El salario docente universitario continúa 22% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. La recomposición acordada en junio no alcanzó para recuperar lo perdido y el deterioro presupuestario de las universidades vuelve a empujar a la comunidad educativa a las calles.
Un salario que no alcanza
El ajuste de Javier Milei tiene uno de sus blancos predilectos en la universidad pública. Mientras el Gobierno sostiene el discurso de la “eficiencia” y el equilibrio fiscal, los salarios de quienes enseñan e investigan continúan muy por debajo del poder adquisitivo que tenían antes de su llegada al poder.
El salario docente universitario todavía acumula una pérdida real del 22% respecto de noviembre de 2023. La recomposición acordada en junio permitió recuperar apenas una parte del terreno perdido, pero no alcanzó para revertir el derrumbe salarial.
La situación vuelve a poner en el centro del conflicto universitario una cuestión que el Gobierno intenta esconder detrás de sus números fiscales: el superávit se construye también sobre el deterioro de los ingresos de trabajadores y trabajadoras de la educación.
La política salarial del Gobierno nacional no sólo golpea el ingreso mensual. También profundiza la precarización de una actividad que requiere formación permanente, investigación y dedicación que muchas veces excede ampliamente las horas formalmente reconocidas.
El deterioro acumulado obliga a muchos docentes a sumar cargos, horas y trabajos por fuera de la universidad para completar sus ingresos. Lo que debería ser una profesión con condiciones laborales dignas se transforma así en una carrera permanente contra la pérdida del poder adquisitivo.
El propio dato del salario mínimo docente nacional muestra la dimensión del problema: el piso establecido por el Gobierno se mantiene en 500.000 pesos para un cargo de media jornada, una cifra que quedó completamente desfasada frente al costo de vida.
La universidad también paga el ajuste
El deterioro salarial forma parte de una política más amplia. El Gobierno viene aplicando un ajuste sobre el sistema universitario que afecta salarios, funcionamiento, infraestructura, investigación y condiciones de cursada.
No es casual que el nuevo deterioro salarial vuelva a coincidir con medidas de fuerza. La protesta docente no aparece de la nada: es la respuesta a una política deliberada de desfinanciamiento.
El Gobierno pretende que la comunidad universitaria acepte que no hay recursos para salarios, becas, investigación o funcionamiento porque primero está el equilibrio fiscal. Pero esa explicación omite una cuestión elemental: los recursos existen y la discusión es quién decide dónde se destinan.
El superávit sobre las espaldas de los trabajadores
El modelo económico de Milei busca mostrar el equilibrio de las cuentas públicas como un éxito en sí mismo. Pero detrás de cada punto de déficit eliminado aparecen salarios congelados, jubilaciones deterioradas, universidades funcionando al límite y trabajadores que pierden poder adquisitivo.
El problema no es solamente cuánto cobra un docente universitario. Es qué lugar ocupa la educación pública en el modelo de país que propone el Gobierno.
Una universidad desfinanciada significa menos investigación, menos ciencia, peores condiciones de trabajo y mayores obstáculos para estudiar. El ajuste salarial es también una política de disciplinamiento y de deterioro de la educación pública.
Mientras el Gobierno sostiene beneficios y regímenes especiales para grandes grupos económicos y prioriza el pago de la deuda, pretende convencer a docentes y estudiantes de que reclamar salarios dignos es un privilegio.
Defender la universidad desde abajo
Frente a este escenario, no alcanza con esperar una nueva negociación que apenas permita recuperar una pequeña parte de lo perdido. Hace falta una respuesta colectiva que enfrente integralmente el ajuste.
La defensa de la universidad pública necesita salarios que permitan vivir, presupuesto suficiente, becas, infraestructura, investigación y estabilidad laboral. Y esos recursos deben salir de una redistribución que deje de privilegiar a los sectores concentrados y ponga en primer lugar las necesidades sociales.
La lucha universitaria no debería quedar aislada. Docentes, no docentes, estudiantes y el conjunto de los trabajadores tienen un mismo enemigo: un modelo que pretende hacer pasar el ajuste como inevitable mientras garantiza los intereses de los sectores más poderosos.
El salario docente no puede seguir siendo la variable de ajuste. La universidad pública tampoco. La salida pasa por organizar desde abajo la pelea por recuperar lo perdido y por construir una educación pública financiada por el Estado, gratuita, de calidad y al servicio de las mayorías trabajadoras, no de las necesidades del mercado.
