El brutal ajuste tarifario no da tregua y asfixia cada vez más a los hogares. Según el último informe[i] del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la canasta de servicios públicos para un hogar promedio del AMBA (sin subsidios) se ubicó en $268.405. Este nivel de gasto es la confirmación directa de que la evolución de los cuadros tarifarios hace que el costo de vida se dispare muy por encima de cualquier otro indicador. Para tener una idea clara del golpe, solo basta mirar la comparación interanual: la canasta de servicios saltó un 55%, una cifra que supera ampliamente a la inflación general estimada para el mismo período, ubicada en un 33%.
El brutal salto desde la asunción de Milei
Ahora bien, para entender el impacto de las políticas de ajuste del actual gobierno, se debe observar el acumulado. Desde diciembre de 2023, momento en el que Javier Milei asumió la presidencia, la canasta que agrupa la luz, el gas, el agua y el transporte trepó un impresionante 867%. Para ponerlo en perspectiva, en ese mismo lapso, el nivel general de inflación fue del 254%. Esto demuestra que, bajo el gobierno libertario, los servicios esenciales crecieron a un ritmo abismalmente mayor que el resto de la economía.
Semejantes aumentos acumulados resultan directamente insostenibles para cualquier economía familiar. Por ejemplo, el gas natural lideró esta escalada con un incremento sideral del 1639% desde diciembre de 2023, seguido de cerca por el transporte público, que registró un salto del 1479%.
Salarios de miseria frente a tarifas impagables
El informe utiliza como referencia la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), calculada en $2.024.647. Bajo este parámetro oficial, el gasto de la canasta de servicios insume un 14,6% del salario. No obstante, la realidad de la inmensa mayoría de la clase trabajadora es aún más dramática y está muy lejana a ese número estadístico. Lo cierto es que el salario promedio real en el empleo formal se encuentra estancado entre $1.000.000 y $1.300.000, lo que eleva el peso de estas facturas por encima del 20% o 25% de los ingresos mensuales.
Y el panorama se vuelve catastrófico al observar el inmenso universo de la informalidad laboral, donde el segmento salarial más amplio percibe ingresos que a duras penas alcanzan los $800.000. Para estos laburantes, destinar casi $270.000 solo para prender la luz, cocinar, tomar un colectivo o tener agua corriente significa, literalmente, sacrificar el alimento de sus familias.
El transporte como motor del gasto y el dictado del FMI
Dentro de esta estructura asfixiante, la movilidad cotidiana se lleva la peor parte. El transporte público explica hoy el 47% de la canasta total, exigiendo un desembolso mensual de $126.689. Este rubro en particular experimentó un alza interanual del 70%, aplastando cualquier paritaria. Del otro lado, la factura de energía eléctrica promedió los $49.770 (un 48% de aumento interanual), la de gas alcanzó los $49.370 (+42%) y la de agua los $42.576 (+40%).
A pesar de esta lluvia de tarifazos, las familias del AMBA cubren, en promedio, el 54% del costo que las empresas declaran para prestar los servicios, mientras el Estado aporta el 46% restante mediante subsidios. Pero estas compensaciones estatales están en plena retirada: solo en transporte, los subsidios cayeron un 27% real interanual. Y este no es un dato menor, ya que este recorte está atado directamente a los dictados del Fondo Monetario Internacional. La quita de subsidios es una meta estructural e innegociable dentro del programa de facilidades extendidas firmado con dicho organismo, el cual exige llevar las tarifas a valores plenos para asegurarle la tasa de ganancia a los empresarios.
Una salida de fondo contra esta estafa
Este esquema, con el inconfundible sello del FMI, deja en claro que el “sinceramiento” del gobierno de Milei es solo un verso para encubrir la transferencia de ingresos de los sectores populares hacia el capital concentrado. Porque mientras la Casa Rosada celebra el ajuste fiscal, el pueblo trabajador se hunde en la pobreza pagando el costo de una estafa sistemática.
Frente a esta política, no hay salida posible mendigando bonos o tarifas sociales que se licúan a los pocos días. Se vuelve urgente proponer un camino radicalmente distinto que corte de raíz con el lucro empresarial.
El primer paso indispensable es exigir la apertura inmediata de los libros contables de todas las empresas privatizadas. Hacer esto es vital para que toda la sociedad pueda ver las ganancias extraordinarias que estas corporaciones fugaron durante décadas mientras hundían la infraestructura en la desinversión total.
Una vez expuesto este inmenso saqueo, la única respuesta a favor de las mayorías es la reestatización total e inmediata del sistema eléctrico, el gas, el agua y el transporte, sin pagar un solo peso de indemnización a estas patronales parasitarias. Sin embargo, recuperar estas empresas no puede significar dejarlas en manos de los mismos políticos tradicionales que siempre pactan con el establishment. La única garantía para establecer cuadros tarifarios acordes al salario real y planificar una verdadera transición hacia energías limpias y sustentables es poner estos servicios bajo el control democrático e indelegable de sus propios trabajadores, técnicos y usuarios. Romper las cadenas con el FMI y recuperar la soberanía sobre nuestros recursos es el único camino para que los servicios básicos dejen de ser el negocio millonario de unos pocos y vuelvan a ser un derecho inalienable para el pueblo trabajador.
[i] https://economicas.uba.ar/iiep/wp-content/uploads/INFORME-IIEP-SEPTIEMBRE-2026.pdf
