El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López desapareció por segunda vez. Sobreviviente del terrorismo de Estado y testigo clave contra el genocida Miguel Etchecolatz, fue visto por última vez cuando se dirigía a los alegatos del juicio que terminaría condenando al represor. Dos décadas después, la pregunta sigue abierta: ¿dónde está López y quiénes fueron responsables de su desaparición?
Un testigo que volvió a señalar a los genocidas
Veinte años. Dos décadas sin respuestas. Veinte años desde que Jorge Julio López salió de su casa en Los Hornos y nunca volvió. Tenía 76 años y era albañil, pero también era sobreviviente de los centros clandestinos del circuito Camps, militante y testigo fundamental en los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado. El 18 de septiembre de 2006 debía asistir a los alegatos de sus abogadas en el juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz. Nunca llegó.
Su desaparición ocurrió en democracia, después de que López relatara ante la Justicia las torturas, asesinatos y desapariciones que había presenciado durante la dictadura. Su testimonio fue decisivo para la condena a prisión perpetua de Etchecolatz.
No fue solamente la desaparición de un hombre. Fue un mensaje. Y también una pregunta que el Estado argentino lleva veinte años sin responder.
López había sido secuestrado por primera vez durante la dictadura. En octubre de 1976 fue llevado a los centros clandestinos vinculados al circuito represivo encabezado en la provincia de Buenos Aires por Ramón Camps y Etchecolatz.
Décadas después, cuando los juicios por delitos de lesa humanidad comenzaron a reabrirse tras la caída de las leyes de impunidad, volvió a declarar. Y esta vez habló.
Su testimonio permitió reconstruir el funcionamiento del aparato represivo, identificar responsables y aportar pruebas fundamentales contra Etchecolatz. López no hablaba desde un libro de historia: hablaba como sobreviviente y protagonista de aquello que estaba denunciando.
Por eso su segunda desaparición resultó todavía más brutal. López había sobrevivido a la dictadura para convertirse en testigo contra los genocidas. Y desapareció justamente cuando los juicios comenzaban a ponerlos nuevamente ante los tribunales.
Veinte años de impunidad
La causa por su desaparición continúa abierta. En estos años se acumularon enormes cantidades de documentación, pistas, llamadas, testimonios y distintas líneas de investigación, pero ninguna permitió determinar con certeza quiénes secuestraron a López, qué ocurrió con él ni dónde está su cuerpo. Actualmente la investigación se encuentra bajo la órbita de la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad.
El dato es tan brutal como sencillo: 20 años después seguimos sin saber qué pasó con Jorge Julio López.
En junio de este año, el gobierno bonaerense aumentó la recompensa por información que permita esclarecer su desaparición hasta los 10 millones de pesos. Es una medida que puede contribuir a la búsqueda, pero que no reemplaza la responsabilidad del Estado de investigar y esclarecer el caso. Porque una democracia que no puede explicar qué ocurrió con un testigo de delitos de lesa humanidad tiene una deuda enorme.
El aparato represivo no desapareció con la dictadura
La desaparición de López expuso algo que desde entonces resulta imposible ignorar: la existencia de estructuras represivas que sobrevivieron al fin de la dictadura y que nunca fueron completamente desmanteladas.
El propio recorrido posterior de los juicios y las denuncias por violencia institucional muestran que la pelea contra la impunidad no terminó en 1983. López forma parte de una lista dolorosa de personas desaparecidas o asesinadas por fuerzas de seguridad durante la democracia. Miguel Bru, Andrés Núñez, Luciano Arruga y Facundo Astudillo Castro son algunos de los nombres que siguen interpelando al Estado.
No son historias idénticas y no corresponde equipararlas mecánicamente con el terrorismo de Estado. Pero todas obligan a discutir una misma cuestión: qué estructuras policiales, judiciales y políticas permiten que la violencia institucional y la impunidad sigan existiendo.
Contra el negacionismo
Este aniversario llega además en un contexto donde la ultraderecha vuelve a reivindicar a las Fuerzas Armadas, cuestiona consensos democráticos conquistados durante décadas y busca instalar nuevamente la teoría de los “dos demonios”.
Por eso la memoria de López incomoda. Porque no permite separar la discusión sobre el terrorismo de Estado del presente. No permite convertir la dictadura en una postal lejana ni reducir los juicios a una cuestión del pasado.
La desaparición de López confirma la necesidad de desmantelar el aparato represivo, abrir los archivos estatales, eclesiásticos y empresariales y avanzar contra todos los responsables materiales y políticos. Frente al negacionismo, no alcanza con recordar. Hay que seguir investigando, denunciando y organizándose.
Que López no desaparezca por tercera vez
Hay una frase que resume estos veinte años: que López no desaparezca por tercera vez. La primera fue durante la dictadura, cuando el terrorismo de Estado intentó borrar su existencia junto con la de miles de compañeros y compañeras.
La segunda ocurrió en democracia, cuando desapareció después de declarar contra uno de los principales responsables del aparato represivo bonaerense. La tercera sería el olvido. Y contra eso también hay una pelea.
Este 18 de septiembre, las calles de La Plata volverán a reclamar por Jorge Julio López. La convocatoria está prevista para las 17 en Plaza Moreno, donde participará Cele Fierro y el MST acompañando el reclamo.
A veinte años, seguimos preguntando: ¿Dónde está Jorge Julio López?
Y exigimos verdad, justicia y castigo para todos los responsables. Porque no puede haber reconciliación con los genocidas ni silencio frente a la impunidad. Porque las libertades democráticas que conquistó la movilización popular se defienden en las calles. Y porque frente al negacionismo y al avance represivo de la ultraderecha, la memoria también es una herramienta de lucha.
