El gobierno avanza con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las joyas estratégicas que le quedan al Estado y que garantiza el acceso al agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Esta operación, que busca recaudar unos US$450 millones por el 90% del paquete accionario, abrió recientemente sus sobres electrónicos. Específicamente, este martes el Ministerio de Economía llevó adelante la apertura de las ofertas técnicas, dando inicio formal a la compulsa. En esta instancia actual, donde recién se dieron a conocer los nombres de los interesados, las propuestas pasarán a una etapa de análisis técnico. Aquellos grupos que logren cumplir con todos los requisitos del pliego quedarán finalmente habilitados para presentar la oferta económica que definirá al ganador.
El proceso de licitación dejó al descubierto a los verdaderos interesados en quedarse con este servicio esencial. De los 17 participantes registrados, solo dos consorcios locales avanzaron a la etapa de análisis técnico: el grupo Roggio ROAS S.A.U. y el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX.
Los actores detrás del negocio
La disputa por AySA está protagonizada por figuras conocidas de la casta empresarial argentina. Por un lado, se encuentra el Grupo Roggio, un actor histórico de las concesiones cuyo líder, Aldo Roggio, declaró como arrepentido y confesó el pago de coimas en la causa Cuadernos. Para esta nueva licitación, el grupo, que ya opera el servicio en Córdoba, se presentó asociado con la firma estatal israelí Mekorot y la compañía japonesa Marubeni, quienes serían las encargadas de proveer la asistencia técnica.
Por otro lado, asoma como principal candidato el consorcio liderado por Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y conocido como el “Rey del Cloro“. Filiberti es el mayor fabricante del país y proveedor monopólico del coagulante que AySA utiliza para potabilizar el agua. En esta ocasión, el empresario se presentó asociado con Rowing SA, la constructora perteneciente a Walter Román; el fondo de inversión de origen neerlandés PHX, y la empresa brasileña Arcos, con base de operaciones en Río de Janeiro.
El gran dato político de este armado es que, camuflados detrás de Rowing SA y la familia Román, operan los hermanos Juan y Patricio Neuss. Si bien no son las únicas caras del negocio, los Neuss se han consolidado indiscutiblemente como los empresarios favoritos del gobierno de Javier Milei. Su crecimiento ha sido meteórico: lograron quedarse de manera polémica con Transener y también intervinieron, detrás de otra empresa de los Román (Servimagnus), en el negocio del balizamiento de la Hidrovía. A la par, en el mercado se especula que la sorpresiva ausencia en este consorcio de José Luis Manzano (quien se descontaba que iría asociado a Filiberti) responde a un intercambio de favores. El gobierno libertario aún debe firmar la prórroga de la licencia de Metrogas para que Manzano tome su control definitivo. Al bajarse de la disputa por AySA, se despejaría el camino para esa firma, sacando del medio a los Neuss, quienes también habían competido por la gasífera.
El peligro de un nuevo “monstruo tarifario“
La posible victoria del grupo de Filiberti esconde un peligro mucho mayor que un cambio en la firma de quienes son los dueños. Filiberti es socio directo de José Luis Manzano y Daniel Vila, con quienes ya controla Edenor. Si este tridente logra quedarse con AySA, estaríamos ante la consolidación de un verdadero monopolio sobre la vida de millones de trabajadores.
En primer lugar, esto implicaría una concentración absoluta de los servicios, ya que este consorcio, conocido como Edelcos, acaba de adquirir el 70% de Metrogas por US$780 millones. A esto se le suma un dominio de recursos clave: junto a su participación en la refinería de Dock Sud y la red de estaciones Shell, un solo grupo pasaría a administrar la luz, el gas, los combustibles y el agua del AMBA. Para sostener esto, cuentan además con un poderoso cerrojo mediático, dado que los mismos empresarios que fijarán las tarifas controlan enormes medios de comunicación, como el Grupo América, moldeando la opinión pública a su favor para justificar los aumentos.
Por último, los conflictos de interés quedarían a la orden del día. AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA; si la oferta prospera, el mismo consorcio sería el vendedor de energía a través de Edenor y el principal comprador a través de la propia AySA.
El agua no es una mercancía
El acceso al agua potable no puede ser visto como un lujo ni como un instrumento financiero. Y aunque para cualquier persona de a pie esto suene a una obviedad total, con negociados como este nos obligan a volver a discutir lo más básico, que el agua es un derecho humano elemental. El problema es que cuando dejamos que ese derecho se transforme en una mercancía para que unos pocos hagan caja, los resultados ya los conocemos de sobra. Alcanza on mirar la experiencia internacional para darse cuenta de que entregar estos recursos siempre termina igual: tarifazos brutales, cero inversiones en los barrios populares y un servicio cada vez más inaccesible para los sectores vulnerados. Pero, tampoco hay que extenderse por sobre los límites de nuestro país, también sirve y es obligatorio mirar en la historia reciente de nuestro territorio. Con revisar el derrotero que sufrió esta empresa al ser privatizada durante el menemismo, podemos saber cuál puede ser el futuro de este servicio fundamental.
Frente a este saqueo a plena luz del día, no nos podemos comernos el verso de la libre competencia en un mercado que está arreglado desde el arranque. La verdadera salida es cortar el problema de raíz. Hay que exigir la reestatización integral de los servicios públicos esenciales, y sin poner un solo peso en indemnizaciones para estas empresas que ya se cansaron de ganar plata. Si de verdad queremos un servicio de calidad y que las boletas no nos asfixien cada fin de mes, AySA y todo el sistema energético tienen que pasar a estar bajo control social. Es decir, tienen que ser administrados de forma verdaderamente democrática por quienes sostienen y necesitan el servicio: sus propios trabajadores, los técnicos y los usuarios.
