra fundamental para la población. Si el Estado necesita un terreno para construir un hospital, una escuela o una ruta, se encontrará con trabas burocráticas y costos impagables diseñados a medida para proteger los negocios del sector privado.
¡Todos al Congreso!
Frente a este ataque brutal contra las mayorías, la única respuesta posible está en la calle. Es fundamental nutrir las convocatorias y movilizar con todas las fuerzas hacia el Congreso y en cada plaza del país.
En Congreso, la jornada que ya comenzó con un verdurazo al mediodía continuará con paneles, una radio abierta a las 16:30 y un acto unitario a las 18 horas, con la lectura de un documento común y un festival que contará con la presencia de figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Charo López y Jazmín Stuart.
No podemos depositar ni un gramo de confianza en los legisladores de los partidos tradicionales que le hacen el juego al ajuste. Este gobierno y las fuerzas aliadas que le garantizan el quórum buscan imponer un plan de entrega total para el beneficio de unos pocos. El retroceso que sufrieron ayer con la Ley de Tierras demuestra que podemos frenarlos. ¡Salgamos a las calles a tirar abajo el resto de la ley!
