Transporte, alquileres, prepagas, colegios privados y agua vuelven a aumentar desde el 1° de septiembre. Mientras el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación, los gastos indispensables de las familias continúan acumulando subas y absorbiendo una parte cada vez mayor de los ingresos.
Septiembre comienza con una nueva ronda de aumentos que golpeará directamente los bolsillos de los trabajadores. Desde el primer día del mes subirán distintos servicios y gastos esenciales: transporte público, medicina prepaga, alquileres, colegios privados, agua y peajes, mientras todavía resta conocer los nuevos cuadros tarifarios de electricidad y gas.
La postal vuelve a repetirse: aunque el Gobierno busca instalar que la inflación está bajo control, los precios de los servicios continúan aumentando y los salarios quedan obligados a correr detrás de ellos.
No se trata solamente del porcentaje de cada incremento tomado de manera aislada. El problema es la acumulación de aumentos sobre gastos que las familias no pueden dejar de pagar: viajar para trabajar o estudiar, pagar un alquiler, acceder a la salud o contar con agua, luz y gas.
El transporte vuelve a pegar en el bolsillo
Uno de los principales aumentos será el del transporte público. En CABA, los colectivos y el subte subirán 4,1%. El boleto mínimo del colectivo con SUBE registrada llegará a $887,99, mientras que el subte pasará a costar $1.753. En la provincia de Buenos Aires, las líneas de jurisdicción bonaerense aumentarán 4,3%, llevando el boleto mínimo a $1.158,97.
Pero el mayor salto será el de los trenes del AMBA: el boleto mínimo pasará de $420 a $480, lo que representa una suba del 14,29%. Para una familia trabajadora, estos incrementos no se miden solamente en porcentajes. Se multiplican por cada viaje cotidiano.
El trabajador paga para poder llegar a su trabajo. Y después vuelve a pagar para regresar a su casa. Mientras tanto, el Gobierno continúa avanzando con esquemas de actualización tarifaria que trasladan los costos hacia los usuarios.
Alquilar, cada vez más caro
Los alquileres también tendrán nuevos aumentos para aquellos contratos que continúan vinculados al IPC. En los contratos con actualización trimestral, el incremento para septiembre ronda el 6,22%. Por ejemplo, un alquiler de $650.000 pasaría a unos $690.461.
La situación es particularmente grave porque el alquiler constituye uno de los principales gastos fijos de los hogares. El problema no es solamente cuánto aumenta cada contrato, sino que los ingresos no se actualizan automáticamente al mismo ritmo que los gastos.
Un trabajador puede tener una paritaria que consigue una recomposición salarial después de meses de negociación, pero mientras tanto el alquiler, el transporte, los servicios y los alimentos siguen aumentando.
La salud también se paga más
Las cuotas de las empresas de medicina prepaga subirán en septiembre entre 1,9% y 3,11%, dependiendo de la empresa, el plan y la región. OSDE, por ejemplo, aplicará aumentos de entre 1,9% y 2,3%, mientras que Sancor Salud tendrá incrementos de entre 2,41% y 3,11%. El aumento llega después de una serie de actualizaciones acumuladas que vienen encareciendo el acceso a la medicina privada.
Y nuevamente aparece una contradicción del modelo. Mientras se deteriora la salud pública, quienes pueden intentan sostener una prepaga, pero las cuotas también se vuelven cada vez más difíciles de pagar. La salud termina así convertida en otro gasto que se lleva una porción creciente del salario.
Educación privada y agua también aumentan
Los colegios privados del AMBA también tendrán incrementos. En CABA, las cuotas de instituciones que reciben aporte estatal podrán subir hasta 4,2%, mientras que en la provincia de Buenos Aires el aumento autorizado para septiembre es del 2,5%.
En tanto, la tarifa de agua de AySA aumentará 2,37%. La factura media mensual estimada para usuarios residenciales con agua y cloaca quedará en torno a los $36.790,85 antes de impuestos.
A esto se suman los peajes porteños, que subirán 4,1% desde septiembre. En electricidad y gas todavía falta conocer los aumentos correspondientes.
La “estabilidad” que se paga con el salario
El Gobierno de Javier Milei sostiene como uno de sus principales logros la desaceleración de la inflación. Pero la discusión debería ser otra: ¿cuánto cuesta vivir? Una inflación mensual más baja no significa que los precios hayan bajado. Significa que suben más lentamente sobre precios que ya fueron fuertemente incrementados.
Además, distintos estudios vienen mostrando el peso creciente de los servicios públicos sobre los ingresos. Según el IIEP UBA-CONICET, los gastos devengados en agosto en servicios públicos del AMBA representaron el 14,5% del salario promedio, unos $289.622. El mismo informe señala que entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 944%, frente a una estimación de 249% para el nivel general de precios. Es decir, los tarifazos están corriendo muy por encima de la inflación general.
Un ajuste que no termina
La política económica del Gobierno busca que cada vez más costos recaigan directamente sobre los usuarios. La lógica es conocida: reducir subsidios, aumentar tarifas y dejar que los precios de los servicios se actualicen mediante fórmulas vinculadas a la inflación o a los costos empresariales.
Pero hay algo que esas fórmulas no contemplan: la capacidad real de pago de los trabajadores. Un salario no aumenta cada vez que sube el colectivo. Tampoco se incrementa automáticamente cuando aumenta el alquiler o la prepaga.
Por eso, aunque cada incremento pueda presentarse como técnicamente justificado, el resultado social es una transferencia permanente de ingresos desde los trabajadores hacia las empresas prestadoras y los sectores privatizados.
Que paguen los que más tienen
Desde la izquierda rechazamos la idea de que el único camino para sostener los servicios sea aumentar las tarifas a los usuarios. La discusión debería partir de otro lugar: qué sectores concentran la riqueza y quién debe financiar los servicios esenciales.
Hay que recuperar el control público de las empresas privatizadas, terminar con los negocios de los grandes grupos económicos y garantizar servicios esenciales accesibles para toda la población.
También es necesario establecer salarios y jubilaciones que permitan cubrir el costo real de vida, con mecanismos de actualización que impidan que cada aumento tarifario se transforme automáticamente en una nueva pérdida del poder adquisitivo.
Porque mientras el Gobierno habla de “normalización” y “estabilidad”, para millones de trabajadores la realidad es mucho más concreta: cada primero de mes llega con una nueva factura más cara. Y septiembre no será la excepción.
