La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró este martes el Día de la Industria, un sector que desde la llegada de Javier Milei al poder ha sido diezmado, experimentando una constante destrucción de puestos de trabajo y el cierre de fábricas. El evento fue escenario de un tibio cruce con el Gobierno, dejando en claro las tensiones que surgen ante un modelo que prioriza el extractivismo y la timba financiera en detrimento del entramado productivo nacional. Sin embargo, detrás de los reclamos de esta porción de la burguesía, se esconde la verdadera tragedia: los miles de trabajadores que sufren la precarización, las suspensiones y los despidos ante la inacción de una dirigencia que solo se preocupa por sus ganancias.
La primera provocación la aportó el Gobierno al enviar solo a funcionarios de segundas y terceras líneas, como Pablo Lavigne, secretario de Industria y Coordinación de Producción del Ministerio de Economía.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, encabezó el discurso, aunque en puntas de pie. Si bien expuso la crudeza de la situación fabril (la producción cayó un 10% por debajo de los niveles de 2022 y se perdieron 90.000 empleos registrados desde agosto de 2023), su reclamo no pasó de pedir un puente al Gobierno. “El sector industrial, la UIA pide un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir“, expresó.
La posición de Rappallini resulta contradictoria y expone los intereses de clase que defiende. Mientras se quejaba de las políticas oficiales, celebraba la reforma laboral impulsada por Milei (un ataque directo a los derechos de los trabajadores) como un punto de partida para la producción. Además, defendió el cuestionado RIGI y Súper RIGI, pidiendo que esos beneficios (hechos a la medida de los saqueadores de bienes comunes) se extiendan al resto de las fábricas. “No debe ser el Estado quien determine qué sectores tienen futuro en la Argentina y cuáles no”, argumentó.
La crítica de la UIA, entonces, no es al modelo en sí, sino a no estar incluidos en los beneficios y que sus tasas de ganancia se vean afectadas.
Un poco más duro fue el vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, quien apuntó, sin nombrarlo, contra Luis Caputo. “Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”,disparó en declaraciones radiales, remarcando que a los funcionarios actuales”no conocen el país, no saben lo que es una fábrica“. También ironizó sobre el incremento patrimonial del ministro: “Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares”.
A pesar de estos cortocircuitos, la dirigencia de la UIA sigue avalando el núcleo duro de las políticas libertarias, como el superávit fiscal a cualquier costo. Su pedido de diálogo y de “dejar atrás las descalificaciones” esconde la intención de negociar mejores condiciones para sus negocios, sin que eso implique ninguna mejora para los trabajadores que sufren salarios congelados, pagos del sueldo en cuotas o despidos.
La desindustrialización como plan de gobierno
La crisis terminal de la industria es la radiografía exacta del caos productivo diseñado por el gobierno libertario. Este esquema de desindustrialización, extractivismo (minero y agronegocio) y timba financiera está dispuesto a arrasar con todo lo que existe, garantizando los negocios de unos pocos a costa del hambre, la miseria y la desocupación de la clase trabajadora.
El cierre de fábricas, la multiplicación constante de los despidos, el crecimiento del trabajo no registrado y el congelamiento de salarios que corren muy por detrás de la inflación conforman una bola de nieve que arrastra a miles de familias hacia la pobreza.
Frente a una UIA que solo defiende sus privilegios, es necesario organizar una salida propia de los trabajadores, peleando por un modelo productivo que no esté al servicio del lucro empresarial, sino que responda a las necesidades sociales reales, bajo el control democrático de la mayoría.
