Fracasó nuevamente la reunión del Consejo del Salario. Las centrales sindicales reclamaron llevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil a más de $900.000, mientras las cámaras empresarias ofrecieron un aumento escalonado que apenas llevaría el piso salarial a unos $400.000 en septiembre. La CGT y las dos CTA abandonaron el encuentro y ahora el Gobierno de Javier Milei definirá el nuevo monto de manera unilateral.
Un salario mínimo cada vez más mínimo
El Consejo del Salario volvió a mostrar este viernes la enorme distancia que existe entre las necesidades de los trabajadores y las pretensiones del empresariado. La reunión terminó sin acuerdo luego de que las centrales sindicales rechazaran la propuesta patronal y abandonaran el encuentro. Ahora será el Gobierno de Javier Milei el que deberá fijar el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
La propuesta de los empresarios contempló un incremento de apenas 1,8% en septiembre y de 1,7% mensual desde octubre hasta abril de 2027. Con ese esquema, el salario mínimo, que actualmente se encuentra en $376.600, apenas superaría los $400.000 inicialmente y quedaría muy lejos del reclamo sindical.
Las centrales obreras habían reclamado llevar el mínimo a $911.000, mientras que sus propuestas también contemplaban una recomposición progresiva para acercarlo a los $980.000 hacia fin de año. La diferencia de cientos de miles de pesos terminó haciendo imposible cualquier acuerdo.
La discusión ocurre sobre un piso salarial que ya sufrió una fuerte pérdida durante los últimos años. El SMVM perdió más del 40% de su poder adquisitivo respecto de fines de 2023, ubicándose en niveles similares a los de diciembre de 2002 y siendo el más bajo en términos reales de las últimas dos décadas.
Es decir, la discusión no parte de un salario que alcance para vivir dignamente y que simplemente necesita una actualización. Parte de un piso que ya fue pulverizado por la inflación y por la política de ingresos del Gobierno.
Por eso, la oferta empresaria resulta todavía más significativa. Mientras las centrales reclaman una recomposición que permita recuperar parte de lo perdido, las cámaras patronales pretenden establecer aumentos que ni siquiera garantizan recuperar el poder de compra deteriorado.
El salario como variable de ajuste
Desde el Gobierno suelen presentar la contención salarial como una condición necesaria para mantener la inflación bajo control y mejorar la competitividad de las empresas. Pero detrás de esa explicación aparece una política concreta: hacer que los salarios sean cada vez más baratos para quienes contratan trabajadores.
El problema es que los salarios no son un costo empresarial. Son el ingreso con el que millones de personas compran alimentos, pagan alquiler, transporte, servicios, medicamentos y educación.
Cuando el salario mínimo pierde poder adquisitivo, no solamente empeoran las condiciones de quienes cobran ese monto. También se deteriora el conjunto de la estructura salarial, porque el SMVM funciona como referencia para numerosas negociaciones, programas y prestaciones. En otras palabras: el salario mínimo bajo empuja hacia abajo todo el mercado laboral.
El Gobierno vuelve a definir por decreto
El fracaso de la reunión también expone otra característica de la política laboral de Milei. El Consejo del Salario teóricamente funciona como un ámbito de negociación entre trabajadores, empresarios y Estado. Sin embargo, ante la falta de acuerdo, será nuevamente el Ejecutivo el que establezca el monto.
Las centrales sindicales, además, cuestionaron que el Gobierno mantuviera la modalidad virtual del encuentro pese a su pedido de recuperar la presencialidad. La CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma terminaron retirándose de la reunión.
Así, el Gobierno queda en condiciones de definir unilateralmente un salario que afecta a millones de trabajadores. Y existe un antecedente inmediato: en noviembre de 2025 tampoco hubo consenso y el Ejecutivo terminó fijando por resolución el esquema de aumentos que llevó el mínimo hasta los actuales $376.600. La negociación colectiva queda cada vez más reducida a una formalidad mientras el Gobierno termina imponiendo el resultado.
La pelea que viene
El problema no se resuelve simplemente reclamando un aumento porcentual. Hay que discutir qué salario necesitan realmente los trabajadores para vivir. Un salario mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas no es “mínimo”: es insuficiente. Y pretender que los trabajadores acepten aumentos por debajo de la inflación significa consolidar la transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital.
La discusión debería partir de otro criterio: ningún trabajador por debajo del costo de una canasta familiar, con actualización automática de los salarios de acuerdo con la inflación y recuperación de todo el poder adquisitivo perdido. Y eso requiere enfrentar directamente los intereses empresarios.
Porque mientras las cámaras patronales argumentan que no pueden pagar mejores salarios, grandes empresas continúan obteniendo beneficios, exenciones y ventajas fiscales, mientras el Gobierno avanza con reformas destinadas a reducir costos laborales.
No quieren aumentar salarios, quieren trabajadores baratos
La propuesta patronal de un aumento de apenas unos miles de pesos muestra el verdadero límite del modelo. Se trata de cuánto de la riqueza producida por los trabajadores queda en manos de quienes trabajan y cuánto se apropian las empresas.
El Gobierno de Milei pretende resolver esa disputa favoreciendo al capital: salarios deprimidos, flexibilización laboral y menor poder de negociación para los trabajadores. Por eso, la pelea por el salario mínimo debe ser parte de una lucha más amplia contra el ajuste.
El Consejo del Salario terminó sin acuerdo. Ahora Milei deberá decidir cuánto vale el trabajo de millones de argentinos. Pero una cosa ya quedó clara: para los empresarios, el salario puede seguir por el piso. Para los trabajadores, la pelea recién empieza.
La recuperación salarial no puede quedar en manos de una decisión administrativa de la Casa Rosada ni depender de la buena voluntad de las cámaras empresarias. Hace falta organización y movilización de los trabajadores para recuperar lo perdido y conquistar salarios que permitan vivir, no apenas sobrevivir. La marcha de la bronca, el 19 de septiembre, es una gran jornada para catalizar este y otros reclamos, mientras las centrales sindicales reprochan con pasividad.
