Vilma Ripoll, columna de opinión
MST en el FIT Unidad
La situación con el agua, que padecen miles y miles de bonaerenses hace meses, es gravísima: turbiedad, olores extraños, sedimentos, deficiente potabilización, baja presión, cortes o falta total del suministro. Esto es producto de una red vieja, para una población mucho menor y no tan extendida como la actual, sin renovación ni extensión, con caños obstruidos o rotos y escasos pozos de captación en las zonas donde la red no llega. Todo esto implica barrios enteros sin poder higienizarse ni acceder al agua, en plena pandemia y olas de calor.
A esto se suma la contaminación de ríos, arroyos, napas y mantos acuíferos por empresas, establecimientos y barrios privados que vierten desechos tóxicos y residuos, también por prácticas agrícolas nocivas y otras formas de contaminación que el gobierno de Kicillof, al igual que los anteriores, no controla. Con informes como el de Paula Juárez, investigadora de la Universidad de Quilmes, que señalan que “hay plomo, arsénico y ahora también glifosato en el agua de consumo humano” en la Provincia[1].
La situación empeora más cuando el gobierno insiste en que, cuidarnos por la pandemia, es responsabilidad de cada uno. Pero pregunto: ¿Cómo pretende Kicillof que nos cuidemos del COVID-19 si ni siquiera hay agua para lavarse las manos en buena parte de la Provincia?
Esta situación no se limita al mayor uso por la ola de calor como pretenden justificar empresas prestatarias como ABSA o AySA. Ni tampoco es de ahora, hay un largo camino de desidia, corrupción, falta de inversión y de mantenimiento que, gobierno tras gobierno, no sólo no se soluciona, sino que empeora. Por lo que la carencia de agua se ha convertido en un problema estructural.
Como si algo faltaba, tras años de vaciamiento y parálisis, en su gobierno Vidal disolvió el OCABA (órgano de control) y lo integró a la Administración de Aguas, con la excusa demagógica de “ahorrar en cargos directivos”. Como vemos, en esto tampoco hay grieta entre el PJ y la derecha de Juntos por el Cambio. Por eso todas estas fuerzas del sistema le dan la espalda a las necesidades básicas y demandas de la población.
Falta el agua, pero brotan los reclamos vecinales
Cuando brotan los reclamos en numerosas barriadas de La Plata o en Bahía Blanca, pero también en Lomas de Zamora, Pilar, La Matanza, Berazategui, Berisso, Tandil, Junín, Tres Arroyos, Mercedes o Monte Hermoso, las autoridades de ABSA y AySA nos hablan de planes de inversión y argumentan que “las soluciones no son instantáneas…”.
Pero Kicillof y la actual administración de ABSA o de AySA llevan más de un año de gobierno y en el manejo de las prestatarias, y no pueden garantizar un derecho tan elemental. Esto no es sólo responsabilidad de Kicillof, ya que en 26 municipios del conurbano la provisión la hace AySA, una Sociedad Anónima con mayoría accionaria del Estado nacional, presidida por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa.
Mientras ABSA es también una S.A., pero con 90% en manos de la Provincia y un 10% en la burocracia sindical de Sosba. Ahora, dejando atrás la gestión del vidalismo, con la presidencia de Raffaele Sardella (ejecutivo del Grupo Macri); hoy ABSA la preside Germán Ciucci, un técnico del entorno de Kicillof y hombre de confianza del ministro Simone, de Infraestructura. Es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de Argentina y da servicio a otros 53 municipios bonaerenses, con 2.5 millones de usuarios.
Estas permanentes malas condiciones fueron acumulando bronca. Y los cortes del suministro fueron la gota que rebalsó el vaso, justamente. Por eso, vecinas y vecinos hartos de esta situación, despliegan un importante proceso de organización, protesta y movilización en estos municipios que apoyamos, en particular en distritos como Bahía Blanca o La Plata.
Porque además de pagar elevadas facturas, vecinas y vecinos deben gastar centenares de pesos para comprar bidones de agua potable para garantizarse lo mínimo. También hicieron gastos de infraestructura en sus domicilios, al comprar cisternas para almacenar agua y bombas para subirla a sus tanques.
Por eso y provisoriamente las prestatarias, junto a la Provincia y los municipios, deberían garantizar suficientes operativos para llevar agua a los barrios con camiones cisternas. Pero en serio y no publicitariamente como el municipio de La Plata, que anuncia pomposamente entregar entre 6.000 y 24.000 litros diarios de agua a familias damnificadas[2].
Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una persona requiere de 100 litros de agua al día y en Argentina, el consumo promedio es de 180 litros al día. Incluso el gobierno de Fernández informa que una ducha breve consume 80 litros o un lavado de vajilla, 30 litros[3].
Esto implica, en el mejor de los casos, que con 24.000 litros diarios, el intendente platense cubre apenas a 120 familias al día, dando solo 50 litros por familia. Una burla para las barriadas afectadas como Villa Elvira, Los Hornos, Casco Urbano, Hernández, San Carlos o Altos de San Lorenzo.
Medidas urgentes y salida de fondo
El agua es un derecho humano, no un negocio. Se trata de una necesidad básica y urgente que debería estar entre las prioridades del gobierno, que debe poner los recursos necesarios del Estado provincial para dar respuesta. Necesitamos un verdadero plan de obras públicas masivo, que debe ser elaborado y controlado por trabajadores, técnicos y las comunidades afectadas.
Un plan no sólo de reparación, sino también para extender la red y dar presión suficiente donde hace falta. No alcanza con los 53 pozos adjudicados ni los 139 que promete el ministro Simone. No pueden esperar a que falte para hacer anuncios… Días atrás, el vicepresidente de ABSA decía que la empresa no era la responsable de hacer obras, pero eso cambió con esta gestión ya que “el gobernador Kicillof nos ha dado la responsabilidad y la confianza de que seamos una empresa ejecutora”. Las protestas vecinales desnudan que tardan demasiado en “ejecutar”.
La plata necesaria la podemos sacar de cortar el pago de la estafa de la deuda externa provincial, con la cual se enriquecen los especuladores y la pagamos las y los bonaerenses. Y estableciendo también impuestos progresivos a la gran propiedad inmobiliaria rural y urbana, entre otras cosas. Concretar de una vez la tan prometida nueva Planta Potabilizadora en Punta Lara, reacondicionar la Usina Bosque y ampliar la Planta Depuradora Cloacal de Berisso. Además de definir acerca de la concreción del proyecto de acueducto desde el Río Negro a Bahía Blanca. Localidad donde exigen obras ya y que el agua sea para la gente, no para el Polo Petroquímico.
Todas estas obras y reparación no deben caer en nuevos negociados y corrupción, lo que necesitamos es establecer una empresa 100% estatal y la unificación de la provisión de agua en la Provincia. Pero que funcione como verdadera prestadora de un derecho humano como el agua, no como una S.A. como si fuese una concesionaria privada. Para que se haga cargo, no sólo de la provisión del servicio y su potabilización adecuada, sino de las obras, reparación y expansión.
Para que funcione de manera eficiente, accesible y de calidad debe estar bajo control, dirigida y administrada por sus trabajadores, técnicos y usuarios. Con un directorio electo democráticamente por el voto popular, con poder de control y revocatoria. Porque son quienes realmente saben cómo es vivir sin agua durante largo tiempo y demás problemáticas. Porque el agua es un derecho humano, no un negocio.
[1] Infobae, 23 de Febrero de 2020
[2] La falta de agua, un clásico de todos los veranos que suma riesgos en pandemia. El Día, 31/01/2021