En un nuevo ataque a la escuela pública, el ministro Caputo ratificó el ajustazo de Milei contra la docencia, al asegurar que “el Incentivo docente caducó” y “no se va a transferir más”. Quieren imponer una rebaja salarial del 10% al 20%, según las provincias, recorte que llega al 30% en las provincias a las que Nación les debe transferir el Fondo de Compensación Salarial para cubrir el piso salarial nacional.
Inaudito: un ministro y un presidente que ganan al mes lo que una maestra cobra al año, pretenden rebajar los sueldos como si nada. Según su lógica, “los docentes son provinciales” y por lo tanto “si cada provincia quiere hacer un subsidio docente, si quieren dar un subsidio a la educación, lo tienen que sacar de sus arcas. Si no, la Nación es el ‘tío bobo’ –dice Caputo- que reparte plata y después todos pagamos las consecuencias” (ver video).
Hay mucha mentira en todo esto, pero vale marcar que Caputo habla con descaro y cierto desprecio por cosas delicadas para que más de un millón seiscientos mil docentes y sus familias lleguen a fin de mes. En primer lugar, sí que hay un “tío bobo” y es este gobierno que, al igual que los anteriores, ajusta ferozmente al pueblo trabajador para pagar la estafa de la deuda al FMI y los bonistas buitres. Y eso sí que lo pagamos todos.
Además, el Incentivo no es un “subsidio” que los gobiernos “dan”; sino que está garantizado por la Ley 25.053 desde 1988. Y hace más de un cuarto de siglo que lo pagan todos los gobiernos. No es ningún “subsidio”, sino un aporte específico de Nación para sostener parte del salario docente, contemplado en el presupuesto nacional con partidas asignadas. Por eso el secretario de Educación había dispuesto su pago, cumpliendo con la ley y con la exigencia de los 24 ministros de Educación provinciales y de CABA, pero Caputo lo frenó.
Y es por eso también que lo deben pagar ya y aumentarlo fuertemente, porque el Incentivo y la conectividad vienen congelados desde septiembre pasado por Massa, Alberto, Cristina y el PJ en escasos $ 57.400 (en dos cargos). Además, se lo debe pasar al básico, siempre con fondos del gobierno nacional.
Es falso también que Nación no tenga docentes a cargo. Porque las Federaciones de Docentes Universitarios están reclamando que se reconozca, aumente y pague el Incentivo. Y a los colegios secundarios preuniversitarios a los que afecta, también.
No inicio: paritaria nacional real y en cada provincia
El otro cambalache lo montaron con la paritaria, al decir que “no existe”, pero que la estarían por convocar. Porque la paritaria docente nacional se sustenta también en otra ley, la 26.075 de Financiamiento educativo en su Art. 10º. Después de muchas idas y vueltas, como una nueva provocación, el gobierno de Milei llamó recién para el martes 27, un día después de iniciar las clases en buena parte del país.
Los gobernadores tampoco se pueden hacer los distraídos culpando de todo a la Nación. Ni la burocracia de CTERA y los gremios cubrirles las espaldas, dejando correr el ajuste provincial. No es un problema que deba resolver la docencia. Los responsables de pagar los salarios son los gobernadores, junto al gobierno nacional que aporta entre un 10% y un 20%, según la provincia. En días se volverá a cobrar y tienen que cubrir el sueldo íntegro, pagándolo en la emergencia las provincias y también en CABA, mientras le reclaman a la Nación que restituya esos fondos adelantados.
Porque si la ley de Incentivo no estuviese vigente, que aprueben ya un proyecto con todo el poder de sus diputados y senadores para renovarla de inmediato. Milei tiene solo 38 diputados, sobre 257 y el quórum es de 129 diputados, así se sesiona, se vota por mayoría y se resuelve. Tienen que mover todo su poder institucional, convocar a la docencia, gremios, sectores sociales, de la cultura para que salga.
Hay varios proyectos en Diputados para que se pague el Incentivo, uno del Frente de Izquierda Unidad. Reclamamos una ley que fije un fuerte aumento y disponga el pase al básico, con plata que debe seguir aportando el gobierno nacional. También que se aumente y pague el Fondo Compensador (Art. 9º, ley 26.075) a la decena de provincias que no llegan a cubrir el piso salarial nacional.
La fuerza de la calle, paro y plan de lucha nacional
Esto en el marco de reclamar un nomenclador salarial único nacional, que considere las canastas de precios regionales, sostenido íntegramente con fondos del presupuesto nacional, como parte de la lucha de fondo por volver a nacionalizar todo el sistema educativo. A la par del aumento del presupuesto al 10% del PBI como mínimo, tanto nacional como en las provincias, ya que están congelados en los valores del 2023.
Para lograrlo, el camino es la calle, así derrotamos la Ley Ómnibus de Milei y los “dialoguistas” cómplices. Por eso exigimos que CTERA no dilate más y convoque al paro nacional con los gremios docentes de la CGT para el lunes 26, cuando inician las clases en gran parte de las provincias.
Que tenga continuidad con una marcha federal educativa y un nuevo paro el 1º de marzo con movilización al Congreso, junto a las CTA y la CGT, cuando Milei debe hablar en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Para seguirla con otro paro y movilización el 8M, convocando después a asambleas, plenarios y congresos con mandatos de bases para evaluar y definir cómo sigue la lucha. Es lo mínimo para ganar.
Esto debe votar el Congreso de CTERA del jueves 22. Y si no lo hacen, prepararnos desde la coordinación nacional de gremios, seccionales, la FND y agrupaciones del país para resolver jornadas nacionales de lucha.
¿Servicio esencial? Sopa otra vez, ¡no!
El gobierno de Milei insiste con declarar la educación como “servicio esencial” para impedir los paros. Pero eso ya fue frenado en su DNU 70/2023 por una medida cautelar. Además, hay fallos de la Corte Suprema[1] de la Nación, del Juzgado Nacional del Trabajo[2] y de Tribunales Superiores de varias provincias que declararon inconstitucional esa pretensión de gobiernos anteriores. Los frenamos, pero insisten en que si hay paro o movilización, la docencia debería garantizar un servicio “mínimo” del 75%, con lo que el derecho de huelga se vería prácticamente prohibido.
No hablan de la educación como “esencial” porque vayan a aumentar el presupuesto, arreglar y construir más aulas, escuelas y jardines, entregar más y mejores becas, libros y tecnología. Lo hacen para impedir las medidas ante la rebaja salarial que aplican y los recortes en partidas educativas.
Pero Milei no es el único, también quiso declarar “esencial” la educación De La Rúa y lo plantearon Bullrich, varios gobernadores, Massa y hasta Cristina, que lo sugiere en el punto 11 de su carta al pedir “pensar cuál es la razón por la que sectores medios y medios bajos envían sus hijos a escuelas privadas para que tengan clases todos los días”.
Por los convenios 87 y 98 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) a los que adhiere Argentina y tienen rango constitucional, la educación no es servicio esencial. Porque solo aplica cuando haya “una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de la población”. Por eso incluso la Corte se expidió[3].
Este sábado 24, sumate al 12º Encuentro Nacional Educativo
Ante este asedio liberfacho a la escuela pública, vamos a reclamar presupuesto, salarios, condiciones de trabajo y derecho a la protesta, junto a un fuerte reclamo pedagógico y el efectivo reconocimiento como derecho social que el Estado debe garantizar. Plata hay: en las jornadas nacionales de 2023 con la coordinación nacional de gremios, seccionales, la FND y agrupaciones del país, reclamamos salario y mayor presupuesto, con fondos de:
1. Plata para educación, no para la deuda.
2. Eliminar los subsidios a la educación privada.
3. Fuertes impuestos progresivos a la riqueza.
Para organizarnos, debatir y prepararnos para dar estas batallas inmediatas y de fondo, te invitamos a sumarte este sábado 24, desde las 10.30 horas al 12º Encuentro Nacional Educativo que realizaremos en la Facultad de Sociales (calle Santiago del Estero 1.029). Habrá una conferencia inaugural y después instancias de Talleres/Comisiones y una plenaria final. Como panelistas estarán:
- Luis Bonilla-Molina, investigador de Cs. Sociales, docente e internacionalista.
- Andrea Lanzette, profesora y congresal Multicolor de SUTEBA.
- Santiago Morales, sociólogo y educador popular.
- Luciana Echevarría, profesora y legisladora de Córdoba (MST-FIT Unidad).
Ante el asedio liberfacho, la escuela pública está en disputa. Te esperamos para darla en común.
Inscribite para participar en estos números:
Provincia Bs. Aires: 11 7144-0591
La Matanza: 11 5141-5493
La Plata: 221 498-4722
Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Varela: 11 5660-9774
Lanús, Lomas, A. Brown: 11 3494-2439
Zona Norte, GBA: 11 2372-0909
Zona Oeste, GBA: 11 3065-1988
Bahía Blanca: 2914 74-8806
Ciudad, CABA: 11 5503-1712
Córdoba: 3513 48-8802
Santa Fe: 341 315-2757
Entre Ríos: 3434 57-7243
San Juan: 264 471-1392
Mendoza: 261 500-5474
Neuquén: 299 463-2918
Santa Cruz: 297 509-0096
Chubut: 297 508-8049 // 2945 46-7287
Santiago del Estero: 385 403-0680
Salta: 387 539-2966
La Rioja: 3804 50-3379
Catamarca: 383 451-4015
Tucumán: 381 588-0978
La Pampa: 295 429-7600
Jujuy: 388 509-2390
[1] Sentencia de la CSJN, Corte Suprema de Justicia de la Nación, en expediente registro de la Corte, Letra S, Tomo 38, número 1929/2002 considerado que la educación no es servicio esencial a los efectos del ejercicio del derecho de huelga, confirmando la declaración de inconstitucionalidad del Decreto PEN 843/00 (B.O. del 4/10/2000)y de la Resolución Nº 480/2001 (B.O. del 3/12/2001) del entonces Ministerio de Trabajo.
[2] El 30/8/02 el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 2 dictó sentencia haciendo lugar al reclamo de la CTERA, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 843/00 y la nulidad de la resolución ministerial Nº 480/01 que pretendían declarar “servicio esencial” a la educación al solo efecto de obstaculizar el derecho de huelga, e interpuso una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
[3] En 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que declaró inconstitucional el decreto 843/00 del gobierno de De la Rúa y nulas las resoluciones 480/01 y 632/01 del Ministerio de Trabajo de la Nación, que pretendían declarar la educación “servicio esencial”.