En el corto plazo varias de las privatizaciones de la era menemista culminarán el periodo de sus contratos de concesión, abriendo de esta manera la oportunidad de recuperar para el país sectores y recursos estratégicos que fueron entregados en la década del 90´. Ejemplo de esta situación es la hidrovía sobre el río Paraná, ferrocarriles de carga, sectores energéticos y otros. En definitiva, una oportunidad para terminar con el saqueo de las corporaciones, y poner en manos de los trabajadores y el pueblo los bienes comunes estratégicos. Sin embargo, esta no es la intención del gobierno nacional, ni mucho menos la de sus representantes chubutenses que buscan extender la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú al servicio de Aluar, a cambio de algunas migajas.
La provincia de Chubut se encuentra sumida en una crisis económica, social y sanitaria. Su matriz productiva es netamente extractiva, siendo la cuarta provincia productora de riquezas y teniendo una población cercana a solo 600 mil habitantes para su vasto territorio, en sus conglomerados urbanos más importantes posee índices de pobreza del orden del 32% (1). Los principales recursos de los chubutenses se encuentran en manos de las corporaciones. Así, Pan American Energy domina el sector petrolero con el mayor yacimiento del país – Cerro Dragón – , produciendo en la cuenca San Jorge el 19% del petróleo producido en el país, obteniendo el lugar de mayor exportador de crudo(2). De similar manera, otra importante rama productiva se encuentra en manos de Aluar, la mayor productora de aluminio de Latinoamérica, que posee la concesión de la represa Gral. San Martín, en el embalse Amutui Quimei, sobre el río Futaleufú en la cordillera chubutense, controlando el 60,2% de Hidroeléctrica Futaleufú, además de capital accionario en otras empresas relacionadas a la producción y transporte de energía -40% de Transpa-(5).También aparecen en la lista de recursos explotados, los relacionados a la pesca y a las grandes extensiones de tierra, que tienen su origen en el despojo y genocidio de los pueblos originarios.
Enormes riquezas, pero sobre los chubutenses recae una deuda externa del orden de los U$S 1100 millones, nunca investigada, pero con la autorización de todos los partidos patronales de la Legislatura provincial para reestructurarla. Una desigualdad estructural que se puede graficar en un ejemplo concreto: la energía eléctrica producida es 14 veces la consumida por la provincia, pero aún existen pueblos del interior chubutense que se abastecen a través de generadores a combustión. Un territorio donde a los trabajadores del Estado provincial se le adeudan salarios y soportan la precarización de sus condiciones de trabajo, hecho que tiene su traducción en la vulneración de los derechos del conjunto de la sociedad.
En este marco, la casta política que viene gobernando la provincia, con representantes en los partidos del régimen, ya sea la UCR o el PJ en todas sus variantes, buscan salidas no para los que viven de su trabajo, sino para las corporaciones, dando continuidad a un modelo económico neoliberal que nunca se modificó más allá de los discursos de campaña, y que atenta contra los trabajadores y la naturaleza.
Renta hídrica, migajas neoliberales
A la profundización del modelo extractivo provincial, ya sea por medio de la fuga de divisas de una deuda externa que los chubutenses no vieron, con la idea impulsada desde el gobierno nacional y provincial de implementar la megaminería, o con la revitalización de viejos proyectos hidroeléctricos en la zona cordillerana; se suma ahora el proyecto de ley denominado “Renta Hídrica”. Esta ley busca, según el texto, establecer un nuevo “paradigma hidroenergético” (3) con un marco regulatorio que incluye a los Estados municipales, provincial y nacional, y a Aluar S.A. (u otra concesionaria) garantizando a esta última los mismos beneficios económicos y sociales.
El proyecto fue presentado ante la Legislatura provincial el último 26 de marzo por representantes del Partido Justicialista, entre los que se encuentran Carlos Mantegna -diputado provincial y ex intendente de Trevelin- ; Rafael Williams – diputado provincial y ex intendente de Esquel – ; Hector Ingram -intendente de Trevelin – y Ricardo Bestene, – ex ministro de Economía de Martin Buzzi -, quien colocó los bonos BODIC por un monto de u$s 90 millones, garantizado con recursos naturales (petróleo) (4), y hoy es el principal asesor del proyecto. En él se establece el marco normativo por el cual la provincia del Chubut y los municipios de la cuenca Futaleufú participarían de la renta hidroeléctrica sin alterar el modelo de concesiones de la etapa neoliberal de la década de los 90.
De este modo, a través de sus primeros artículos, la provincia del Chubut asume la administración de las aguas del río Futaleufú, quedando transferidas las concesiones hidroeléctricas, y limitándose a su fiscalización y participación de la renta, promoviendo la generación hidroeléctrica solo a través de concesiones, sosteniendo así la estructura extractiva de la provincia. Se establecen las regalías hidroeléctricas en un 12%; la recuperación del fondo de desarrollo cordillerano; un bono de compensación hidroeléctrico para el desarrollo sustentable que va del 5% al 10% dependiendo del contrato; obras de reparación histórica, en donde las concesionarias deberán financiar y ejecutar un plan de interconexión eléctrica del interior de la provincia; un plan de provisión de agua potable a las ciudades de Esquel y Trevelin; plantas de tratamiento de efluentes cloacales en Esquel y Trevelin; otras obras, y una tarifa eléctrica preferencial. Al finalizar, autoriza al Ejecutivo provincial, en este caso al gobernador Arcioni, a la venta, cesión y/o transferencia del paquete accionario propiedad de la provincia -39%- de la empresa Hidroeléctrica Futaleufu y /o a su transformación. Es decir, un cheque en blanco para terminar rifando el futuro de los chubutenses. (3)
Es un proyecto conciliador, acompañado por diputados, concejales e intendentes del espectro político tradicional, que no impulsa un modelo de provincia alternativo e independiente que modifique las condiciones de base en las cuales se promueve el extractivismo de la mano de la megaminería; sino que reafirma un modelo productivo dependiente de las corporaciones y a su servicio, promoviendo un rentismo propio de la dependencia mediante la profundización de las políticas capitalistas.
La central hidroeléctrica Futaleufú posee una capacidad instalada de 560 MW, produciendo el 2% de la energía total del país; fue construida por Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado con el objeto de proveer energía eléctrica a Aluar, a través del sistema de transmisión transpatagónico hasta Puerto Madryn. Observemos algunos números en torno a la central: en los últimos dos ejercicios contables sumados,esta empresa subsidiaria de Aluar, obtuvo ganancias netas por $1819 millones y ventas totales por $5169 millones(5). Para que la empresa obtenga estas ganancias, el aporte de la sociedad chubutense a través de los años fue mucho más que las compensaciones establecidas por el proyecto de Renta Hídrica. La construcción del dique tuvo un costo de U$S340 millones, la inundación de 4700 has. de bosque nativo que afectaron la biodiversidad negativamente dentro de un parque nacional, el desalojo de los pobladores que históricamente habitaron la región que terminó debajo del agua, la pérdida de los rápidos sobre el río Futaleufú como potencial turístico, la falta de energía barata para los pueblos, la inexistencia de un plan de desarrollo estratégico para la región, la estatización de U$S 162,8 millones de deuda externa de Aluar S.A. y numerosos subsidios entre los que se destaca uno de $690 millones a la misma empresa en el 2005 (6). Prácticamente el equivalente a la mitad de la deuda externa provincial.
Ante semejante gesto, Aluar – propiedad de Madanes Quintanilla – devuelve a los gobiernos patronales la colaboración que le prestan para seguir manteniendo su tasa de ganancia. Así es que puede verse a la empresa haciendo los aportes de campaña necesarios para seguir protegiendo el negocio. Como bien sintetizó Marx, «el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa”. Para las elecciones P.A.S.O de 2019, Madanes Quintanilla aportó $4,5 millones a Juntos por el Cambio y $900 mil al Frente de Todos, y para las generales puso $2,75 millones al FDT. (7)
El proyecto que aparenta ser una reparación histórica y sentar las bases para un desarrollo sustentable, es en realidad la determinación del nuevo valor de cambio para las próximas décadas de un recurso estratégico al servicio de las corporaciones que esquilman la provincia. A esto el PJ llama “nuevo paradigma hidroenergético”.
Nuestra salida
El 15 de julio de 2025 finaliza la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú, y representa una gran oportunidad para poner la producción de energía sobre el río Futaleufú al servicio del país y la provincia. Si de verdad se quiere terminar con los beneficios para las corporaciones y modificar las condiciones en las que se profundiza el extractivismo, es necesario pasar a manos del pueblo, recuperar para el Estado, con un férreo control social y ciudadano, con gestión de los trabajadores de los recursos estratégicos, acompañado de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y desconociendo la deuda externa fraudulenta que nos saquea el futuro. Desarrollando de esta manera un plan energético para la provincia, que ya produce 14 veces más de lo que consume, en el que se entienda la energía como un bien social, como un derecho humano básico, y no como una renta administrada por los mismos que nos trajeron hasta acá. Agua y energía para los pueblos, no para las corporaciones.
Hernán Mondino
Fuentes
1-https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-46-152
2-https://www.pan-energy.com/upstream
3- Proyecto de Ley “Renta Hídrica”
5- https://www.aluar.com.ar/seccion/informaci-n-financiera/2/38
6-https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-60339-2005-12-11.html