La “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal” dada a conocer en agosto del 2020 por el Consejo Agroindustrial, ya tiene Ley y fue presentada en el Congreso de la Nación el jueves 30 de septiembre pasado, con el nuevo nombre de “Ley de Fomento al Desarrollo Agro-bio Industrial”. Veamos de qué se trata este nuevo capítulo de la historia extractivista y sin grieta de nuestro país.
Después de las PASO, más extractivismo
Tras la derrota electoral y todas las crisis abiertas en el gobierno, el Frente de Todos, no tiene más remedio que mostrar “unidad” ante los que mandan, por ello la dupla Fernández-Fernández aparece para dar un inminente y bendecido anuncio por el FMI y las patronales agrarias. El giro a la derecha en el gabinete, con los nuevos personajes, dan un guiño más al campo. En una relación “win to win”, las corpos del agronegocio aumentan su rentabilidad y el gobierno captura dólares para seguir pagando la estafa de la deuda al FMI.
En su intervención Julián Domínguez, el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, habló sobre la iniciativa presentada en agosto del 2020, el “Plan Estratégico 2030”. En su momento se hacía referencia a éste como una estrategia inclusiva, sustentable y federal. Hoy, con la incorporación de Domínguez al Ministerio, se la promueve como “Ley de Fomento al Desarrollo Agro-bio Industrial”, cuyo eje será aumentar las exportaciones de los cultivos que más divisas generan, entre ellos: soja, maíz y trigo. Además, promete lograr la exportación de 200 millones de toneladas y con esto sobrepasar los U$D 65 mil millones a U$D 100 mil millones en materia de exportaciones del sector agropecuario. Y la frutilla del postre, generar 700 mil empleos directos e indirectos sobre los cuales se desconoce dónde, cómo y cuándo se generarían.
Argentina, el granero de las ventajas extractivas
Argentina se ubica en el tercer puesto de los mayores productores mundiales de cereales, solo se encuentra por detrás de Estados Unidos y Brasil, quienes superan ampliamente en extensión de tierra y en tecnología. Nuestro país, ofrece al capital agrario/ganadero una serie de ventajas económicas: exenciones de pago de ganancias durante el proceso de engorde de las cabezas de ganado y menores plazos para la devolución del IVA. Todo esto con el fin de promover inversiones en materia tecnológica, aumentando el rendimiento actual y, mediante procesos industriales en origen, aportar valor agregado a la materia prima. Una ley a la medida de las empresas, donde sobresalen beneficios impositivos, pero perjuicio para las comunidades y el ambiente.
Deciden a espaldas del pueblo, no importa cuándo leas esto
“Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, el diálogo, una mesa común en donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que Argentina sea el país en el que merecemos vivir”, indicó Alberto Fernández sobre el proyecto.
La “cultura del encuentro” para la dupla presidencial es bastante selectiva, porque este proyecto fue elaborado y consensuado por el Consejo Agroindustrial que está integrado por todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja); las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras); la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara); el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, entre otros. Aunque al principio se mostraron reticentes, también están presentes las cuatro patas de la Mesa de Enlace: Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina -CRA- y la Sociedad Rural Argentina. Y mención aparte merece el Consejo Federal “Argentina contra el hambre” como el Consejo Económico Social, una superestructura creada por decreto y presentada al inicio del mandato de Alberto Fernández como las piedras fundacionales. Ya nadie los recuerda y quedaron en el pasado, pero venían a resolver la pobreza estructural de la mano de un variopinto de personajes que iban desde Marcelo Tinelli, Narda Lepes, los CEO del agronegocio, y más (cuack).
Quienes no fueron consultados son los pueblos originarios, los pequeños productores, trabajadores de la tierra, cooperativas, ni las comunidades que a lo largo y ancho del país vienen denunciando las consecuencias de este modelo.
Dato mata relato
El Jefe de Estado también añadió: “Nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan. Necesitamos construir un país con la equidad y la igualdad social necesarias para que todos ganen”. Un discurso falaz que no tiene ningún correlato con las decisiones que viene tomando el ejecutivo. La orientación antipopular en datos: la pobreza alcanza en Argentina a casi 20 millones de personas. El 42% de los argentinos no puede pagar una canasta básica, el 10,7% está bajo la línea de indigencia. El 14% está sin trabajo. El pan, el alimento de base de las mayorías sociales y más pobres de la Argentina en los primeros seis meses del año, aumentó un 25%. Y acumula una suba del 230% en los últimos cuatro años. El precio de la yerba aumentó 55% en el último año, los lácteos se encarecieron un 41% y la carne un 90%. El aumento del costo de vida, claramente no tiene correlato con los salarios de miseria.
Sin embargo, al puñado más rico de la Argentina no se le impuso ni aumento de retenciones ni un impuesto progresivo a las fortunas. A las corporaciones extractivistas se las declaró esenciales durante la pandemia y al FMI se le rindió dólar sobre dólar. Necesitamos un cambio de rumbo, que inicia por la recuperación de la soberanía económica, alimentaria y energética como paso previo a la construcción de una igualdad real. Y eso, solo se logra tocando los intereses del obsceno 1% dueño de todo.
Hay alternativa, sólo falta voluntad política
Con el avance de esta nueva ley, se profundiza la crisis climática. A la sequía prolongada se le suma la crisis hídrica, y a contramano de lo necesario que es revertir el modelo, buscan introducir el paquete tecnológico “antisequías”: trigo transgénico HB4 y Glufosinato de Amonio. Prohibido en Europa, pero cultivado en unas 30 mil hectáreas en nuestro país.
Pero no nos sorprende. El agronegocio en Argentina concentra 36 millones de hectáreas generando 300 mil puestos de trabajo. ¿Sabés cuál es la situación de la propuesta agroecológica en el país? La agroecología, en su mayoría de producción frutihortícola, trabaja sobre 1,5 millones de hectáreas generando 450 mil puestos de trabajo, convirtiéndose en una práctica sustentable y más rentable, ya que genera 38 veces más empleo. Los pequeños agricultores son quienes, en la mayoría de los casos, alquilan las quintas de tierra arrasada por los monocultivos, las mejoran sin posibilidad de una vivienda digna, para que una vez finalizado el trabajo, acabe el contrato teniendo que empezar de cero otra vez.
Les ecosocialistas decimos: ¡Que el pueblo decida todo!
En el 2020 el fuego extractivista se llevó más de 1 millón de hectáreas en distintas zonas del país. 14 provincias en llamas para el “mejoramiento” de posturas, el ganado y el agronegocio. El ministro de ambiente, Juan Cabandié, sinceró la causa de este ecocidio en curso: “Queremos canjear deuda por acción ambiental. Porque conseguir dólares, para el vencimiento de la deuda, no podemos hacerlo sin contaminar”. Al servicio de una deuda ilegal, ilegítima y odiosa, entregan nuestros territorios y comunidades a las corporaciones extractivas, profundizando el saqueo y la contaminación a pesar de la contundencia de los informes de especialistas.
Al ecocidio planificado, oponemos nuestro legítimo derecho a la protesta, a las autoconvocatorias por las consultas populares vinculantes, por el ejercicio de la democracia directa. Este modelo no va más y necesitamos construir uno nuevo colectivamente. Desde acá, proponemos que sea en clave ecosocialista. ¡Sumate y conocenos!
Lucas Pérez y Tamara Yapura
Red Ecosocialista