El gobierno nacional necesita inventar buenas noticias de manera urgente. Las promesas de campaña chocan contra el desastre social que generan sus propias medidas, y las presiones políticas y económicas empiezan a acorralar a un oficialismo que, desde la dura derrota sufrida en las calles el pasado 6 de agosto frente al Congreso, no logra hacer pie. En un intento desesperado por instalar la idea de que la economía se mueve y que lo peor ya pasó, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció con bombos y platillos el lanzamiento de un programa de créditos hipotecarios.
El anuncio llegó apenas horas antes de que comenzara la sesión en Diputados, escenario en el que la bancada libertaria y la oposición amiga lograron la media sanción para la Inocencia Fiscal II y la reforma del Banco Central. Empaquetando favores parlamentarios y promesas de consumo, el oficialismo busca constantemente fabricar triunfos que le den un poco de oxígeno a la gestión. Es, ni más ni menos, el mismo libreto que usa Caputo para sostener aquella promesa vacía de abril, cuando con su habitual soberbia, propia de un chico de Wall Street, garantizó que empezaban los 18 mejores meses de la Argentina. Sin embargo, detrás del humo comunicacional de los libertarios, la letra chica del anuncio hipotecario expone una realidad brutal y cínica: se trata de una medida diseñada exclusivamente para un nicho minúsculo de la sociedad que, para colmo, se va a financiar timbeando los fondos que deberían garantizar el futuro de los jubilados.
La trampa detrás de los nuevos créditos
La presentación de la medida dejó un primer dato de color que expone las contradicciones internas del relato libertario. Durante la conferencia, el ministro Caputo se animó a catalogar el lanzamiento de estos créditos como un acto de “justicia social“. Una canchereada que contradice el sistema de creencias del propio Javier Milei, un presidente que se cansa de repetir en cada foro internacional que la justicia social es “una aberración“, un “robo” y un concepto violento. Pero, más allá de este cortocircuito ideológico, lo verdaderamente importante es desarmar en qué consiste esta línea de préstamos para entender por qué estamos frente a una trampa que ya fracasó en el pasado.
Para que se entienda sin lenguaje de consultoría financiera: el gobierno destinará 2 billones de pesos para otorgar unos 18.000 créditos destinados a la compra de una primera vivienda, con un plazo mínimo de devolución de 15 años.
El problema estructural radica en las condiciones. Estos préstamos estarán atados a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). ¿Qué significa esto? La UVA es un coeficiente creado por el Banco Central que se actualiza todos los días exactamente al mismo ritmo que la inflación. Si los precios suben un 10% en un mes, el capital que debés al banco sube un 10%, y la cuota mensual que tenés que pagar también sube un 10%.
A esa indexación por inflación hay que sumarle una tasa de interés máxima fijada en un 7,5%. En la jerga económica, a este porcentaje se lo conoce como spread, y no es otra cosa que el margen de ganancia pura que se lleva el banco por prestarte la plata, por encima del resguardo inflacionario.
La trampa ya arruinó a miles de familias durante el gobierno de Mauricio Macri: en una economía rota como la argentina, los salarios casi nunca le ganan a la inflación, y mucho menos en el modelo recesivo actual. Si tu sueldo sube un 2% pero la inflación (y por ende la cuota del crédito) sube un 4% mensual, en muy poco tiempo el crédito se convierte en una bola de nieve impagable que termina devorando todo el ingreso familiar.
El saqueo: fondear a los bancos con el hambre de los jubilados
La pregunta central para desarmar esta estafa es: ¿de dónde salen los 2 billones de pesos para que los bancos presten? La respuesta es escandalosa. La plata saldrá de la ANSES, más específicamente de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Para ir entendiendo todo este anuncio, primero hay que tener en claro qué es este fondo. En teoría, el FGS fue diseñado de manera específica para ser la reserva anticíclica del sistema previsional. En otras palabras, es el pozo de ahorro que tiene el Estado para garantizar el pago de las jubilaciones en caso de que el país enfrente una crisis económica severa que desplome la recaudación de los aportes.
Lo que hará el mesadinerista de Luis Caputo es meter mano en esos ahorros y transferirlos a los bancos privados a través de plazos fijos. La ingeniería es bastante perversa, porque el Estado les entrega a las entidades financieras un fondeo gigantesco, barato y totalmente libre de riesgo. Luego, los bancos se dan vuelta, le prestan esa misma plata a la gente, asumen el negocio y se quedan con las monumentales ganancias que generen los intereses. El sector financiero gana por partida doble sin poner un solo peso propio.
La caradurez de presentar esto como un éxito de gestión es absoluto cuando se contrasta con la realidad de los verdaderos dueños de esos fondos. Mientras Caputo financia a los bancos, los jubilados atraviesan uno de los peores momentos de la historia. De acuerdo a los últimos informes económicos, desde que asumió el gobierno libertario, cada adulto mayor acumula una pérdida de poder adquisitivo superior a los 7,3 millones de pesos.
El drama se vuelve insostenible para aquellos jubilados que no tienen techo propio. 7 de cada 10 hogares encabezados por adultos mayores destinan hoy más de la mitad de sus magros ingresos exclusivamente a pagar un alquiler. La asfixia es tan grande que el 44% de las personas mayores de 60 años que alquilan se ven obligadas a seguir trabajando en el mercado laboral (casi siempre en la informalidad y la precarización) porque la jubilación los condena al hambre. Para ellos, a quienes les están licuando el Fondo de Garantía, no hay créditos blandos, ni techo, ni justicia social.
Un espejismo para el 5%: la cruda realidad de los salarios
El otro gran filtro que desnuda la mentira de este anuncio son los requisitos de acceso. El Ministerio de Economía calculó que, para acceder a un crédito promedio de unos 80.000 dólares (que cubriría aproximadamente el 75% del valor de un departamento estándar), el grupo familiar debe demostrar ingresos netos por más de $3.460.391 mensuales.
Es en este punto donde el relato del “crecimiento y el consumo récord” no tiene correlato con la realidad de los laburantes. Quien gana casi tres millones y medio de pesos en Argentina no es un villano; de hecho, el piso salarial garantizado para que cualquier trabajador pueda cubrir dignamente la vivienda, la alimentación, la educación y el esparcimiento de su familia, debería ubicarse cercano a ese monto. El problema está en que el plan motosierra ha pulverizado los ingresos a tal punto que hoy ganar esa cifra es un privilegio reservado para una élite.
Según un reciente estudio de la Fundación Encuentro, el ingreso promedio de los hogares argentinos ronda los 2,8 millones de pesos. Sin embargo, como ocurre con todos los promedios en sociedades profundamente desiguales, la estadística es engañosa. El dato real y devastador es que el 78% de las familias argentinas gana por debajo de ese promedio.
La pirámide social actual está completamente achatada en la base: la inmensa mayoría de la población se amontona entre la clase media baja, la clase baja no pobre y los sectores bajo la línea de indigencia. Exigir $3.460.391 millones de pesos de ingresos en blanco significa que casi 8 de cada 10 hogares quedan automáticamente excluidos del sueño de la casa propia. Solo el 5% de la población (la clase alta) y una porción mínima de la clase media alta tienen posibilidades reales de calificar para estos préstamos.
Por supuesto, conociendo los antecedentes recientes de la casta que nos gobierna, no faltará quien sospeche que esta línea de crédito terminará repitiendo el bochornoso esquema de los préstamos del Banco Nación. En aquella oportunidad, salió a la luz cómo una lista VIP de funcionarios libertarios de primera y segunda línea logró acceder a créditos millonarios de manera exprés, pese a que sus ingresos y declaraciones juradas no cumplían ni por asomo con los requisitos inflexibles que la entidad le exige a cualquier ciudadano común. Pero, estos son solos sospechas y especulaciones.
Negar la crisis y gobernar para los bancos
El anuncio de Caputo resulta doblemente indignante por el contexto en el que se produce. El gobierno lanza un salvavidas de plomo exclusivo para 18.000 familias de altos ingresos en el mismo momento en que el principal problema económico de la clase trabajadora es el sobreendeudamiento. Hoy, cerca de 6 millones de argentinos se encuentran en situación de morosidad extrema, asfixiados por deudas que contrajeron no para irse de vacaciones, sino reventando las tarjetas de crédito para poder comprar alimentos básicos o pagar los tarifazos de luz y gas.
Frente a este drama social que empuja al abismo a millones de hogares, el gobierno nacional opta por el negar la realidad. El presidente de la Nación sale cotidianamente con los tapones de punta a negar la recesión, rechaza cualquier tipo de intervención estatal para salvar a los morosos y se burla cruelmente de los endeudados afirmando que su problema es que “compraron televisores para ver el Mundial“. Para los amigos del sistema financiero hay 2 billones de pesos de la ANSES; para las familias trabajadoras ahogadas por las deudas, solo hay desprecio y ajuste.
Una salida propia para la clase trabajadora
La crisis habitacional en nuestro país es estructural y afecta a millones de familias, pero queda claro que la solución jamás vendrá de la mano de un gobierno que concibe a la vivienda como un activo financiero para que especulen los bancos, en lugar de un derecho social inalienable. No podemos depender de que las entidades financieras hagan negocios sin riesgo utilizando la plata de los jubilados para resolver la necesidad de un techo.
Para terminar con la especulación inmobiliaria, los alquileres impagables y garantizar el acceso real al crédito barato, es indispensable afectar los intereses y las ganancias de los sectores del gran capital que siempre se benefician a costa de nuestras penurias.
Desde una perspectiva política de los trabajadores, las medidas a tomar son urgentes y de fondo. Resulta imperiosa la nacionalización del sistema bancario y del comercio exterior, colocándolos bajo el control directo de los trabajadores. Esto permitiría centralizar el ahorro nacional y evitar la fuga constante de capitales, orientando esos recursos hacia el desarrollo del país.
Al mismo tiempo, la única forma de conseguir los fondos necesarios para un plan de reconstrucción nacional es cortar de raíz la sangría financiera: debemos dejar de pagar la fraudulenta deuda externa y romper de inmediato con las imposiciones de miseria del Fondo Monetario Internacional (FMI). Solo recuperando todos esos miles de millones de dólares que hoy se fugan o se destinan a la usura internacional, podremos reasignarlos a un plan masivo de obras públicas y construcción de viviendas populares. Un plan que no solo resolvería el déficit habitacional de millones de familias, sino que generaría empleo genuino, dinamizando verdaderamente la economía desde abajo y al servicio de las necesidades de las mayorías sociales, y no engordando las billeteras de la casta financiera.
