Después de la cadena nacional en la que Javier Milei volvió a poner a Malvinas en el centro de la escena, el Gobierno reúne este lunes a su Gabinete. El Presupuesto 2027, el llamado Súper RIGI y la estrategia parlamentaria aparecen como los principales objetivos. Mientras el Presidente busca apropiarse de una causa histórica de todo el pueblo argentino, prepara nuevas medidas para garantizar beneficios al gran capital.
Presupuesto 2027: la motosierra que busca institucionalizarse
Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en el inicio de una semana decisiva para el Gobierno. En la agenda aparecen el seguimiento de los anuncios sobre Malvinas, el proyecto de Presupuesto 2027 y el avance del denominado Súper RIGI. También estará bajo análisis la estrategia legislativa oficialista para conseguir los votos necesarios en el Congreso.
La reunión llega apenas unos días después de la cadena nacional en la que Milei anunció sanciones contra empresas vinculadas con la explotación hidrocarburífera en las islas y anticipó nuevas iniciativas legislativas relacionadas con la soberanía argentina. Entre ellas, el Gobierno plantea reforzar la respuesta frente a las actividades petroleras británicas en el Atlántico Sur.
La defensa de la soberanía sobre Malvinas es una causa histórica e irrenunciable del pueblo argentino. Pero otra cosa muy distinta es que el Gobierno pretenda utilizarla como herramienta de legitimación política mientras avanza con un programa económico que coloca los intereses de los grandes empresarios (criollos y extranjeros) por encima de las necesidades de las mayorías.
El Gobierno prepara la presentación del Presupuesto 2027, que Milei expondría personalmente ante la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre. La discusión presupuestaria será una de las principales batallas políticas de las próximas semanas. Para el oficialismo, no se trata solamente de aprobar una ley: se busca consolidar en el Congreso el rumbo económico del Gobierno y darle un marco institucional a su programa de ajuste.
Detrás de los discursos sobre equilibrio fiscal aparece una pregunta central: ¿quién paga el ajuste y quién se beneficia con él? Mientras jubilados, trabajadores estatales, docentes, estudiantes, universidades y sectores populares enfrentan la pérdida de ingresos y recursos, el Gobierno prepara nuevos mecanismos para favorecer las inversiones de grandes grupos económicos.
Súper RIGI: beneficios para los grandes capitales
En ese esquema aparece el Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos a las grandes inversiones que el Gobierno busca convertir en una pieza central de su política económica. El RIGI ya establece un régimen de beneficios especiales para grandes proyectos de inversión. La nueva ofensiva oficialista apunta a profundizar ese modelo, con ventajas para empresas y capitales concentrados.
La lógica es conocida: menos impuestos y regulaciones para las grandes empresas, mientras el Estado reduce recursos destinados a políticas sociales y servicios públicos. El discurso oficial promete una lluvia de inversiones y puestos de trabajo. Una mentira, que igual no elude la verdadera discusión: qué inversiones, bajo qué condiciones, con qué control estatal, cuántos empleos generan y cuánto queda realmente en el país.
Porque no alcanza con que ingresen dólares si las ganancias terminan concentradas en unas pocas multinacionales y los costos sociales, ambientales y fiscales quedan sobre las espaldas de la población.
Malvinas y petróleo: una contradicción que el Gobierno no explica
La cuestión petrolera agrega una contradicción particularmente fuerte. El Gobierno denuncia la explotación de hidrocarburos en Malvinas por parte de empresas vinculadas al Reino Unido, pero al mismo tiempo impulsa un modelo energético y minero basado en otorgar enormes beneficios a grandes capitales privados.
Incluso en las últimas horas surgieron cuestionamientos por la participación de empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas en emprendimientos alcanzados por el RIGI. La pregunta resulta inevitable: ¿soberanía para quién?
La soberanía no debería reducirse a una disputa diplomática mientras los recursos naturales del país son puestos a disposición de grandes empresas mediante regímenes de privilegio. Defender Malvinas también debería implicar defender el control nacional de los recursos estratégicos, el ambiente y los intereses de los trabajadores y las comunidades.
Una semana clave para el Gobierno
Milei buscará ahora ordenar a sus ministros y a sus legisladores para avanzar con su agenda. El oficialismo ya convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza para reforzar la defensa del Presupuesto 2027. El Gobierno pretende mostrar fortaleza política después de una etapa atravesada por conflictos, cuestionamientos y dificultades para imponer su programa en el Congreso.
La utilización de Malvinas como bandera nacionalista puede servirle para intentar recuperar iniciativa política. Pero las necesidades cotidianas de millones de trabajadores no se resuelven con cadenas nacionales. La verdadera discusión estará en el Presupuesto, en el ajuste y en los privilegios que se otorguen al gran capital.
Porque mientras Milei habla de soberanía, prepara nuevas concesiones económicas. Y mientras reivindica una causa profundamente sentida por el pueblo argentino, su Gobierno avanza con un modelo que entrega recursos estratégicos y garantiza beneficios extraordinarios a los sectores más concentrados de la economía. La defensa de Malvinas no puede ser utilizada para esconder el ajuste. La soberanía también es económica, social y sobre nuestros recursos.
