Clases presenciales. La Corte Suprema falló contra el DNU de Fernández

En medio de una semana llena de revuelo político por las luchas intestinas en el Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández suma un confrontamiento con la Corte Suprema de Justicia que alimenta la polarización con Juntos por el Cambio.

Este mediodía la Corte Suprema de Justicia falló en favor de la presentación realizada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante el DNU 241 del gobierno nacional, que disponía por 15 días la suspensión de la presencialidad en las escuelas que componen la zona del AMBA. Los votos a favor estuvieron propiciados por parte de parte de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Mientras Helena Highton de Nolasco fue la única integrante de la Corte que se abstuvo en la decisión. Nada novedosa es la resolución tomada por cuatro integrantes de la Corte que componen una casta repleta de privilegios.

La justicia contra los docentes

Los reclamos docentes que exigen haya un receso en la presencialidad para evitar los contagios en las aulas y, a la misma vez, disminuir los niveles de circulación, fueron desoídos sin importar que son ellos mismos quienes desde hace más de un año vienen garantizando el derecho a la educación. Además de no tener salarios acordes a la canasta básica y pagar el servicio de internet de su propio bolsillo, para garantizar la conectividad, los jueces de la Suprema Corte suman un elemento más a la bronca de los trabajadores de la educación.

La autonomía que dice conferirle este fallo de la Justicia al gobierno de la CABA, no es más que otro elemento institucional de la derecha que promueve una apertura irrestricta, cuando estamos sumergidos en medio de la segunda ola de casos de Covid-19 y el sistema de salud se encuentra en un estado crítico, al borde del colapso.  

El gobierno nacional y una falsa disputa

Como réplica a la Suprema Corte de Justicia Alberto Fernández y su vicepresidenta salieron al cruce. El presidente, en medio del acto donde anunció el inicio del plan Juana Manso, advirtió “Voy a cuidar la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas de sentencias”. Por su parte Cristina Fernández de Kirchner (CFK), en su cuenta de Twitter expresó “Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?”.

Discursos como estos resuenan confrontativos, pero lo cierto es que desde el Frente de Todos nada se ha hecho para terminar con los privilegios señoriales de los jueces. Durante la presidencia de CFK y en el actual gobierno, no se han visto medidas algunas para reformar una justicia adicta. La confrontación testimonial sirve para reactivar la falsa grieta con Juntos por el Cambio, y esconder así la pésima gestión que lleva el gobierno nacional sobre la pandemia, asegurando las ganancias empresariales y corporativas, por ejemplo, con el laboratorio de Hugo Sigman.

Las reformas que hacen falta

El fallo de la Corte Suprema resalta lo clasista de la misma y, por fuera de las confrontaciones propias del régimen de la política tradicional argenta, lo que queda a la vista de todos es la necesidad de un cambio en la justicia. En principio, que los jueces y fiscales sean electos por el voto popular, por un período limitado y revocables en caso de que no cumplan con sus funciones, es un primer paso terminar con un poder que se contrapone con los intereses de la mayoría. En este caso puntual, alentando medidas anticientíficas en desmedro de la vida de trabajadores y estudiantes, cuando la pandemia sigue azotando al país.

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