El conflicto entre PAMI y clínicas privadas de la Patagonia amenaza con dejar sin cobertura a unas 300.000 personas afiliadas. Unas 28 instituciones anunciaron que dejarán de atender por problemas con los pagos y las condiciones de los contratos. El ajuste del Gobierno vuelve a impactar sobre los jubilados, pero esta vez también genera tensiones en provincias donde dirigentes y aliados libertarios quedan expuestos ante las consecuencias de la propia política oficial.
El ajuste se descarga sobre los jubilados
La motosierra de Javier Milei vuelve a mostrar sus consecuencias sobre uno de los sectores más vulnerables. El ajuste aplicado sobre el PAMI abrió un conflicto en la Patagonia que amenaza con dejar sin atención a alrededor de 300.000 jubilados y jubiladas, después de que 28 clínicas privadas de la región anunciaran que dejarán de prestar servicios a afiliados de la obra social.
El problema tiene un fuerte impacto social. Para miles de personas mayores, PAMI representa la principal —y en muchos casos única— vía de acceso a consultas, estudios, tratamientos e internaciones. Que decenas de prestadores suspendan la atención implica trasladar una vez más el costo del ajuste directamente a quienes dependen del sistema de salud.
Pero el conflicto también tiene una dimensión política. Las consecuencias de los recortes empiezan a golpear estructuras y alianzas territoriales vinculadas al propio oficialismo libertario en la Patagonia. La motosierra que Milei convirtió en símbolo de su gobierno comienza así a generar un efecto boomerang sobre sectores que forman parte de su armado político.
El Gobierno nacional viene sosteniendo que la reducción del gasto público es una política permanente. La Casa Rosada ratificó recientemente que la “motosierra” continuará mientras Milei sea presidente y la presentó como uno de los pilares de su modelo económico. Sin embargo, detrás de las cifras del ajuste aparecen consecuencias concretas.
En este caso, quienes quedan en el medio son jubilados y jubiladas que necesitan atención médica. El conflicto entre PAMI y las clínicas no es una disputa administrativa menor: puede traducirse en turnos suspendidos, tratamientos demorados y mayores dificultades para acceder a la salud.
La situación expresa una de las principales contradicciones del programa oficial. Mientras se recortan recursos y se exige reducir gastos, los servicios esenciales continúan existiendo. Alguien debe pagar el costo. Y, como ocurre con otras áreas del ajuste, el riesgo es que termine recayendo sobre quienes tienen menos posibilidades de elegir: los jubilados.
Cuando la motosierra golpea a los propios
La crisis patagónica también revela los límites políticos de una estrategia basada en recortes permanentes. La Libertad Avanza necesita estructuras territoriales para sostener su proyecto político en las provincias. Pero el ajuste nacional impacta sobre economías regionales, servicios públicos, trabajadores estatales y sistemas de salud que forman parte de la realidad cotidiana de esos mismos territorios.
Por eso, las consecuencias del recorte en PAMI también generan tensiones entre dirigentes, aliados y referentes locales que deben enfrentar el malestar social provocado por decisiones tomadas desde la Casa Rosada. El conflicto demuestra que el ajuste no distingue entre votantes, aliados políticos y opositores: cuando se recortan servicios esenciales, las consecuencias alcanzan a toda la población que depende de ellos.
No hay plata para la salud y el ajuste no se detiene
El Gobierno insiste en presentar la reducción del gasto como sinónimo de eficiencia. Pero la pregunta es qué ocurre cuando el “gasto” que se busca recortar sostiene derechos elementales.
PAMI no administra un privilegio: brinda cobertura a millones de personas mayores. Cuando los problemas de financiamiento derivan en la suspensión de prestaciones, queda expuesto que detrás de la motosierra hay decisiones sobre qué se sostiene y qué se abandona.
La situación en la Patagonia debería encender una señal de alarma. Si 28 clínicas dejan de atender y cientos de miles de afiliados quedan afectados, ya no se trata solamente de una discusión sobre equilibrio fiscal. Se trata del derecho a la salud.
La motosierra que Milei promete mantener encendida empieza así a volverse un problema incluso para su propio armado político. Pero, mientras los libertarios discuten las consecuencias electorales y territoriales del ajuste, quienes pueden pagar el costo más alto son los jubilados y jubiladas que necesitan atención médica.
Porque cuando la lógica del recorte llega a la salud, no hay números que puedan ocultar su consecuencia más concreta: personas que corren el riesgo de quedarse sin la atención que necesitan.
