La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y de otras 18 personas en la causa que investiga presuntas coimas, direccionamiento de compras y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. La resolución sostiene que existen elementos para investigar una organización integrada por funcionarios y empresarios. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen pagando el ajuste.
La Justicia ratificó la investigación
La Sala II de la Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y de otras 18 personas. La decisión fue tomada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah y ratifica, en lo central, los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Sebastián Casanello.
Spagnuolo continúa procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo. La Justicia también sostiene la hipótesis de que habría encabezado una asociación ilícita vinculada con las contrataciones del organismo.
Entre los otros procesados aparecen el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian, entre otros. En total son 19 las personas alcanzadas por esta etapa del expediente.
Compras direccionadas y sobreprecios
Según la hipótesis de la fiscalía, el mecanismo investigado habría permitido direccionar contrataciones hacia determinados proveedores mediante una combinación de competencia simulada, sobreprecios y presuntos pagos ilegales.
La propia Cámara señaló que se habrían realizado “contrataciones direccionadas y con sobreprecios” con el objetivo de obtener ganancias indebidas. También se investigan pagos a funcionarios a cambio de facilitar esas contrataciones.
Un dato importante de la resolución es que las defensas no lograron tirar abajo la causa cuestionando el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo. Los camaristas remarcaron que existen otros elementos independientes, entre ellos documentación sobre las compras y análisis de dispositivos secuestrados durante los allanamientos.
El negocio sobre los derechos de las personas con discapacidad
El caso tiene una gravedad particular porque no se trata de cualquier área del Estado. ANDIS tiene entre sus funciones la implementación de políticas destinadas a garantizar derechos y prestaciones para las personas con discapacidad.
La investigación judicial sostiene que durante la gestión de Spagnuolo el organismo habría funcionado como una estructura para direccionar pagos y contrataciones en beneficio de determinados proveedores. Esa hipótesis deberá ser probada en el avance del proceso, pero plantea una contradicción brutal: un organismo creado para garantizar derechos aparece bajo investigación por presuntas maniobras que habrían beneficiado negocios privados.
Y mientras se investiga el circuito de las compras, las políticas de ajuste del Gobierno siguen afectando a las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores que sostienen las prestaciones.
La corrupción también tiene una lógica de clase
El discurso libertario presenta al Estado como una estructura ineficiente que debe ser reducida y sostiene que el problema son sus trabajadores, sus organismos y el gasto público.
Pero la causa ANDIS muestra otra discusión: qué intereses terminan beneficiándose cuando el Estado administra recursos millonarios sin controles suficientes.
Si la Justicia confirma finalmente las maniobras investigadas, no estaríamos simplemente ante funcionarios que se habrían aprovechado de sus cargos. También aparecería una trama de relaciones entre funcionarios, empresarios y proveedores privados alrededor de fondos destinados a políticas de discapacidad.
La discusión, entonces, no puede reducirse a cambiar nombres o funcionarios. Se trata de garantizar que los recursos públicos destinados a derechos sociales no terminen convertidos en negocios para unos pocos.
Que la crisis no la paguen quienes necesitan prestaciones
La confirmación de los procesamientos no constituye una condena y la investigación todavía debe determinar las responsabilidades penales de cada acusado. Pero sí deja un dato político: la causa sigue avanzando y la hipótesis de un esquema de corrupción dentro de ANDIS no fue descartada por la Cámara Federal.
Frente a esto, hace falta transparencia total sobre las compras, los proveedores, los contratos y el destino de cada peso destinado a discapacidad.
Porque mientras el Gobierno ajusta sobre quienes necesitan medicamentos, tratamientos y prestaciones, los recursos públicos no pueden ser una caja para empresarios y funcionarios.
La discapacidad no puede ser un negocio. Los fondos destinados a garantizar derechos deben estar bajo control público, con transparencia y participación de trabajadores, usuarios y organizaciones de personas con discapacidad.
