El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su agenda de mano dura y oficializó la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil, habilitando que pibes de 14 años puedan ser juzgados y encarcelados por delitos penales. A través del Decreto 875/2026, firmado por el presidente, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el oficialismo materializó un viejo anhelo de los sectores más reaccionarios.
Fiel a su estilo de festejar el punitivismo, la ministra Patricia Bullrich celebró la medida en sus redes sociales con un mensaje brutal: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás. Se terminó la excusa de la edad para delinquir”. Esta reglamentación se enmarca en la línea política del gobierno de endurecer la represión y el autoritarismo para intentar mostrar fortaleza y orden. Sin embargo, detrás de la propaganda oficial, se esconde una realidad innegable: no existe ninguna solución real en la idea de encarcelar a adolescentes de 14 años cuando el propio Estado y su plan económico de ajuste están destruyendo las condiciones materiales y estructurales de vida de millones de familias.
Esta saña para criminalizar a la juventud contrasta de manera brutal con las enormes desigualdades de una Justicia que maneja una escandalosa doble vara. Mientras se ataca con todo el peso del Estado a los sectores más vulnerables, el gobierno termina de consolidar un blindaje judicial a medida con la designación de nuevos jueces amigos. El ejemplo más obsceno de estos manejos es el del juez Pablo Bertuzzi, quien en su primer día en sus nuevas funciones ya metió mano en la causa de la criptoestafa de $LIBRA para favorecer al oficialismo y, horas más tarde, mandó al archivo la causa que investigaba las irregularidades del fraudulento crédito pedido al FMI por Mauricio Macri, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger en 2018. En la Argentina libertaria, la receta es bastante clara, cárcel rápida para los pibes e impunidad absoluta para los saqueadores de guante blanco.
La letra chica de la reglamentación
La reglamentación pone en marcha la Ley 27.801, sancionada a principios de año, que establece un sistema penal diferenciado para adolescentes de entre 14 y 17 años, con penas que, para delitos considerados graves (como homicidio o abuso), pueden llegar hasta los 15 años de prisión.
El decreto designa al Ministerio de Justicia como la autoridad central de aplicación y establece la creación de diferentes organismos e instrumentos burocráticos para su puesta en funcionamiento:
- Registro de Supervisores: Se crea la figura del “supervisor especializado“, profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) que tendrán a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes imputados. Hasta que se haga una convocatoria pública en un plazo de 180 días, se armará un listado provisorio.
- Comité Interministerial: Un organismo integrado por los ministerios de Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud, encargado de elaborar lineamientos de prevención y coordinar las penas alternativas (como el monitoreo electrónico o servicios comunitarios).
- Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil: Un espacio de articulación entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, además de la Corte Suprema y la Defensoría General, para intentar unificar criterios en todo el país.
- Registro de Reincidencia: Una sección especial dentro del registro nacional para hacer un seguimiento exclusivo de los menores alcanzados por la ley.
A pesar de la creación de todo este andamiaje institucional, durante el debate legislativo quedó expuesta una contradicción insalvable, la del escaso nulo presupuesto designado para su implementación. Actualmente, gran parte de las provincias no cuentan con la infraestructura ni con los lugares de encierro o contención adecuados, lo que anticipa que el peso del sistema recaerá sobre distritos ya desfinanciados por el propio gobierno nacional.
Criminalizar la pobreza no es la salida
La promulgación de esta ley consolida un peligroso giro punitivista en la política criminal de la Argentina. El gobierno libertario intenta dar una respuesta demagógica a una demanda social genuina como es la seguridad, pero lo hace atacando el eslabón más débil y sin abordar las verdaderas causas estructurales que empujan a miles de jóvenes a la marginalidad.
Las estadísticas demuestran que los delitos graves cometidos por menores de 16 años representan un porcentaje ínfimo del total. Por lo tanto, bajar la edad de imputabilidad no tendrá un impacto real en los niveles de inseguridad, pero sí servirá para profundizar la criminalización de la juventud en contextos de extrema vulnerabilidad social.
Con este nuevo régimen, el Estado llegará antes con el sistema penal, la policía y la cárcel que, con la escuela, el trabajo o un plato de comida. Criminalizar a adolescentes de 14 años no resuelve el problema de fondo, porque la violencia juvenil está íntimamente ligada a la pobreza estructural, la precariedad familiar y la ausencia total de políticas de contención.
La verdadera salida no es punitiva. Todo esto exige invertir las prioridades. Hay que dejar de desfinanciar lo público para fortalecer la educación, garantizar el acceso a la salud, crear programas de acompañamiento familiar y multiplicar los espacios de desarrollo integral. Se trata de construir un proyecto de vida para las nuevas generaciones, garantizando derechos y oportunidades, en lugar de empujarlos al abismo del circuito penal para luego castigarlos por caer en él.
