Organizaciones ambientalistas y excombatientes acudieron a la Justicia para intentar frenar el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas británica Rockhopper e israelí Navitas. La iniciativa prevé comenzar a extraer petróleo en 2028 y avanzar durante décadas sobre aguas cuya soberanía reclama Argentina. Mientras tanto, el Gobierno de Milei vuelve a mirar para otro lado frente a una nueva avanzada extractivista sobre el Atlántico Sur.
Petróleo y soberanía: un mismo conflicto
La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas vuelve a quedar atravesada por un negocio millonario. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron ante la Justicia Federal de Río Grande una acción para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
La presentación reclama la suspensión de las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino, además de cuestionar las operaciones financieras vinculadas con el proyecto. Las organizaciones solicitaron también un embargo preventivo por 156,4 millones de dólares sobre bienes y activos de las compañías.
El proyecto se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas y a unos 450 metros de profundidad. Para Argentina, se trata de un espacio comprendido dentro de su plataforma continental y atravesado por la disputa de soberanía con el Reino Unido.
La explotación está autorizada por las autoridades de las islas, sin intervención del Estado argentino. Según la denuncia, tampoco se realizaron ante Argentina los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ni las autorizaciones que exige la legislación nacional.
Sea Lion no es solamente otro proyecto petrolero offshore. Detrás de la explotación aparece una cuestión central: quién tiene derecho a decidir sobre los bienes comunes existentes en el Atlántico Sur.
La demanda presentada por AAdeAA y CECIM plantea justamente esa doble dimensión. Por un lado, advierte sobre los potenciales daños ambientales de una explotación de enorme escala. Por otro, cuestiona que una administración colonial británica pueda autorizar unilateralmente la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa.
El planteo también recupera la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 1976, que llamó a Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras continúe abierta la controversia de soberanía.
Es decir, la explotación petrolera no solamente amenaza ecosistemas del Atlántico Sur: también consolida por la vía de los hechos la apropiación de recursos naturales alrededor de las islas.
Un negocio de miles de millones
La dimensión económica explica buena parte del interés detrás del proyecto. Navitas posee actualmente el 65% de Sea Lion y es la operadora, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Las empresas proyectan una inversión total de alrededor de 3.900 millones de dólares, con unos 1.800 millones destinados hasta alcanzar la primera producción de petróleo. El comienzo de la extracción está previsto para 2028 y la explotación podría extenderse durante aproximadamente 30 años.
Las primeras etapas contemplan la perforación de 23 pozos submarinos: 16 productores, seis destinados a la inyección de agua y uno de gas, además de instalaciones y cañerías sobre el lecho marino. Para las empresas se trata de un enorme negocio energético.
Para los pueblos de la región, en cambio, significa que una zona del Atlántico Sur quedaría sometida durante décadas a una explotación hidrocarburífera autorizada por una administración colonial y sin participación del Estado argentino.
El silencio de Milei
El avance del proyecto también vuelve a poner bajo la lupa la política del Gobierno de Javier Milei respecto de Malvinas. La Casa Rosada suele utilizar la cuestión de la soberanía en sus discursos y declaraciones públicas. Sin embargo, frente a un proyecto concreto que involucra a capitales británicos e israelíes y recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur, la respuesta oficial aparece muy lejos de la contundencia que exigiría la situación.
La contradicción es evidente. Mientras el Gobierno busca presentarse como defensor de los intereses nacionales, su política exterior mantiene una estrecha alineación con Estados Unidos, profundiza los vínculos con Israel y sostiene una relación particularmente cercana con el capital extranjero.
La cuestión Malvinas no puede reducirse a discursos patrióticos ni a actos protocolares. La soberanía también significa defender los bienes comunes y decidir democráticamente qué se hace con ellos.
No hay soberanía con recursos entregados
Tampoco alcanza con defender la soberanía argentina para luego entregar esos mismos recursos a grandes empresas privadas. La disputa por Malvinas debe estar vinculada a una política integral de defensa del Atlántico Sur, sus recursos naturales y sus ecosistemas.
Eso implica rechazar tanto la ocupación colonial británica como cualquier intento de convertir el territorio y sus riquezas en un negocio para corporaciones extranjeras. Porque no se trata solamente de qué bandera flamea sobre las islas.
Se trata también de quién controla el petróleo, quién decide sobre el mar, quién se queda con las ganancias y qué consecuencias ambientales quedan para las próximas generaciones.
Una lucha por Malvinas y por los recursos
El reclamo judicial de los ambientalistas y excombatientes pone nuevamente sobre la mesa una discusión que el Gobierno preferiría mantener en segundo plano. La soberanía no puede ser una consigna vacía.
Si los recursos de Malvinas y del Atlántico Sur pueden ser explotados por empresas extranjeras con autorización de una administración colonial, mientras el Gobierno argentino observa desde lejos, la soberanía queda reducida a una declaración diplomática.
Por eso, frenar Sea Lion no significa solamente defender un reclamo territorial. Significa defender el derecho del pueblo argentino a decidir sobre sus recursos, proteger los ecosistemas del Atlántico Sur y enfrentar el avance de un modelo extractivista que, bajo distintas banderas, coloca las riquezas naturales al servicio de las ganancias privadas.
Malvinas no es solamente una cuestión de mapas: es una disputa por territorio, recursos, soberanía y por quién decide sobre el futuro del Atlántico Sur.
