Crédito imagen: Pedro Pallero
A más de dos décadas del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la memoria de la represión de Puente Pueyrredón vuelve a interpelar al presente. Mientras Eduardo Duhalde reaparece en el debate político con llamados a reorganizar el peronismo y frente a la crisis del régimen, las organizaciones populares mantienen viva la exigencia de justicia y recuerdan que los responsables políticos de aquella masacre siguen sin responder ante la sociedad.
Darío y Maxi: una memoria que incomoda al poder
El 26 de junio vuelve a marcar una fecha imposible de borrar para la historia reciente argentina. Ese día de 2002, en medio de una profunda crisis económica y social, la Policía Bonaerense asesinó a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante una movilización en el Puente Pueyrredón.
No fueron “víctimas de un enfrentamiento” como intentó instalar inicialmente el discurso oficial. Fueron dos jóvenes militantes sociales asesinados por un operativo represivo contra organizaciones que reclamaban trabajo, alimentos y condiciones dignas de vida. Las imágenes que registraron la represión desmontaron la versión estatal y dejaron al descubierto la responsabilidad policial.
A 24 años, sus nombres continúan siendo una bandera para miles que siguen organizándose desde abajo. Pero también vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué papel jugaron los gobiernos que decidieron reprimir la protesta social?
El regreso de Duhalde y las deudas de una época
La fecha vuelve a cobrar una dimensión política particular por la reaparición de Eduardo Duhalde en la escena pública. El expresidente, que gobernaba el país durante la Masacre de Avellaneda, volvió a ocupar espacios de discusión política, incluso lanzó su nuevo partido denominado “Movimiento Productivo”. en un contexto marcado por la crisis del gobierno de Javier Milei, la fragmentación del peronismo y la búsqueda de una reorganización del sistema político.
La figura de Duhalde no aparece desligada de aquella etapa. Su gobierno llegó después del estallido de diciembre de 2001, con un país atravesado por la desocupación, la pobreza y una enorme conflictividad social. En ese escenario, la respuesta estatal frente al crecimiento de los movimientos piqueteros fue la represión.
El operativo del Puente Pueyrredón involucró a distintas fuerzas de seguridad y terminó con el asesinato de Kosteki y Santillán. Aunque los autores materiales fueron condenados por la presión y la lucha popular, desde hace años que falta avanzar sobre las responsabilidades políticas.
La política de “orden” contra la protesta social
La Masacre de Avellaneda no fue un hecho aislado. Fue parte de una lógica política: intentar contener una crisis social profunda con la criminalización de quienes sufrían sus consecuencias.
En aquel momento, miles de trabajadores desocupados se organizaban en barrios populares frente a un modelo económico que había dejado una enorme exclusión. La respuesta del Estado fue intentar disciplinar esas organizaciones.
La represión buscaba enviar un mensaje: la protesta social tenía un límite. Pero ocurrió lo contrario. El asesinato de Darío y Maxi generó una enorme reacción popular y aceleró la crisis del gobierno de Duhalde, que terminó adelantando el llamado a elecciones.
De 2002 a Milei: viejos fantasmas en nuevos escenarios
El aniversario también se da en un momento donde el debate sobre la protesta social vuelve a estar presente. El gobierno de Javier Milei impulsó una política de ajuste y enfrentamiento con distintos sectores sociales, mientras desde el oficialismo se construyó un discurso que presenta a quienes protestan como obstáculos para el “cambio”.
La historia argentina demuestra que cada vez que una crisis golpea a las mayorías, aparece una disputa sobre cómo responder: si con organización y derechos o con represión y disciplinamiento. La memoria de Avellaneda vuelve entonces a interpelar al presente.
Un recuerdo que no entra en los discursos oficiales
El intento de distintos sectores políticos de recuperar figuras del pasado como Duhalde también abre una discusión sobre qué tipo de salida se busca frente a la crisis actual.
Desde sectores del establishment, muchas veces se reivindican experiencias de “gobernabilidad” que significaron acuerdos con los sectores concentrados de la economía.
Pero para quienes sostienen la memoria de Darío y Maxi, aquella etapa también dejó una marca: cuando los gobiernos no pueden resolver las demandas populares, muchas veces responden intentando silenciarlas.
La historia de Kosteki y Santillán sigue viva porque no habla solamente del pasado. Habla del presente y de una pregunta que todavía atraviesa a la sociedad argentina: qué intereses defiende el Estado cuando decide reprimir a quienes luchan.
Darío y Maxi presentes
A 24 años, sus nombres siguen apareciendo en las calles, en los barrios y en las luchas populares. No como una simple consigna del pasado, sino como parte de una pelea que continúa: por trabajo, vivienda, derechos y una sociedad donde reclamar no sea motivo de persecución.
Mientras algunos intentan volver a ordenar la política desde arriba, la memoria de Avellaneda recuerda que las transformaciones profundas siempre nacieron desde abajo. Darío y Maxi siguen presentes porque sus banderas siguen pendientes
