El ministro de Gobierno bonaerense reivindicó la gestión de Kicillof frente a Milei y aseguró que la Provincia no expropió empresas, no tuvo un “déficit fiscal galopante” y viene pagando la deuda externa. Mientras el peronismo busca reordenarse de cara a 2027, el discurso oficial bonaerense parece apuntar más a tranquilizar al establishment que a ofrecer una salida a los trabajadores que sufren el ajuste.
Tranquilidad para los empresarios
El viernes pasado, en diálogo con El Destape AM 1070, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, uno de los principales dirigentes de la estructura política de Axel Kicillof, habló sobre el futuro del peronismo, las elecciones de 2027 y la necesidad de recuperar las PASO como mecanismo de ordenamiento interno.
Pero entre sus declaraciones hubo una definición que merece especial atención. Consultado sobre la gestión bonaerense y las diferencias con Javier Milei, Bianco eligió destacar justamente aquello que su gobierno no hizo: no expropió empresas, no tuvo un déficit fiscal “galopante”, no emitió dinero y, además, continúa pagando la deuda externa.
“¿Y va a expropiar empresas? Miren lo que hicimos en seis años y pico en la provincia de Buenos Aires. ¿Hubo alguna expropiación de alguna empresa en la PBA? No. ¿Hubo un déficit fiscal galopante? No. ¿Hubo emisión de dinero? No”, sostuvo el funcionario.
La declaración no es un detalle menor. En medio de una profunda crisis económica y social, Bianco parece presentar como carta de triunfo del gobierno provincial su tranquilidad frente a los grandes empresarios y los acreedores.
Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿qué diferencia concreta ofrece el gobierno de Kicillof a los trabajadores bonaerenses frente al ajuste de Milei?
Las palabras de Bianco deben leerse también en el marco de la disputa política que comienza a abrirse dentro del peronismo de cara a 2027. Mientras distintos sectores buscan posicionarse frente al desgaste del gobierno de Milei, el kicillofismo intenta construir una imagen de alternativa política. Sin embargo, lejos de plantear una ruptura con los intereses económicos que sostienen el modelo, las declaraciones del ministro parecen buscar transmitir previsibilidad a sectores del establishment que empiezan a mirar con preocupación el rumbo libertario.
El mensaje es claro: con Kicillof no habrá expropiaciones, no habrá desbordes fiscales y se continuará pagando la deuda. Pero para quienes viven de un salario, el problema es otro.
¿Qué pasa con los salarios estatales? ¿Qué pasa con los trabajadores despedidos? ¿Qué pasa con las fábricas que cierran o amenazan con cerrar? ¿Qué pasa con quienes reclaman políticas públicas frente a la pérdida de empleo y el aumento de la pobreza? Ahí el balance es bastante menos tranquilizador.
FATE: cuando los trabajadores reclamaron una salida
Un ejemplo concreto es el conflicto de los trabajadores de FATE. Ante la crisis de la empresa y el riesgo para cientos de puestos de trabajo, los trabajadores plantearon una alternativa: la provincialización de la fábrica para defender los empleos y la producción nacional.
La propuesta implicaba discutir una intervención estatal frente a una situación en la que el mercado no traia soluciones. Sin embargo, el gobierno bonaerense no tomó esa bandera. La definición de Bianco ayuda a entender por qué.
Si la gestión provincial reivindica como un mérito no haber expropiado empresas, difícilmente pueda esperarse que avance en una medida de ese tipo cuando son los propios trabajadores quienes la reclaman para defender sus puestos de trabajo.
Antes que poner en discusión la propiedad de una empresa para garantizar el trabajo, el gobierno parece preferir garantizar la tranquilidad del sector empresario.
El ajuste también llega desde La Plata
Esto no significa equiparar mecánicamente al gobierno de Kicillof con el de Milei. Las diferencias políticas existen y sería absurdo desconocerlas.
Pero tampoco alcanza con señalar las diferencias nacionales para ocultar las medidas y prioridades propias. Los trabajadores bonaerenses vienen atravesando una situación marcada por la pérdida salarial, la precarización, la falta de respuestas ante los despidos y el deterioro de distintas políticas públicas.
En el caso de los estatales, la caída del poder adquisitivo se convirtió en uno de los principales reclamos de los sindicatos. Y mientras desde Nación se descarga un ajuste brutal sobre las provincias, desde La Plata también se aplican límites presupuestarios que terminan repercutiendo sobre quienes viven de su salario.
Lo mismo puede observarse en los reclamos de miles de personas que exigieron la apertura de programas bonaerenses ante el cese del Volver al Trabajo.
Frente a la pérdida de una política nacional que alcanzaba a trabajadores precarizados y sectores populares, la Provincia podría haber planteado una alternativa propia. Pero las respuestas no estuvieron a la altura de las necesidades.
“La venimos pagando”
La otra frase de Bianco que merece atención es la referida a la deuda: “¿Va a pagar o no la deuda externa? La venimos pagando”. El mensaje tiene un destinatario que excede ampliamente a los trabajadores bonaerenses.
Es, sobre todo, una señal hacia los acreedores y el Fondo Monetario Internacional: el gobierno provincial reivindica que cumple con sus compromisos.
Pero existe una cuestión de fondo que no puede ser eludida. La deuda argentina ha sido cuestionada durante décadas por su origen, sus mecanismos de acumulación y las condiciones bajo las cuales fue contraída. Bajo el gobierno de Milei, además, volvió a crecer el peso del endeudamiento y se profundizó la dependencia respecto del FMI.
Entonces, decir que “la venimos pagando” no responde la pregunta fundamental: ¿Quién paga esa deuda y a costa de qué?
Porque los recursos que se destinan al pago de los acreedores son recursos que dejan de estar disponibles para salarios, salud, educación, vivienda, infraestructura y políticas sociales.
Dos proyectos, pero ¿cuál es la alternativa?
No alcanza con oponerse discursivamente a Milei si, al mismo tiempo, se acepta que los trabajadores deben pagar el costo de la crisis mientras se preservan los intereses de los empresarios y los acreedores.
La verdadera discusión no debería ser quién administra mejor el ajuste.
Debería ser quién paga la crisis. Milei tiene una respuesta brutalmente clara: que paguen los trabajadores y que el capital tenga cada vez más beneficios.
Pero una alternativa tampoco puede limitarse a administrar los recursos disponibles mientras se asegura que los acreedores cobren y las empresas mantengan sus márgenes de rentabilidad.
La izquierda plantea otro camino: desconocer la deuda ilegítima y auditarla, dejar de priorizar el pago al FMI, utilizar esos recursos para salarios y políticas sociales, intervenir las empresas que amenacen con cerrar o despedir y ponerlas bajo control de sus trabajadores, y avanzar hacia un modelo económico que coloque las necesidades sociales por encima de la rentabilidad empresarial.
El desafío para los trabajadores
Las declaraciones de Bianco muestran, en definitiva, cuáles son los límites del proyecto que busca construir el kicillofismo. Mientras el peronismo se prepara para una nueva disputa electoral, la dirigencia discute PASO, candidaturas y reordenamientos internos.
Pero por abajo, los trabajadores enfrentan problemas mucho más urgentes. La discusión es si alcanza el salario, si se conserva el empleo, si una fábrica continúa funcionando, si se sostiene un programa social o si una familia puede pagar sus gastos básicos.
Y en esa pelea no alcanza con decir que no se es Milei. Una verdadera alternativa al gobierno nacional debería animarse a confrontar con quienes se benefician del ajuste y no utilizar como carta de presentación ante el establishment que nunca se expropió una empresa y que la deuda se sigue pagando.
Porque si la diferencia con Milei termina siendo simplemente quién administra el ajuste y quién tranquiliza mejor a los acreedores, los trabajadores seguirán esperando una alternativa que todavía no aparece.
