El jueves 13 de junio, la Legislatura porteña trataría una reforma al Código Procesal Penal para incluir la figura de “reiterancia delictiva”. Esa reforma va a tono con la política punitivista y represiva del gobierno nacional. Veamos de qué se trata.
El proyecto original, hasta mal escrito, incumplía todas las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Los funcionarios de Jorge Macri que vinieron a la Legislatura no daban datos ni explicaban el por qué de cada artículo. En cambio, se escucharon críticas fundadas de expertos en la materia, abogados, fiscales y organizaciones de derechos humanos. Finalmente, la semana pasada llegó el dictamen definitivo, menos brutal pero con igual objetivo: mano dura contra la protesta social.
¿Qué cambia al código ya vigente?
- El primer artículo facilita los trámites para la persecución y expulsión de personas migrantes que cometan un supuesto delito. Es discriminatorio: el índice delictivo de las personas extranjeras es igual al de los argentinos nativos.
- También se reforma el artículo sobre allanamientos, para facilitarlos. Quieren permitir allanar sin orden judicial, sólo a pedido del fiscal. Además pueden hacerlo si “hay cosas pertinentes al hecho”, para la “aprehensión de alguna persona requerida” o si “fuere necesario el ingreso para aplicar alguna medida precautoria”. O sea, figuras totalmente imprecisas que habilitan una aplicación totalmente arbitraria. También, se observa que el allanamiento “podrá ordenar por auto (resolución) por cualquier medio”, es decir: un whatsapp es suficiente aviso para allanar.
- Se amplían las potestades de la policía para allanar a un domicilio sin orden judicial previa (explicado en el punto anterior), incluso en base a figuras totalmente ambiguas como “si ven entrar personas extrañas” o “indicios manifiestos”.
- Incorporan la figura de “reiterancia delictiva”. Según el código penal vigente, sólo se puede dictar una prisión preventiva por dos causas concretas: posibilidad de fuga o entorpecimiento de la causa. Así también es en el código nacional. Ahora quieren agregar un tercer motivo: “peligro de reiteración delictiva”. O sea, como cometiste un delito, seguro vas a “reiterar” otro y entonces te meto preso… ¡antes!
Es intimidatorio y persecutorio. El derecho penal no tiene un fin preventivo, sino que castiga un hecho concreto, un delito, y no una persona. Pero esta reforma, para engañar, exceptúa de la reiterancia a “los hechos investigados en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades, siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad”. Es puro humo. A la mayoría de quienes hoy detienen en protestas ya les aplican “resistencia a la autoridad” aunque no muevan ni un dedo. Ahora les van a meter “lesiones” o “daños” aunque no rocen a un solo policía ni se rompa un solo vidrio. Y así tendrían la excusa para aplicar la reiterancia y meter presa gente inocente a fin de reprimir la protesta social.
En síntesis, violan el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, que existe desde la Revolución Francesa de 1789.
Macri, en sintonía con Milei
Desde que es jefe de gobierno, la represión es uno de sus ejes. Lo vimos con su Presupuesto 2024: ajuste en todas las áreas sociales, pero aumentó en Seguridad. También con su protocolo de “orden y limpieza”, violentando a gente en situación de calle. Y la Policía de la Ciudad, con sus represiones a los movimientos sociales, protestas obreras y de jubilados.
Según Macri, su reforma es para “terminar con la inseguridad que aumenta y con la puerta giratoria”… Pero el GCBA desde 2022 incumple con su obligación de presentar el mapa del delito. ¿Por qué habla de “aumento”? Los últimos datos sobre delitos en la Ciudad son de 2020-2021. Entonces, esta reforma no se basa en datos reales. Tampoco sirve ante la inseguridad actual, cuya causa de fondo es la desigualdad social y la impunidad del poder.
Otro dato es que tan sólo el 3% de los delitos registrados tienen autor delictivo. Es decir, 97 de cada 100 delitos denunciados no se sabe quién los hizo. Por eso es falso hablar de “puerta giratoria” como el gran problema. Lo único cierto es que quieren reprimir para poder ajustar más y más.
Además, ¿dónde van a encarcelar a esos “reincidentes”? Ya las alcaidías de la Ciudad están desbordadas: hay casi 2.000 personas arrestadas, el 90% de ellas por delitos aún no transferidos a la justicia porteña. Es decir, esta ley hoy es inaplicable porque los delitos más graves siguen a cargo de la justicia nacional. Lo único que va a provocar esta reforma es saturar de presos las comisarías, con el mayor riesgo que eso implica, y sin resolver ningún problema de seguridad.
Jorge Macri no es ninguna “oposición dialoguista” con Milei: es cómplice de su intento de cambiar el régimen político por uno más autoritario y represivo. El pueblo va a salir a las calles, y ellos no lo quieren permitir. Lo que nosotros no debemos permitir es que pase su reforma en la Legislatura porteña.
Este lunes 10, la diputada Cele Fierro convoca a una audiencia pública para debatir argumentos y acciones contra este ataque antidemocrático. Invitamos a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas a participar y a preparar iniciativas en común para el jueves 13, cuando se trate.
Julieta Luna