Una nueva auditoría sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad detectó que, durante la gestión de Diego Spagnuolo, se pagaron insumos médicos y ortopédicos con sobreprecios de hasta el 1972%. Los informes también señalaron contrataciones sin procedimientos adecuados, proveedores vinculados entre sí y posibles irregularidades en los pagos. Mientras el Gobierno recortaba prestaciones y recursos destinados al sector, los fondos públicos habrían sido utilizados para pagar cifras muy superiores a los valores de referencia.
Sobreprecios escandalosos en la ex ANDIS
Una nueva auditoría sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a poner bajo la lupa las compras realizadas durante la gestión de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y exabogado de Javier Milei.
Según los relevamientos difundidos, se detectaron sobreprecios de hasta el 1972% en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos destinados a personas con discapacidad. Los informes también señalaron diferencias extraordinarias entre los valores facturados al organismo y los precios de referencia utilizados para comparar las compras.
Uno de los casos relevados fue el de una silla de traslado postural facturada por una empresa proveedora en $18 millones, frente a un valor de referencia de $945.000. La diferencia representa un sobreprecio cercano al 1.804% respecto de ese precio de referencia.
Los hallazgos forman parte de una auditoría interna que examinó contrataciones, facturas y procedimientos administrativos de la ex ANDIS. La documentación fue remitida a la Justicia federal, que investiga un presunto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos ilegales.
El caso vuelve a exponer una contradicción central: mientras las personas con discapacidad enfrentan dificultades para acceder a prestaciones, medicamentos e insumos, los recursos públicos destinados a garantizar esos derechos habrían sido utilizados en operaciones bajo sospecha.
Facturas millonarias y proveedores bajo la lupa
Los informes de auditoría también identificaron operaciones con diferencias significativas entre los montos facturados y los precios de referencia. En el rubro ortopédico, se detectaron facturas por sillas de ruedas, elementos de traslado y otros insumos cuyos valores superaban ampliamente los utilizados como referencia de mercado. En algunos casos, las diferencias alcanzaban varios cientos o miles por ciento.
También se señalaron facturas por prótesis y dispositivos médicos con precios muy superiores a los registrados en compras realizadas por otros organismos públicos, como el PAMI.
Uno de los ejemplos mencionados fue una válvula utilizada en procedimientos médicos que la ex ANDIS habría pagado por $425 millones, mientras que el PAMI había adjudicado un insumo comparable por un monto considerablemente menor.
Las auditorías también detectaron pagos que habrían sido realizados dos veces por una misma factura y operaciones que no contaban con documentación suficiente para reconstruir el procedimiento de contratación.
Estos hallazgos no constituyen por sí solos una sentencia judicial, pero aportan elementos a una investigación que busca determinar cómo se utilizaron los fondos públicos y quiénes fueron los responsables de las decisiones administrativas y comerciales.
Un sistema de compras bajo sospecha
La investigación judicial apunta a un presunto mecanismo de contrataciones direccionadas en el que habrían participado funcionarios y empresarios vinculados a proveedores de insumos médicos.
Según los elementos reunidos en la causa, durante la gestión de Spagnuolo se habría utilizado un sistema informático de compras que permitía manipular las invitaciones a cotizar y favorecer a determinadas empresas.
La hipótesis fiscal sostiene que algunas firmas habrían sido convocadas de antemano para simular una competencia que, en los hechos, no habría sido real. De esa manera, ciertos proveedores habrían tenido ventajas para acceder a contrataciones y adjudicaciones.
Los informes de auditoría también identificaron vínculos familiares, societarios y comerciales entre algunas empresas proveedoras. Esos lazos fueron señalados como posibles indicios de una estructura que habría limitado la competencia y facilitado el direccionamiento de las compras.
La Justicia deberá determinar si esas relaciones se utilizaron para beneficiar a determinadas firmas, si existieron acuerdos ilegales y qué responsabilidades corresponden a cada uno de los involucrados.
Spagnuolo y el avance de la causa judicial
El escándalo de la ANDIS comenzó a tomar mayor dimensión pública tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se mencionaban presuntos retornos vinculados a la compra de medicamentos y referencias a Karina Milei.
A partir de esas revelaciones se abrió una investigación judicial que avanzó sobre las contrataciones del organismo y los vínculos entre funcionarios y proveedores. La Cámara Federal confirmó recientemente los procesamientos de Spagnuolo, Daniel Garbellini y otros 17 imputados, entre ellos empresarios vinculados al sector de los insumos médicos.
La resolución judicial consideró que existían elementos para sostener, en esta etapa del proceso, la hipótesis de una presunta asociación ilícita que habría intervenido en negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública y cohecho.
El ajuste sobre la discapacidad y el negocio de los proveedores
El caso de la ex ANDIS adquiere una dimensión todavía más grave en un contexto de recortes presupuestarios, dificultades para acceder a prestaciones y reclamos de personas con discapacidad y sus familias.
Mientras el Gobierno sostiene una política de ajuste sobre distintas áreas del Estado, los informes sobre las compras de la agencia muestran que los recursos destinados a garantizar derechos esenciales habrían sido utilizados en operaciones con precios muy superiores a los valores de referencia.
La discusión no puede limitarse a una cuestión de administración o de controles internos. Cuando se trata de medicamentos, prótesis, sillas de ruedas y otros insumos indispensables, cada peso público debe destinarse a garantizar el acceso a la salud y a una vida digna.
Los sobreprecios denunciados también ponen en cuestión el papel de los proveedores privados que facturaron al Estado y la responsabilidad de los funcionarios que debían garantizar procedimientos transparentes y proteger los recursos públicos.
Que se investigue hasta el final
Las nuevas auditorías profundizan las sospechas sobre el funcionamiento de la ex ANDIS durante la gestión de Spagnuolo y vuelven a poner en discusión el destino de los recursos públicos destinados a la discapacidad.
La investigación debe avanzar sobre los funcionarios, empresarios y proveedores involucrados, reconstruir cada contratación y determinar si existieron retornos, pagos indebidos o maniobras para beneficiar a determinadas empresas.
También resulta indispensable garantizar la transparencia de las compras públicas, fortalecer los controles y asegurar que los recursos destinados a la discapacidad lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Mientras las personas con discapacidad reclaman prestaciones, medicamentos e insumos, las auditorías revelan compras bajo sospecha con sobreprecios extraordinarios. La prioridad debe ser esclarecer las responsabilidades, recuperar los recursos que eventualmente hayan sido desviados y garantizar que el presupuesto destinado a la discapacidad deje de estar atravesado por negocios y falta de controles.
