La salida de decenas de delegaciones durante el discurso de Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU volvió a exponer el aislamiento internacional del gobierno israelí. Pero reducir el problema a la figura del primer ministro es una forma de ocultar una realidad más profunda: la ocupación, la colonización y la negación de los derechos nacionales del pueblo palestino son políticas de Estado que atraviesan gobiernos y partidos.
Una sala que se vacía, un Estado cada vez más cuestionado
La imagen recorrió el mundo. El jueves 24 de septiembre, cuando Benjamin Netanyahu comenzó su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, representantes de decenas de países abandonaron la sala en señal de protesta. El retiro dejó amplios sectores del recinto prácticamente vacíos mientras el primer ministro israelí defendía las acciones de su gobierno y rechazaba las acusaciones de genocidio en Gaza.
Netanyahu respondió con insultos y calificó de “cobardes morales” a quienes se retiraron. En su intervención, volvió a presentar la ofensiva militar israelí como una acción de legítima defensa, atacó a sus críticos y negó las denuncias sobre la devastación provocada en la Franja de Gaza.
La escena expresó el creciente rechazo internacional a la política israelí. Sin embargo, hay una discusión que no puede quedar reducida a la suerte personal del primer ministro: el problema no empieza ni termina con Netanyahu.
La ocupación de los territorios palestinos, la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras, la fragmentación territorial y la subordinación de la población palestina forman parte de una estructura estatal que precede al actual gobierno y que no desaparecería automáticamente con su reemplazo.
Por eso, si la protesta internacional se limita a repudiar a Netanyahu como individuo, corre el riesgo de dejar intactas las instituciones, las políticas y los intereses que sostienen la opresión del pueblo palestino.
Netanyahu no inventó nada
La historia del conflicto no comenzó con el actual primer ministro ni con la llegada al poder de la derecha israelí. La creación del Estado de Israel en 1948 estuvo acompañada por la expulsión y el desplazamiento de cientos de miles de palestinos, un proceso conocido por el pueblo palestino como la Nakba, la catástrofe.
Desde entonces, la cuestión palestina quedó atravesada por la pérdida de tierras, el despojo, el exilio y la negación del derecho de millones de personas a regresar a sus hogares. En 1967, Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, territorios cuya situación continúa siendo central en el conflicto.
A lo largo de décadas, gobiernos laboristas, centristas y de derecha sostuvieron distintas versiones de una misma estructura de control sobre la población palestina. Las diferencias entre esas administraciones son reales, pero no borran la continuidad de la ocupación ni la expansión de los asentamientos.
La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva del 19 de julio de 2024, concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y sostuvo que debe ponerle fin lo antes posible. También señaló que los asentamientos y las políticas asociadas vulneran el derecho internacional y afectan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
No se trata, entonces, de una discusión limitada a las decisiones de un dirigente. El Estado israelí cuenta con un aparato militar, judicial, administrativo y económico que organiza y reproduce esa relación de dominación.
Un proyecto que va más allá de un gobierno
El sionismo surgió como un movimiento nacional judío que buscó establecer un hogar nacional en Palestina, en un contexto histórico marcado por el antisemitismo y las persecuciones contra las comunidades judías. Pero la construcción de Israel y su consolidación territorial estuvieron atravesadas por la expulsión, la desigualdad de derechos y el enfrentamiento con la población palestina.
Cuestionar el sionismo como proyecto político estatal implica discutir el privilegio nacional, la colonización, la usurpación y la negación de los derechos palestinos. No significa responsabilizar colectivamente a las personas judías por las acciones del Estado israelí ni desconocer su derecho a vivir sin persecución y discriminación.
La distinción es fundamental: criticar al Estado de Israel no es atacar al pueblo judío. El antisemitismo es una forma de racismo que debe ser combatida sin ambigüedades. Del mismo modo, denunciar la opresión del pueblo palestino no puede ser descalificado automáticamente como antisemitismo.
El debate de fondo es qué tipo de Estado, qué régimen de derechos y qué relación entre los pueblos se pretende sostener en un territorio donde viven comunidades con historias, identidades y derechos que deben ser reconocidos.
Gaza: una tragedia que no puede explicarse por un solo hombre
La ofensiva israelí sobre Gaza, iniciada después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, provocó una destrucción de enorme magnitud. El ataque de Hamas dejó alrededor de 1.200 personas muertas en Israel y cientos de personas secuestradas. La respuesta militar israelí causó decenas de miles de muertes palestinas, una devastación generalizada y una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas.
El gobierno israelí sostiene que sus operaciones están dirigidas contra Hamas y rechaza las acusaciones de genocidio. Pero esa “explicación” no puede borrar la responsabilidad estatal por las acciones de sus fuerzas armadas ni la obligación de proteger a la población civil.
La destrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura esencial, el desplazamiento masivo de la población y las restricciones al acceso a bienes indispensables deben ser examinados en función de sus consecuencias concretas sobre la vida de millones de personas.
En Cisjordania, además, la expansión de los asentamientos y la violencia de colonos continúan amenazando la posibilidad de una vida digna y de un territorio palestino soberano. Naciones Unidas advirtió que esas políticas están erosionando las condiciones necesarias para la existencia de un Estado palestino viable.
La responsabilidad no puede descargarse únicamente sobre Netanyahu. Las decisiones militares, la política de colonización y el régimen de ocupación involucran a instituciones estatales, fuerzas de seguridad, organismos administrativos y sectores económicos que se benefician de esa estructura. De hecho tienen su origen en la propia creación del Estado de Israel.
El aislamiento de Netanyahu no alcanza
La salida de las delegaciones de la ONU fue una señal política de rechazo. Pero el aislamiento diplomático de un primer ministro no equivale necesariamente al desmantelamiento de las estructuras que sostienen la ocupación.
Netanyahu puede dejar el poder. Puede ser reemplazado por otro dirigente, por una coalición diferente o por un gobierno que modifique el tono de la política exterior. Sin embargo, mientras continúen la ocupación, la colonización y la desigualdad de derechos, el problema de fondo seguirá abierto.
Los estados que le dan la espalda ante el mundo a Netanyahu deberían dejar de brindar respaldo político, militar y económico a las políticas de ocupación y apoyar que se investiguen las violaciones al derecho internacional, con rendición de cuentas para quienes resulten responsables.
Además, la experiencia histórica muestra que la alternancia electoral no garantiza por sí misma una transformación de las relaciones de poder. Para que exista una salida duradera, deben cambiar las condiciones materiales y políticas que impiden al pueblo palestino ejercer sus derechos nacionales.
Eso exige terminar con la ocupación, desmantelar los asentamientos ilegales, garantizar la igualdad de derechos y reconocer el derecho del pueblo palestino a decidir libremente su futuro. Para poder lograrlo, se deben volver las condiciones de la región a las anteriores a 1948. Y poner en pie una Palestina única, laica, no racista, democrática y socialista en el marco de un avance revolucionario en medio oriente, que garantice el reconocimiento pleno de los derechos nacionales, políticos y sociales del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación, al retorno de los refugiados y a vivir sin ocupación ni sometimiento.
