A partir del mediodía, la Cámara de Diputados dará inicio a una sesión especial impulsada por varios bloques de la oposición. El objetivo sería tratar dos urgencias sociales que el oficialismo se niega a mirar: los altísimos índices de morosidad crediticia que ahogan a las familias y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año.
Viendo que la oposición tenía garantizado el quórum de 129 legisladores y que el boicot era imposible, La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR decidieron, a último momento, dar la orden de bajar al recinto. El oficialismo busca así disimular una nueva derrota legislativa e intentar mantener el control del cronograma. Mientras esto sucede en las bancas, afuera del Congreso se movilizarán el colectivo de discapacidad y deudores para exigir respuestas.
Todo este escenario se da en un contexto de debilidad política y económica para el gobierno de Javier Milei. Incapaz de mostrar un solo logro en la economía real, el oficialismo intenta recuperar la iniciativa apelando a un repentino y oportunista boom de malvinización. Este patriotismo de cartón no es más que un intento rastrero de tapar el desastre social que pesa sobre sus hombros. Sin embargo, el humo se disipa rápido cuando la realidad golpea la puerta. Porque aterrorizados ante la posibilidad de acusar un nuevo y contundente golpe en el Congreso, los libertarios han decidido sentarse en sus bancas para intentar manipular la votación desde adentro y proteger los intereses del capital financiero.
La hoja de ruta de la oposición
Para que quede claro, en la sesión especial de hoy no se va a votar por proyectos. La jugada pasa por votar el emplazamiento hacia las comisiones que tratan dichos temas. Esta herramienta sirve para obligar al oficialismo a que habilite el debate de los más de 50 proyectos presentados sobre estos temas en las comisiones pertinentes (como Finanzas y Discapacidad), que actualmente están presididas por los libertarios Santiago Pauli y Gerardo Huesen, respectivamente. Hasta ahora, estas comisiones funcionaron como un cepo, bloqueando sistemáticamente cualquier discusión que incomodara a la Casa Rosada o que implicara tocarle el bolsillo a los bancos y las prestadoras privadas de salud.
El emplazamiento obligaría a estas comisiones a fijar una fecha inamovible para emitir dictamen y llevar los proyectos al recinto. Ante la inminencia de esta jugada opositora, el oficialismo ensayó todo tipo de maniobras. La primera fue intentar dilatar la discusión. Pauli y Huesen convocaron a reuniones informativas de apuro y propusieron patear los dictámenes para el 23 y 30 de septiembre. La trampa detrás de este calendario es atar el destino de los endeudados y de las personas con discapacidad a la rosca por la Ley de Presupuesto 2027, utilizándolos como moneda de cambio en las negociaciones.
Las maniobras del oficialismo
Sabiendo que los números estaban ajustados, el gobierno desplegó todo su arsenal de aprietes y favores. Los principales operadores del oficialismo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se encargaron de negociar con los gobernadores que usualmente les votan todo (como Sáenz en Salta, Jaldo en Tucumán, Torres en Chubut y Figueroa en Neuquén).
La desesperación libertaria llegó al punto de abrir la chequera de forma escandalosa. A escasos 5 días de esta sesión, el gobierno repartió 12.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias de Misiones, Jujuy y La Pampa. Sin embargo, al notar que ni los sobornos alcanzaban para desarmar la sesión, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, reunió anoche a los jefes de las bancadas dialoguistas para acordar bajar al recinto, intentar adueñarse de la sesión y presionar para imponer su propio cronograma de dilatación.
La trampa de la deuda y la única salida posible
Mientras el gobierno intenta recomponer su imagen, negociando a espaldas del pueblo para salvar a los bancos, la realidad es catastrófica. Hoy, cerca de 6 millones de personas (el 28% de los sujetos de crédito en Argentina) se encuentran en rojo con el repago de sus deudas. El drama es abismal en el terreno de las fintechs y billeteras virtuales como Mercado Pago o Tarjeta Naranja, donde la usura impone una tasa de morosidad que trepó al 33,69%. La enorme mayoría de estos deudores debe menos de $626.000; son familias que, frente a salarios miserables (el 50% de los ocupados cobra menos de $800.000), se endeudaron simplemente para comprar comida o pagar tarifas.
En nuestro país hace falta un plan de salvataje urgente para las familias trabajadoras que han caído en la trampa de la usura. El Estado no puede hacerse el desentendido frente a este desastre del que es responsable. Se debe crear una comisión de seguimiento integrada por los propios damnificados y avanzar en medidas de fondo: derogar la dictatorial Ley de Entidades Financieras y estatizar el sistema bancario para otorgar créditos blandos y frenar los cobros compulsivos.
Queda absolutamente claro que ninguna de estas soluciones a favor de las mayorías será el resultado de la rosca que se lleva adelante en el Congreso. Arrancarle una salida real a este gobierno hambreador, que se disfraza de patriota mientras entrega el país a los especuladores, depende exclusivamente de la fuerza que logremos imponer en las calles. Toda esa angustia y desesperación por las deudas y el ajuste tiene que transformarse en lucha organizada. Por eso, este 19 de septiembre tenemos que reventar la Plaza de Mayo y todas las plazas del país en la Marcha de la Bronca. Es ahí, codo a codo en la calle, donde verdaderamente vamos a derrotar a la usura y a quebrar el plan motosierra de Javier Milei.
