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Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, quedó bajo la lupa por el doctorado en Inteligencia Artificial con el que fue presentada oficialmente. El título habría sido obtenido en una universidad virtual de Hawái que ofrece doctorados por 400 dólares y sin las instancias académicas habituales. Mientras el Gobierno desfinancia al sistema científico y les exige “mérito” a sus trabajadores, una de sus principales funcionarias debe explicar sus credenciales.
Un doctorado en ocho días
La política científica del gobierno de Javier Milei vuelve a quedar envuelta en una polémica. Esta vez no por un nuevo recorte presupuestario ni por el abandono de un organismo de investigación, sino por los antecedentes académicos de quien fue designada para conducir el área.
Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, fue presentada oficialmente como especialista y doctora en Inteligencia Artificial. Sin embargo, el origen de ese doctorado quedó bajo cuestionamiento luego de que se conocieran detalles sobre la institución que habría emitido el título.
Se trata de la American Andragogy University, una institución virtual radicada en Honolulu, Hawái, cuya validez y reconocimiento académico fueron cuestionados en distintos países. Según la información difundida, la institución ofrecía un doctorado en Inteligencia Artificial por unos 400 dólares para estudiantes argentinos, con la posibilidad de obtenerlo en apenas unos días y sin atravesar los mecanismos habituales de evaluación de una carrera doctoral.
El caso adquiere una dimensión particular porque no estamos hablando de una credencial incluida en un currículum privado. Baravalle ocupa actualmente la Secretaría encargada de definir políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación.
Según la investigación publicada, el supuesto doctorado podía conseguirse mediante un procedimiento completamente alejado de lo que implica una formación doctoral tradicional.
La oferta de la institución señalaba que el título podía obtenerse rápidamente y sin examen. Una investigación posterior sostiene que Baravalle habría completado el proceso en aproximadamente ocho días hábiles.
La diferencia con el recorrido de cualquier investigador argentino es difícil de ignorar. Un doctorado en una universidad reconocida supone años de formación, una investigación original, dirección académica, evaluación y defensa de una tesis. En el sistema científico argentino, además, llegar a una posición de investigador implica una trayectoria construida durante años: becas, publicaciones, concursos, proyectos y trabajo sostenido.
Frente a eso, aparece el interrogante inevitable: ¿cómo puede una credencial obtenida bajo estas condiciones formar parte de los antecedentes de quien tiene la responsabilidad de conducir la política científica del país? La respuesta deberá darla la propia funcionaria.
Una universidad con antecedentes cuestionados
La polémica tampoco termina en el caso argentino. La institución donde habría sido obtenido el título ya había quedado bajo cuestionamientos en otros países. En Perú, un ministro tuvo que brindar explicaciones por un título proveniente de esa universidad, mientras que en Panamá las autoridades rechazaron diplomas emitidos por la institución en procesos de validación.
Esto vuelve todavía más relevante que el Gobierno explique qué controles realizó antes de designar a Baravalle y presentar públicamente sus antecedentes académicos.
Porque una cosa es que una persona tenga una trayectoria profesional discutible y otra muy distinta es que el Estado coloque esas credenciales en la conducción del organismo responsable de las políticas científicas nacionales.
El “mérito” según Milei
La situación tiene además una dimensión política que no puede pasarse por alto. El Gobierno de Milei construyó buena parte de su discurso alrededor de la defensa del “mérito”. Desde esa perspectiva, quienes estudian, se esfuerzan y trabajan deberían progresar gracias a sus capacidades individuales.
Pero mientras los funcionarios hablan permanentemente de mérito, los trabajadores de la ciencia atraviesan un camino completamente diferente.
Investigadores que dedican años a sus carreras enfrentan salarios deteriorados, becas insuficientes, falta de financiamiento y un sistema científico sometido a un ajuste permanente. Al mismo tiempo, una funcionaria que llegó a la conducción del área aparece vinculada a un doctorado cuya obtención, según las investigaciones difundidas, habría demandado apenas unos días. La contradicción es demasiado grande para esconderla debajo de un comunicado oficial.
Una ciencia cada vez más desfinanciada
El episodio ocurre, además, en medio de una ofensiva mucho más amplia contra la ciencia pública. Para el Gobierno, la investigación científica parece ser un gasto del que se puede prescindir cuando las cuentas no cierran. Para quienes trabajan en el sector, en cambio, se trata de una actividad que requiere planificación, inversión y continuidad.
La ciencia no se construye con diplomas colgados en una pared. Se construye con investigadores que puedan vivir de su trabajo, universidades públicas financiadas, institutos equipados, becas suficientes y proyectos que tengan continuidad.
Por eso, el problema excede ampliamente la situación personal de Baravalle. También obliga a discutir qué proyecto científico pretende impulsar el Gobierno.
Mientras se desprecian las trayectorias de investigadores formados en las universidades públicas, se recorta el financiamiento y se cuestiona la necesidad de sostener instituciones científicas, el Gobierno debe responder por las credenciales de quien está al frente de esa área.
Que expliquen
La polémica debería resolverse con información concreta y no con silencio. Baravalle debería explicar públicamente qué formación realizó, en qué condiciones obtuvo el doctorado, qué requisitos académicos cumplió y cuál es el reconocimiento efectivo de la institución que emitió el título.
El Gobierno, por su parte, debería explicar por qué presentó a la funcionaria como doctora y qué controles realizó sobre sus antecedentes antes de colocarla al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Porque si para el Gobierno todo se reduce al mérito individual, habrá que preguntar entonces qué mérito tiene un sistema que permite comprar un supuesto doctorado por 400 dólares y obtenerlo en ocho días, mientras miles de científicos argentinos necesitan años de estudio y trabajo para conseguir un reconocimiento académico?
La ciencia pública no necesita títulos exprés ni credenciales de cartón. Necesita presupuesto, investigación, universidades fortalecidas y trabajadores científicos con salarios y condiciones laborales dignas.
Y, sobre todo, necesita que quienes toman decisiones sobre el futuro científico del país puedan demostrar que están a la altura de la responsabilidad que ocupan.
